Gestión de los residuos: una tríada de cooperativas y obras para San Miguel de Tucumán

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, dio un paso más en sus cuestionamientos hacia la gestión de su antecesor, Germán Alfaro, y acudió a la Justicia para que se investiguen presuntas irregularidades en la administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Con ese propósito, el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, se presentó en Tribunales y denunció hechos que, según dijo, encuadran en la figura de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. Puntualmente, lo que el funcionario sostiene en su escrito es que el Consorcio habría sido utilizado para la realización de obras en beneficio de la gestión alfarista en la Municipalidad.

Apenas asumió, el 29 de octubre, Chahla puso el ojo en el funcionamiento del Consorcio y dispuso una auditoría contable sobre el manejo financiero del año pasado en el ente. Esa tarea fue realizada por el estudio Concilio & Sarralde. Si bien el Consorcio es integrado por la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí, el Consejo de Administración es presidido por el municipio “con mayor aporte económico”; es decir, por San Miguel de Tucumán porque gira el 65% de los recursos necesarios para su funcionamiento. Así, al frente del Consorcio se encontraba el alfarista Héctor Argañaraz.

Con esa auditoría en las manos, el Departamento Ejecutivo que conduce Chahla se presentó en los tribunales tucumanos. La propia intendenta, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, resumió los hallazgos. “Realizó pagos por un total de $ 5.200 millones en 10 meses, entre enero y octubre de 2023; de los que solo el 21% se vincula clara e inequívocamente con la gestión de residuos. El 79% restante se vincula a lo que se denomina ‘Tareas adicionales’. Esta desproporción parecería desnaturalizar el propósito de constitución de dicho consorcio. Esta situación de extrema gravedad institucional está siendo minuciosamente analizada para que la investigación continúe por las vías correspondientes. El manejo discrecional del Consorcio Metropolitano era, sin dudas, un monumento a la corrupción”, manifestó en el recinto.

Los favorecidos

En esa línea planteó su denuncia el fiscal Mosqueira, y pidió que se investigue a tres cooperativas que recibieron la mayoría de los trabajos encargados por el Consorcio: Benjamín Aráoz Limitada, 14 de Agosto Limitada y Juntos Seremos Más Limitada.

“En efecto, al margen de su objeto, se ha utilizado al Consorcio Girsu para la realización de obra pública en esta ciudad, en forma oscura y discrecional, al margen de la normativa vigente señalada que rige al Consorcio y la Ley Obra Pública Nº 5854, a la que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se encuentra adherida mediante ordenanza Nº 3312”, introdujo el fiscal municipal.

Afirmó que esas normas impiden que el Consorcio se aparte de su objeto relativo a los residuos sólidos urbanos, “desautorizando la realización de obras que no tengan relación con la basura”. Aún más, “el artículo cuarto de su Estatuto señala que su único objeto es la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en las jurisdicciones beneficiarias”.

“Del informe de auditoría surge que directamente la MSMT remitía al Consorcio una nota con un proyecto determinado (se observó que era el mismo clishé de base para todas las obras, con la única salvedad que se cambiaba el plano y monto de cada obra), el Consorcio aceptaba la obra y su precio y a continuación el Ejecutivo de la Municipalidad emitía decretos incluyendo la obra al plan, autorizando la contratación y el pago al Consorcio, que se materializaba por vía bancaria y en muy pocos casos con cheques a través de la Tesorería municipal”, se lee.

El procedimiento

Según la denuncia, al recibir el dinero el Consorcio pagaba a las cooperativas contratadas para la ejecución de las obras mediante cheques, “sin que exista un proceso de contratación por cada obra, ni propuesta económica, ni un proceso de control de la ejecución o eventual avance de la obra”.

Así, alertó el funcionario municipal, la Capital habría girado al Consorcio para “obras que no corresponden al sistema de gestión de residuos sólidos urbanos”, unos $ 4.000 millones entre enero y octubre de 2023. A su vez, se identificaron en la auditoría débitos bancarios del Consorcio a favor de las cooperativas Juntos Seremos Más, por $ 1.643 millones; 14 de Agosto Limitada, por $ 292 millones; y Benjamín Aráoz Limitada por $ 173,6 millones. Es decir, unos $ 2.109 millones.

“Es decir que entre lo que giró la Municipalidad al Consorcio para supuestas obras al margen de su objeto, y lo destinado al pago a cooperativas, hay diferencias sin justificar por $ 1.980 millones solo entre enero y octubre de 2023”, se advirtió. Además, dijo que a pesar de los pedidos mediante escribano, no se acreditó la existencia de inspectores de obra, “ni certificaciones de avance de obra, ni actas de final de obra, ni nada que demuestre la efectiva ejecución de las obras, ni sus avances o costos, que respalde el proceso de contratación y pagos realizados”.

En el escrito, el fiscal municipal no identifica a nadie en la denuncia, sino que pide que se tome en cuenta la auditoría y que la investigación judicial determine quién o quiénes serían los responsables de las presuntas irregularidades. “Como se puede apreciar, las maniobras responden a un formato de extracción de dinero municipal por vía del Consorcio para la supuesta realización de obras a través de tres cooperativas que no demostraron capacidad de obra pública y que serían allegadas, al margen de la normativa vigente y sin ningún control, en perjuicio de los citados entes estatales, lo que encuadraría en la figura penal de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta”, completó.

Antecedentes

¿Cómo funciona el Girsu? Se trata de la etapa complementaria al sistema de recolección de residuos urbanos, que en algunos municipios se efectúa a través de contratistas (por ejemplo, la empresa 9 de Julio en la Capital), y en otros distritos (como Las Talitas), mediante reparticiones propias.

Hasta 2009, la cuestión de la separación, tratamiento y disposición final de la basura era tarea del Gobierno provincial. Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley 8.177 -y en línea con la normativa federal-, el Poder Ejecutivo cedió esta competencia a los municipios y comunas. Luego, cada Concejo Deliberante del área metropolitana ratificó la creación del Consorcio.