Cómo mejorar los servicios que brinda el Estado

En todo Gobierno, nacional o provincial, siempre está presente como una necesidad estructural la de avanzar en una reforma del Estado. Es una materia pendiente de todas las gestiones, siempre se menciona pero muy poco suele hacerse en esa dirección. Hoy, a partir del impulso ideológico de las nuevas autoridades de la Nación, se alude al achicamiento del Estado, a eliminar gastos superfluos o ajustar el funcionamiento con el personal imprescindible; en el marco de una nueva y dramática definición presidencial: no hay plata. O sea, escasos o nulos recursos para apuntalar a la organización administrativa estatal.

En ese proceso de adecuación y disminución de los recursos humanos debido a que hay personas que no cumplen ninguna función en las oficinas públicas, o porque se trata de contratos de empleados que cobran terceros –como el caso de un puntero político de Buenos Aires que tenía en su poder varias decenas de tarjetas de débito-; hay que poner una especial atención en el mecanismo de selección para incorporar agentes al empleo público. Este trabajo es esencial porque son trabajadores que cumplen un servicio a la sociedad toda y que, por ende, requiere de personas capacitadas en la administración de Estado. El trámite de ingreso y de capacitación de estos empleados es un factor clave en cualquier modificación estatal que se pretenda llevar a cabo.

Ahora bien, el ingreso al Estado no está regulado por un proceso administrativo, sino más bien ocurre por las facilidades que la política les concede a los dirigentes -influenciar para obtener designaciones de conocidos, amigos o familiares- o bien el conocer a alguien que ocupa un cargo público jerárquico en un organismo estatal y que puede permitir el acceso de personas al Estado. Es decir, se trata de un procedimiento irregular, básicamente porque no hay exámenes de ingreso a la administración pública provincial. Sí hay una legislación que permite a los agentes del Estado seguir una carrera administrativa y ascender en las distintas categorías del escalafón estatal. No hay concursos, y eso conlleva un déficit funcional.

Sería una buena iniciativa avanzar en esa dirección, teniendo en cuenta lo que sucedió con el ingreso a la Escuela de Policía. Hubo más de 5.400 interesados en sumarse al Instituto Superior San Martín, pero sólo 12 lograron superar las pruebas, de un total de 1.400 jóvenes que acudieron a la cita académica. ¿Por qué es interesante tener en cuenta lo que sucedió en este ámbito, pensando en la administración del Estado? Básicamente por dos definiciones que lanzaron responsables del ingreso a la fuerza. El jefe de Policía señaló que hay que entender que la fuerza dejo de ser una bolsa de trabajo. Lo que apunta a la necesidad de contar con gente con vocación que puedan convertirse en profesionales.

El segundo concepto surge de una afirmación: es preocupante la falta de conocimientos elementales de los jóvenes cuando salen del secundario. Es lo que se mencionó. De esto surgen reflexiones: que el Estado no se convierta en una bolsa de trabajo depende en gran parte de la responsabilidad en cómo la dirigencia política encare un proceso de reforma del Estado y en resolver, además, una política educativa que mejore los niveles de enseñanza y de aprendizaje, para facilitar que haya más personas en condiciones de aprobar un examen para ocupar un cargo en la administración estatal.