El derecho a la verdad

Las tapas de los diarios de los días de noviembre de 1983 daban cuenta, en medio de la compleja transición de la entrega del poder de las autoridades de la dictadura al Gobierno electo el 30 de octubre, del “Informe Rattenbach”, sobre las responsabilidades políticas y militares en la guerra del Atlántico Sur. Nuestro editorial del 26 de noviembre, titulado “El derecho a la verdad”, se ocupaba de analizar el impacto que tenía en la sociedad la difusión de ese documento, que había sido mantenido en secreto sin justificación por las autoridades militares y que se había revelado por una filtración a un semanario periodístico. Tal circunstancia ponía de manifiesto, en un país que estaba saliendo, no sin dificultades, del ominoso tiempo del régimen militar. Era una sociedad que se ponía de pie y enfrentaba sus problemas en la luz pública y en el debate democrático. A 40 años de esa circunstancia, ha habido muchos logros para avanzar en ese sentido aunque también han quedado cosas pendientes que esta revelación de aquel entonces ayuda a reflexionar.

El informe de la comisión interfuerzas sobre las responsabilidades políticas y militares en la guerra del Atlántico Sur era la primera relación pública oficial sobre el gravísimo conflicto, a casi un año medio de su terminación, que tuvo un impacto brutal sobre la vida de los argentinos y que ha dejado heridas profundas. “Debió transcurrir un año y medio para que la opinión pública tuviese alguna referencia oficial sobre aquellos dolorosos acontecimientos, pero ha de advertirse que ello no se ha producido por decisión de las autoridades competentes sino porque el informe, un voluminoso texto de más de trescientas fojas, se ‘filtró’ hacia un semanario periodístico, a pesar de haber sido declarado oficialmente como documento militar secreto”, describe el editorial, y advierte que esa caracterización del estudio no ha estado animada por la preocupación de que en él se revelasen datos que pusieran en peligro la seguridad nacional -“su mera lectura lo evidencia”-, decía, “sino por la inquietud de que las imputaciones contenidas en el mismo sobre los altos responsables encausados, se hagan públicas antes de que hayan recaído las eventuales sanciones o absoluciones”. Puntualizaba, por ello, que si bien es atendible siempre que era atendible que las autoridades se preocuparan de ser envueltas públicamente en situaciones de debate antes que se cerraran los casos, “no por ello resulta justificable que se recurra al arbitrio del secreto militar si aquella seguridad nacional no es afectada” y advertía que la Justicia era la que, con la apertura de las causas, iba a dar garantía de buen juicio.

El editorial ponía en la mirada pública, en el ocaso del régimen militar, la necesidad de la transparencia en los actos públicos, y mostraba el accionar contradictorio de funcionarios que, amparados en la oscuridad del poder, se tomaban atribuciones y se interponían “entre el esclarecimiento polémico de la verdad y la opinión pública”. Y añadía: “absolutamente nada puede justificar el desinterés en que ha sido tenida la ciudadanía a la hora de ser informada sobre lo que con tanto sacrificio debió soportar. Se advierte ahora –a raíz del episodio de esa ‘filtración’- cuán diferentes son los métodos que se practican en una sociedad libre y responsable de aquellos que niegan su condición de tal en nombre de las necesidades de grupos o sectores a los que la luz de la verdad parece no convenir”.

Hoy que en muchas partes del país se espera que se arbitren o se apliquen como corresponde leyes de transparencia para conocer estado de los asuntos públicos y saber cómo afectan positiva o negativamente a la ciudadanía, este episodio puede ayudar a la reflexión. “Este hecho, con todas sus consecuencias -concluía el editorial-, ha de servir, en el futuro, para defender con mayor razón el derecho inalterable a la información veraz, por más ingrata que ella sea, sin la cual la opinión pública sería un valor irrelevante”.