Por Federico Türpe
30 Marzo 2024
Desde hace poco más de una semana -21 de marzo- ingresó a la Vocalía N° 1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cargo del juez Ricardo Lorenzetti, la causa caratulada “Leiva, Daniel, sobre tráfico de influencias y abuso de autoridad”.
Esto significa que, en este momento, Lorenzetti ya habría escuchado, o estaría por hacerlo, los famosos y escandalosos “audios de Pedicone”, como se conocieron públicamente.
Muy brevemente, la historia fue así, siempre según la denuncia y las grabaciones que ahora se encuentran en el edificio del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, en pleno centro de Buenos Aires:
El 28 de julio de 2020, el vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Daniel Leiva, llamó por teléfono al juez del Tribunal de Impugnaciones de la capital, Enrique Pedicone, para pedirle una reunión, breve e informal.
Pedicone eligió el bar Ohana, ubicado en Corrientes y Junín, a pocos metros de su casa, porque quería pasar a buscar su Ipod para grabar la conversación con Leiva. Pedicone ya había registrado antes la llamada de Leiva en su celular.
El encuentro se concretó a las 9 de la mañana. La hora y el día no son caprichosos. A las 10, Pedicone debía asistir a una audiencia por la causa en donde se investigaba al legislador Ricardo Bussi por abuso sexual y por malversación de dinero en una cuenta bancaria.
En esa charla, Leiva le pide a Pedicone que maneje “la intensidad” del caso, de acuerdo a cómo se vaya comportando Bussi, ya que “vos sabés que ese espacio es funcional a nosotros”, aclara el vocal de la Corte, a lo que Pedicone responde: “Lo sabe todo el mundo”.
Glosa aparte. Cuando Leiva dice “funcional a nosotros” se refiere al gobierno, al peronismo, y entonces la indivisión de poderes empieza a estallar por el aire. Más adelante esa indivisión seguiría haciéndose pedazos en la Legislatura.
En su pedido, siempre según las grabaciones ahora en poder de los supremos nacionales, Leiva invoca a Manzur y a Jaldo por sus nombres de pila: Juan y Osvaldo. Es decir, el vocal de la Corte actuaba de servimoto del poder político.
El resto de la historia es conocida. Pedicone hizo constar esta charla ante el fedatario de la Cámara de Apelaciones Fernando Valladares, quien luego dio parte de enfermo y no declaró en el juicio contra Pedicone, y también dejó constancia en una escribanía para resguardar el contenido de los audios.
El 1 de septiembre de ese año Pedicone denunció a Leiva por tráfico de influencias, coacción, y violación a los deberes de funcionario público.
En menos de dos meses ya pesaban sobre Pedicone siete denuncias por mal desempeño como magistrado y 80 días después era destituido por un jury de enjuiciamiento con mayoría oficialista.
El jury pudo accionar en tiempo récord porque no escuchó a una veintena de testigos propuestos por la defensa de Pedicone y porque se negó a admitir los audios como pruebas por considerarlo “material impertinente”.
“Grabaciones clandestinas”, adujeron. Algo así como que a una víctima de violación no le admitan un video probatorio porque no le avisó al violador que lo estaba grabando.
La otra causa “Tucumán”
El caso de los “audios de Pedicone”, que de prosperar podría hacer implosionar al esquelético sistema republicano provincial, no es la única investigación sobre el poder político tucumano que circula por los pasillos de la Corte Suprema nacional. En agosto de 2023 ingresaron al edificio del Palacio de Justicia los expedientes de la destitución de Pedicone como juez. El 8 de febrero pasado esta causa llegó al despacho de la Vocalía N° 2, a cargo del juez Juan Carlos Maqueda. Este magistrado, de buena relación con el ex presidente Eduardo Duhalde y también con Manzur, ya elaboró su “borrador” de la sentencia y lo trasladó a la Vocalía N° 3, que conduce Horacio Rosatti, donde se encuentra desde el 7 de marzo.
Es decir, en la corte nacional hay dos investigaciones en curso que parten de un mismo hecho, la denuncia inicial de Pedicone contra Leiva con sus correspondientes grabaciones, y la posterior destitución de Pedicone a manos de un jurado de enjuiciamiento bastante cuestionado.
