Los motociclistas dedicados al transporte de pasajeros han pedido que la Policía los ayude, ya que padecen la inseguridad y por ello no sólo hicieron su propio mapa del delito sino que coordinan entre ellos para tratar de darse protección cuando van a zonas peligrosas. La emergencia de los choferes de este servicio ilegal se une a la de los cadetes que recorren las calles trasladando mercadería, que hace poco reclamaron por la inseguridad y que lograron atención de las autoridades. En este nuevo caso, por tratarse de un servicio ilegal, la misma policía dice que es difícil atender su problema, porque –explicó el jefe de la fuerza- no saben quiénes son, quiénes son sus referentes ni dónde actúan.
“Cada vez hay más robos, necesitamos que la Policía nos ayude con la prevención de delitos. Ese es el reclamo, hay horarios en los que muchas veces circulamos por calles vacías, no hay un patrullero ni policías en las esquinas”, dijo el vocero de los choferes de Uber Moto. El ataque más común que sufren es la emboscada cuando llegan a destino, generalmente en zonas de peligro. El fin de semana una conductora fue a buscar a un cliente en El Colmenar, para llevarlo a un destino en la capital, pero cuando llegó cuatro hombres la emboscaron y le robaron la moto. Asimismo, en varios casos han tenido que pagar “rescate” para recuperar motos robadas. El domingo una vecina llamó al 911 para denunciar que en un pasaje de La Ciudadela se estaban reuniendo más de 30 motociclistas y cuando la Policía llegó los choferes informaron que se habían reunido porque iban a ir a recuperar la moto de un compañero que acababa de ser asaltado.
Los conductores hicieron su propio mapa del delito y tiene que ver con las zonas que son inseguras desde hace años o bien que se han vuelto “rojas” en los últimos tiempos, como San Cayetano, Villa 9 de Julio o las Piedritas. También han señalado algunos barrios del norte de la Capital, así como los vecindarios lindantes con el río Salí, tanto desde la Capital como desde el este, así como la zona de Los Pocitos y San José. Además, los choferes han elaborado un mapa de los posibles “aguantaderos” y de lugares donde se estarían llevando los vehículos robados, así como hacen circular datos de los sospechosos de estos delitos que, dicen, son reincidentes. El vocero habló de un desarmadero en calle Inca Garcilaso que, dijo fue allanado en el cual se secuestraron motopartes robadas.
El jefe de Policía ha planteado la dificultad de brindar seguridad en estos casos. “Estamos dispuestos a conversar para ver cómo podemos mejorar el sistema de prevención, pero estamos ante un enorme problema. Se trata de un sistema que es ilegal y eso es una traba”, explicó. “No sabemos cuántos son, quiénes son sus referentes, dónde y cómo funcionan. Es muy complicado hacer prevención en una actividad que no está permitida”. Como sea, se estima que hay un grupo de Uber Motos integrado por 4.000 personas y integrado por cadetes y motociclistas de Uber, Pedidos Ya, Rappi y otros servicios de delivery, con unos 7.000 integrantes.
Más allá de las trabas que expresa el funcionario, hay una realidad: no cabe duda de que se debe buscar la forma de dar seguridad a los motociclistas, así como a la ciudadanía en general en esas zonas complicadas, que requieren un estudio de los problemas. No se trata sólo de hacer un mapa del delito sino de analizar estrategias para pacificar esos barrios y dar garantías a sus habitantes, independientemente del debate sobre la legalidad o no del servicio de traslado de personas, que, ciertamente, debe tener un tratamiento por parte de las autoridades, no sólo de la fuerza de seguridad.