Avanza la investigación por irregularidades en los planes Potenciar Trabajo en Tucumán

Al menos 8.535 empleados estatales de 10 provincias son beneficiarios del programa.

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25 Diciembre 2023

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cruzarlas con el padrón del plan social Potenciar Trabajo. Hasta ahora solo 10 presentaron informes, entre ellas Tucumán. 

De esos relevamientos se desprende que al menos 8.535 empleados de 10 provincias son beneficiarios del programa, lo cual es incompatible. El resto de los distritos, en tanto, fueron intimados por segunda vez ante la falta de respuestas.

A esos 8.535 beneficiarios Marijuan los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”, consignó Infobae.

Según esos informes, Tucumán cuenta con 1.135 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, con 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.

La provincia de Buenos Aires es un caso particular. La decisión del reelecto gobernador Axel Kicillof, fue que cada uno de sus ministros cumpla con la manda judicial. Pero lo hacen de manera lenta. Hasta ahora lo hicieron el Ministerio de Seguridad, 809; Cultura y Educación, 858 y Jefatura de Gabinete, 576. Solo en esas tres áreas ya se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son, a la vez, empleados públicos.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas 10 provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar.

Cada uno de esos beneficiarios estarían en condiciones de ser dados de baja, un hecho que, según la normativa del programa debería ser automático.

Cuál es el costo

Redondeando las cifras, el presupuesto mensual derivado a los 8.535 empleados de las 10 provincias que hasta el momento aportaron los datos asciende a $650.000.000 mensuales; más de $7.800.000.000 anuales sin contar con el aguinaldo.

Pasados al dólar oficial, el Gobierno habría destinado casi nueve millones y medios de dólares anuales a beneficiarios de manera irregular.

Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito “hacer cesar los efectos del delito, me veo compelido a requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa. De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

El caso de Tucumán

Respecto de las presuntas incompatibilidades, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso había explicado a LA GACETA cómo funciona el sistema de control: “Cuando un beneficiario del Programa Potenciar Trabajo consigue trabajo registrado, el mismo sistema lo pasa al Programa de Protección del Empleo por un período de 90 días. Si a los 90 su trabajo registrado persiste, se le da la baja inmediatamente. Es un mecanismo transitorio del sistema para preservar la empleabilidad de ciudadanos que tuvieron fuera del trabajo formal”, detalló. Precisó que en ese lapso, mientras cobra el trabajo en blanco, percibe el primer mes el 100% del programa, en tanto que durante el segundo y el tercer mes el 50% del programa. “Esto se generó debido a que generalmente los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo son personas que estaban alejadas del trabajo registrado por muchos años y que a veces se lo ponen en blanco un mes o dos meses y vuelven a quedar sin trabajo. Por eso había surgido la protección del empleo”, explicó.

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