18 Julio 2023
La decisión de facultar al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano para que pueda realizar contrataciones en forma directa, previo cotejo de precios, para las obras de infraestructura para desarrollar el Procrear II, fue muy criticada por la oposición legislativa y debería dar lugar a una profunda reflexión acerca de la forma en que se llevan a cabo estos procesos. Se trata de un programa de 1.600 viviendas en Los Chañaritos, junto al barrio Manantial Sur, para el cual hay que preparar la infraestructura de redes troncales de electricidad, caños maestros de agua y de líquidos cloacales, así como de desagües pluviales y gas natural.
La justificación para eludir la licitación ha sido dada por el hecho de que la Nación, que se había comprometido a aportar 50.000 millones de pesos, sólo se encargará de la mitad, debido a los compromisos que debe afrontar con el Fondo Monetario Internacional. Por ese motivo se pidió a la Provincia que se ocupe de las obras. Por una cuestión de celeridad se decidió la contratación directa, pese a que desde el año pasado ya estaban establecidas las pautas para la construcción de este conjunto urbano. Un legislador oficialista dijo que “ya hay una necesidad y una urgencia para que eso se termine porque las casas que se están entregando en la zona ya fueron vandalizadas muchas veces. Es una urgencia terminar con esas viviendas y con las infraestructuras”. Añadió que se debe ser ejecutivos con las contrataciones por el proceso inflacionario. “No es ilegal (la contratación directa); está contemplada en la ley para este tipo de casos”, explicó.
Los legisladores de la oposición cuestionaron esta justificación. “Es un mecanismo constante la contratación directa en el recinto, casi la regla, alegando una urgencia. Estamos hablando de la construcción de un barrio que, seguramente, demandará mucho tiempo. Hablar de urgencia es, mínimo, una contradicción”, expuso una parlamentaria, que agregó que en otras ocasiones se apeló a la contratación directa para barrios “que nunca se entregan, y tenemos que prorrogar”. Se refería al emprendimiento habitacional Manantial Sur que se demoró años precisamente porque en él se dieron las condiciones que se está explicitando ahora: emergencia por el proceso inflacionario, falta de culminación de obras complementarias y falta de vigilancia de las viviendas. En este caso hubo que sancionar otra ley para que se resuelvan estos problemas, invertir mucho más dinero público y se debió construir de nuevo 1.000 viviendas que habían sido vandalizadas.
Al respecto, no se concibe que no se gestione la forma de vigilar las viviendas terminadas. Desde siempre hubo encargados de custodiar barrios hasta que se entregan las casas a sus dueños. Esto no debería ser una excusa. Tampoco se puede eludir la estrategia frente a los procesos inflacionarios. De hecho, las empresas y el Estado han cambiado las formas de relación en función de la rapidez con que los cambios de valores obligan a actuar. En este caso, convendría estudiar las nuevas formas de hacer obras en un contexto tan cambiante y que la burocracia no termine erosionando las tareas. En vez de eludir las licitaciones, habría que urgir a quieres deben controlar a que lo hagan en tiempo y forma. “No hay motivos para no seguir los pasos legales. De ninguna manera podemos permitir que la emergencia y las situaciones de necesidad sean tomadas de excusas”, dijo la legisladora opositora. Aunque ya la suerte esté echada con el caso Procrear II, y haya justificaciones legales y de urgencias, el largo caso de Manantial Sur debería haber servido de ejemplo para analizar un mejor modo de hacer las cosas. En ninguna obra pública –y mucho menos las grandes- se debe actuar de apuro, que es mal consejero.
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