05 Febrero 2024
El martes 31 de enero quedará grabado en la historia de la provincia. Ese día se conoció que el acusado de tres homicidios y sospechado de estar ligado al narcotráfico había amenazado a testigos y funcionarios del Poder Judicial. En un hecho que casi no tiene precedentes, dejó al descubierto la falta de reacción del Estado ante lo que debería ser considerado como un grave ataque institucional.
Rosario es una ciudad considerada, por su pasado y presente, exponente de todo lo malo que ocurre en materia de violencia y cuestiones vinculadas al tráfico y comercialización de estupefacientes, y sufrió por este tipo de ataques. Los clanes y bandas comenzaron a utilizar esta estrategia cuando sus líderes empezaban a ser juzgados.
La respuesta estatal no fue la suficiente y hoy los resultados están a la vista. Los grupos delictivos han transformado las amenazas en una industria para recaudar dinero y obtener lo que buscan. Sufren por esta terrorífica acción ciudadanos comunes, comerciantes, empresarios, policías, funcionarios judiciales y hasta el mismo gobernador de Santa Fe. Es tan grave el problema que las autoridades debieron crear fiscalías especializadas en investigar “balaceras”, como denominaron los ataques a tiros.
En Tucumán, la reacción fue la de pedir la suspensión de los dos juicios por cuestiones de seguridad, planteo que finalmente terminó siendo rechazado. El titular del Ejecutivo levantó la voz y aseguró que el debate oral debía realizarse. Los otros dos poderes mantuvieron silencio, no expresaron repudio ni salieron a respaldar públicamente a los que fueron blancos de la intimidación. Las organizaciones civiles, que deben ser garantes del cumplimiento de las normas, expresaron tardíamente su repudio al ataque.
Justamente, la asociación que nuclea a los funcionarios de la Justicia Federal de Tucumán, Catamarca y La Rioja, profesionales que conocen mucho más a fondo las cuestiones vinculadas al mundo del narcotráfico, no sólo cuestionaron el ataque, sino que además pidieron mayor protección. “Como sostenemos, el rol del fiscal exige que se extremen los recaudos de seguridad para él y su familia, ya que lo coloca constantemente en una posición antagónica con la criminalidad que investiga y persigue. Reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en este sentido”, expresaron con razón.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) también se sumó a la lista de críticos. “Tales acciones no caben en un Estado de Derecho que cumple con sus funciones esenciales, en nuestro caso, la de afianzar la justicia”, sostuvieron sus referentes en un documento. “Nos solidarizamos con las y los fiscales de la provincia, ante un hecho extremadamente grave. Debe reconocerse las condiciones en las que las y los operadores del sistema de Justicia llevan adelante su labor, manteniendo con absoluto rigor la firmeza de sus decisiones y la independencia judicial”.
Hoy se iniciará el primero de los dos juicios en contra del supuesto autor de la amenaza. El ministerio de Seguridad ha ordenado montar un importante operativo para garantizar la protección a todas las partes que estarán en el debate.
En principio están dados los avales para que el proceso se desarrolle con normalidad y, sin importar el resultado, finalice como marca la ley. Ese será el mejor resultado para demostrar que este hecho fue sólo un intento de acabar con la institucionalidad en la provincia.
Lo más popular
