El próximo jueves se reunirá el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la octava revisión del programa con la Argentina, de la cual depende un desembolso de U$S800 millones.
Si bien la fecha no figura en el calendario oficial del organismo, fue confirmada a Infobae por fuentes que siguen de cerca las conversaciones entre ambas partes.
A principios de mayo hubo un acuerdo técnico entre el staff del FMI y las autoridades argentinas tanto sobre el cumplimiento de las las metas acordadas para el primer trimestre como los próximos pasos del programa.
Si bien se trata solo de unos 600 millones de DEGs (U$S800 millones), será una buena noticia para el Gobierno de Javier Milei, luego de una semana compleja en el plano financiero con caída de los activos argentinos, suba del riesgo país y de los dólares libres. De cara al segundo semestre comienza un calendario exigente de vencimientos de deuda y una menor oferta estacional de divisas.
La vocera del Fondo, Julie Kozack, resaltó esta semana durante su habitual conferencia de prensa en Washington el cumplimiento de las metas que consiguió el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del Banco Central, Santiago Bausili. En un comunicado previo el organismo había destacado, entre otros puntos, que se consiguió el primer superávit fiscal primario en las cuentas públicas en 16 años y una reducción de la inflación mayor a la prevista.
Sin embargo, Kozack destacó dos puntos que preocupan a los principales accionistas del FMI. El primero fue “la necesidad de aumentar la asistencia social para apoyar a los más vulnerables, asegurando que la carga del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras y recomendando a las autoridades que hagan esfuerzos para aumentar la asistencia”.
El organismo además insiste, como lo hace desde que se firmó el actual programa en 2022, con la necesidad de “trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica” según dijo la vocera del Fondo. Al igual que los inversores, en el organismo prestan atención al devenir de los proyectos de ley bases y paquete fiscal. En sus primeros seis meses el Gobierno no consiguió sancionar ninguna norma en el Congreso.