El jury que desplazó a Pedicone estuvo conformado por ocho miembros: Daniel Posse, presidente del jurado y en representación de la Corte Suprema; los legisladores oficialistas Javier Morof, Alberto Herrera, Dante Loza y Sara Alperovich; el fiscal de Estado Federico Nazur, como parte del Poder Ejecutivo; el legislador alfarista y opositor Walter Berarducci; y el letrado Javier Critto, en representación de los abogados.
Salvo Posse y Berarducci, el resto votó a favor de la destitución de Pedicone.
El voto de Critto fue clave para correr al juez, porque sin ese veredicto Pedicone seguiría en su cargo.
Lo curioso es que Critto llegó al jury en reemplazo de Esteban Jerez porque era suplente en la lista en donde se eligió este espacio de los “abogados”, ya que Jerez era defensor de Leiva y debió excusarse.
Llamativo porque el compañero de lista del defensor del vocal de la Corte denunciado terminó integrando el jurado que enjuició al juez que acusó a ese vocal. La indivisión de poderes seguía estallando por el aire.
Durante las elecciones del año pasado, Pedicone denunció que el candidato oficialista Hugo Ledesma, dirigente gremial de La Bancaria, le “robó” la banca legislativa, aduciendo que en la planilla del presidente de la mesa 1.328 mágicamente un número 0 se transformó en un 8 y terminó perdiendo por seis votos.
Una historia circular
Después de su destitución, Pedicone recibió el respaldo de importantes sectores, como el constitucionalista Alberto Binder, el juez penal Carlos Caramuti, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, varios arzobispos argentinos, e incluso de la oficina de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que le solicitó un informe a Cancillería argentina que nunca fue respondido.
¿Quién era el responsable de responder ese pedido? El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, denunciado hace unos días por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, debido a que presentó al Estado argentino como culpable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la muerte de Santiago Maldonado, el artesano que murió ahogado mientras escapaba de un operativo de desalojo de un corte de ruta.
Ahora, la Corte Suprema de la Nación tiene el destino institucional de Tucumán en sus manos, en un contexto judicial bastante complicado, ya que por estos días está convulsionada a raíz de los dos nuevos miembros que debe proponer el gobierno de Javier Milei, para reemplazar a Elena Highton de Nolasco (renunció en 2021) y a Maqueda (se jubila en diciembre).
Las dos causas que involucran al poder político tucumano corren en sentido inverso por la Corte, de acuerdo al derrotero que van siguiendo por las vocalías.
El voto de Maqueda se devalúa con el paso de los días y sobre Lorenzetti pesa el caso “Formosa”, de gran repercusión mediática, cuando la Corte le “devolvió” a esa provincia la responsabilidad de juzgar al gobernador Gildo Insfrán. Algo así como decirle a Insfrán que se juzgue a sí mismo.
Por un lado están “los audios de Pedicone”, que los supremos escucharán con más atención política que probatoria, condicionados por un contexto nacional muy distinto a 2021, y por otro lado está el amparo sobre la destitución de Pedicone, por decisión de un jurado que se negó a escuchar pruebas.
El jurado Critto, cuyo voto fue clave para destituir a Pedicone y quien, reiteramos, reemplazó al abogado defensor de Leiva, nada menos, declaró a LA GACETA en febrero de 2021, en defensa de su voto contra Pedicone -o a favor de Leiva-, que él nunca había trabajado en el Estado y que su única participación política había sido una candidatura a edil de Yerba Buena en cuarto término.
Esa situación cambió el 8 de enero pasado, cuando por medio del decreto 37/2024, publicado en el Boletín Oficial el 26 de enero, Javier Miguel Critto, DNI 23.518.601, fue designado director del Archivo Histórico de la Provincia con la máxima categoría de la administración pública, más un adicional salarial del 100% dispuesto por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, invocando el decreto acuerdo N° 39/1-99.
El nombramiento de Critto no llega en buen momento para las dos “causas Tucumán”, al menos no para el gobierno provincial, y tampoco luego de que esta publicación se conozca el próximo día hábil en los despachos de Rosatti y Lorenzetti.
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