Amenazas de bomba: “Hay muchas cosas que dijo la fiscalía que no son verdad”

Federico Paulino Ríos, el hombre acusado de ser el autor de la amenaza de bomba que recibió el colegio Santa Rosa, estará bajo arresto domiciliario durante 30 días. Desde que la Unidad Fiscal de Delitos Complejos comenzó a pedir en las audiencias prisión preventiva y una medida cautelar civil por el monto de $3 millones a los imputados por el delito de intimidación pública, esta es la primera vez que un responsable estará bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación.

El pasado 27 de julio, aproximadamente a las 9.30, la recepcionista del colegio Santa Rosa, ubicado sobre la calle 24 de Septiembre 581, atendió un llamado remitido a uno de los cuatro teléfonos fijos del establecimiento donde una voz masculina y de forma anónima manifestó: “amenaza de bomba en el patio del colegio”, para luego colgar. Por esta advertencia, las autoridades tuvieron que evacuar a 314 alumnas y al personal docente hacia plaza Independencia mientras la División de Explosivos de los Bomberos de la Policía inspeccionaba las instalaciones del lugar.

Durante más de un mes, la Fiscalía de Delitos Complejos realizó distintas tareas investigativas, coordinadas por la fiscala Mariana Rivadeneira. Según expuso la auxiliar fiscal Julieta Molé en la audiencia de ayer, la Dirección de Delitos Telemáticos realizó un informe en el cual constaba que la llamada había sido recepcionada entre las 9.30 y las 9.40. Con ese dato, le solicitaron a la empresa Telecom una sábana de llamadas entrantes y salientes de las cuatro líneas telefónicas del colegio para averiguar cuáles eran las llamadas que repercutieron en el horario en que se produjo la amenaza. A partir de ese informe y otro realizado por la empresa Claro, el MPF advirtió que dentro de ese rango horario uno de los teléfonos del colegio recibió un llamado a las 9.38, con la línea a nombre de Ríos, y otro a las 9.43, a nombre de E.W. Si bien ambas personas están siendo investigadas, los principales elementos que llevaron a la fiscalía a considerar a Ríos autor de la amenaza fueron:

1. Según un informe realizado por el Santa Rosa, el imputado es padre de una alumna que cursa segundo año en la sede céntrica de la institución, mientras que E.W., no guarda parentesco con alguien del alumnado.

2. Los datos arrojados por Telecom dicen que la llamada realizada por Ríos duró dos segundos, mientras que la realizada por E.W. fue de 14 segundos. Para la fiscalía, esos dos segundos podrían haber sido suficientes para realizar la amenaza, mientras que la comunicación de 14 segundos se asemejaría más a una “conversación”.

Además, Molé informó que el pasado 5 de septiembre se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del imputado, donde secuestraron siete armas de fuego (dos escopetas, un rifle, tres pistolas y un revólver), 145 cartuchos, seis teléfonos celulares sin tarjeta de memoria y chip, una notebook y dos CPU. Al consultarle si estaba habilitado para tener dichas armas, los investigadores se dieron con que el carnet de legítimo usuario, otorgado por la Anmac, estaba vencido desde el 1 de febrero de 2023 y que sólo tenía la autorización de la tenencia de una sola pistola de calibre 9 mm.

Por ambos hechos, la fiscalía decidió acusar a Federico Paulino Ríos como autor del delito de intimidación pública en concurso real con el delito de tenencia de arma de fuego de guerra y de armas de fuego de uso civil. Considerando que los imputados por el delito de intimidación pública podrían recibir una pena de entre dos a seis años, con sus agravantes; y los imputados por el delito de tenencia de armas de fuego podrían recibir una pena de prisión de entre seis meses a dos años (en caso de ser de uso civil) y de entre dos años a seis años de prisión (en caso de ser armas de guerra), fue que la auxiliar fiscal solicitó que Ríos sea sometido a dos meses de prisión preventiva y la inhibición general de bienes por el monto de $3 millones. Estimó que hay peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación; y que aún restan realizar medidas como ser el informe de geolocalización, las pericias UFET de los dispositivos electrónicos y entrevistas testimoniales.

La abogada defensora, Delfina Romano, se opuso a las medidas cautelares solicitadas y en cambio propuso que su defendido cumpliera con medidas de menor intensidad o en su defecto con arresto domiciliario. Ríos, por su parte, quiso hacer uso de la palabra, sostuvo su inocencia y dijo que “la única vez que me pude comunicar ese día fue para preguntar por la amenaza de bomba que hubo. Llamé y cuando me atendieron me contestaron por Whatsapp que las alumnas fueron evacuadas a la plaza Independencia. Hace dos días que estoy preso; hay muchas cosas que dijo la fiscalía que no son verdad, algo no cuadra, necesito mi libertad”. Con respecto a las armas, dijo que al separarse de su mujer había vuelto a la casa de su infancia y que no todas las armas eran de él, que algunas eran de su padre y de su abuelo.

Finalmente, el juez Matías Graña resolvió que Ríos cumpla con la medida de arresto domiciliario por el plazo de 30 días y no hizo lugar a la inhibición general de bienes, hasta tanto no se determine un bien a su nombre para dicha caución. “Si bien hay elementos para investigar a Ríos, como la vinculación con su teléfono; entiendo que hay que profundizar más sobre esto para poder dictar una medida tan gravosa como es la prisión preventiva- explicó el juez-. Considero que sí debe dictarse una medida de alta intensidad, de privación de la libertad, pero con modalidad de arresto domiciliario. Me parece que es necesario determinar qué pasó con la segunda llamada del señor E.W., qué es lo que se dijo; determinar el informe de geolocalización y el resto de medidas faltantes que mencionó la auxiliar Molé para poder determinar quién hizo esa llamada”. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero).