26 Enero 2024
Debido a la situación de crisis económica y social que atraviesa la Argentina, el Estado no puede desentenderse de los efectos más dramáticos sobre la sociedad y no llevar adelante planes de asistencia social para los sectores más vulnerables, especialmente en un tiempo en el que la pobreza va incorporando más y más ciudadanos a sus filas.
En ese marco, llama la atención y obliga a reflexionar la investigación que se leva a cabo en Tucumán y que reveló que mercaderías que estaban bajo la tutela de la administración gubernamental fueron comercializadas cuando, básicamente, esos productos tenían como destino final la atención de los grupos más desprotegidos socialmente.
Dos aspectos centrales se ponen en evidencia detrás de esta situación tremendamente irregular: la falta de controles por parte del Estado para verificar que, efectivamente, esos alimentos lleguen a manos de quienes realmente los necesitan -y de manera gratuita- y, segundo; que en la cadena de gestión de este mecanismo de protección social haya inescrupulosos que se aprovechen de las debilidades del Estado para sacar provecho y llevar dinero a sus bolsillos.
Al margen de lo repudiable del gesto en sí de no contemplar que existen miles y miles de personas que necesitan comer y a las que se les están sacando víveres con los cuales podrían salir del paso; sino que estos productos -como se desliza en la investigación judicial- cabe cuestionar que una porción de estos productos se hayan convertido en los polémicos bolsones que suelen repartirse en tiempos electorales. Es lo que se desprendió del proceso, con lo que se vuelve a poner el foco en un tema cuestionable para la vida en democracia, como lo es querer obtener un voto a cambio de entregar productos alimenticios. Ahora, con estas revelaciones, sí es delito repartir bolsones, ya que se sacaron elementos de propiedad del Estado para beneficio propio. Doblemente execrable lo que se está poniendo en evidencia; que se roben mercaderías del Estado -y que se las comercialicen- y que una parte de esos productos hayan integrado la cadena política que concluyó en los bolsones.
En este aspecto vale reiterar que no sólo los controles internos y externos fallaron para que se verifique el real cometido del área de Desarrollo Social sino que, además, se haya puesto en evidencia la existencia de estructuras políticas internas del Gobierno de turno que usufructuaron los servicios que debiera brindar el Estado para provecho personal.
Mucho se ha hablado del clientelismo institucionalizado, de aquel por el que las gestiones de gobierno usan a las organizaciones del Estado para tratar de fidelizar los votos, ya sea a través de subsidios especiales, bonos o los bolsones. En esta ocasión, es la Justicia la que destaca que con mercaderías de los depósitos oficiales se han armado bolsones que habían sido distribuidos en los últimos comicios provinciales.
Es de esperar que la Justicia revele los nombres de todos aquellos que han ejecutados esta prácticas deleznables para empezar a poner fin a una forma cuestionable de hacer política. Se deben poner fin a este tipo de ilícitos. Y más que nada es menester que la propia dirigencia, aquella que asume roles institucionales, adopte una actitud seria y responsable y ponga fin a estas prácticas delictivas imponiendo un estricto sistema de control, ya sea para minimizar o para anular completamente estas irregularidades.
En los últimos tiempos se viene hablando de la necesidad de transparentar los actos de Gobierno para mejorar el control externo sobre el destino de los dineros públicos; bueno sería que en Tucumán se avance en esa línea.
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