Contexto europeo y antecedentes españoles de la Revolución de Mayo

Por Abel Novillo

Para LA GACETA - TUCUMÁN

Desde principios de 1800 estallaron en varias ciudades de Hispanoamérica levantamientos o revoluciones, con mayor o menor éxito contra el absorbente poderío español.  El historiador John Lynch señala que la motivación fundamental de esos procesos debería rastrearse en las reformas borbónicas, que modificaron el sistema comercial y la organización política y social de la América española.

Antes de esas mal recordadas reformas, según Lynch, las colonias resultaban en la práctica independientes, porque la España de los siglos XVII y la primera mitad del XVIII estaba casi permanentemente en guerra y no contaba con los recursos ni las organizaciones de inteligencia necesarias para controlarlas.

Hasta el advenimiento de los Borbones, la América colonial, aun siendo considerada su población súbditos de segunda clase, vivía apaciblemente, sin mayores conflictos, sin los infortunios que se vivían en el belicoso continente europeo.  

A mediados del siglo XVIII, las reformas revirtieron esa situación endureciendo el lazo de dependencia de las colonias con respecto a España, con enormes perjuicios económicos, políticos y sociales. También debe reconocerse, como afirmaba Tulio Halperin Donghi en Historia Contemporánea de América Latina, que para entender debidamente las causas de las revoluciones hispanoamericanas deben tenerse en cuenta elementos diversos, además de la inconformidad criolla, como los acontecimientos del contexto europeo, particularmente el efecto de las guerras napoleónicas y los sucesos que tuvieron lugar en España entre 1808 y 1815.

Durante las últimas décadas del siglo XVIII, España había modificado varias veces sus alianzas con otros países europeos. En 1792, junto con otras monarquías europeas, le había declarado la guerra a Francia, como reacción a la ejecución de Luis XVI y María Antonieta.  Sin embargo, tres años después España firmó con los franceses la Paz de Basilea, constituyéndose entonces, junto con aquel país circunstancialmente aliado, en enemigos de Inglaterra.

La tradicional rivalidad militar de España e Inglaterra se combinaba con la económica. Inglaterra estaba en pleno proceso de revolución industrial y las colonias españolas en América eran un mercado muy apetecible.

La guerra de España con Inglaterra la separó un poco más de sus colonias, dejando a los peninsulares sin recursos económicos para protegerse militarmente y para el abastecimiento de las mercancías necesarias. Asimismo, los diversos conflictos bélicos con otros países en los que España se involucraba, agudizaron la grave crisis económica que este país, mal administrado, atravesaba desde mucho tiempo atrás, afectando gravemente su otrora enorme potencial naval.

En el marco del enfrentamiento con Inglaterra, Napoleón Bonaparte había decretado un bloqueo continental: habilitando una zona de vigilancia para que los británicos no pudieran comerciar con otros países del continente europeo. Para lograr aislar totalmente a Inglaterra, Napoleón necesitaba conquistar Portugal, único apoyo que les quedaba en Europa a los barcos comerciales ingleses. Para llegar a Portugal, el corso solicitó permiso a las autoridades españolas, sus supuestas aliadas, para atravesar el territorio peninsular.

El permiso fue imprudentemente concedido por Manuel Godoy, ministro todopoderoso del rey Carlos IV. Godoy se había constituido en una figura odiada y resistida por muchos sectores de la población española y en especial por las colonias, por las cuales el ministro sentía evidente desprecio, ya que sus disposiciones perjudicaban a los criollos. La mayoría de los nobles y notables españoles consideraban que la lucha contra Inglaterra, impulsada por Godoy, era la causa de la crisis económica y que el ministro había planeado la entrega de España a Francia, para lograr beneficios personales.

Al difundirse la noticia de que Godoy había aceptado la propuesta de Napoleón, el ministro apareció ante la opinión pública como un traidor y se organizó un movimiento insurrecto en su contra, encabezado por el hijo del rey, Fernando.

En marzo de 1808, los opositores a Godoy llevaron a cabo un levantamiento denominado Motín de Aranjuez. Godoy fue destituido y Carlos IV, obligado a abdicar a favor de su hijo. De tal manera, Fernando ocupa el trono de España como Fernando VII.

Pocos días después de esos sucesos, cuando los franceses ingresaron en España con destino a Portugal, envalentonados por su enorme poderío bélico, se permitieron discutir la autoridad de Fernando VII. De tal manera, el rey, debilitado militarmente, se trasladó a la ciudad de Bayona -en la frontera entre España y Francia- tratando de reunirse personalmente con Napoleón y lograr el reconocimiento de éste.

En el encuentro de Bayona, Napoleón hizo públicos sus objetivos con respecto a España y considerando a los Borbones como una dinastía frágil, corrupta y políticamente irrelevante, advirtiendo con soltura que pondría en el trono a un miembro de su propia familia. Fernando VII se vio obligado a firmar su renuncia incondicional a la Corona española, y su padre, Carlos IV, coaccionado por los franceses, la transfirió entonces a Napoleón, quien nombró como rey de España a su hermano José.

España quedó sometida a los franceses. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas francesas y fue brutalmente reprimido por éstas, aunque en la batalla de Bailén, célebre en la historia española, un ejército de ancianos, niños y enfermos dio una lección a los franceses. Envalentonados por el triunfo, los españoles extendieron sus levantamientos en el interior del territorio peninsular. En muchos pueblos y ciudades se formaron juntas de gobierno, que fueron llamadas por muchos historiadores “juntas revolucionarias”. Los movimientos populares tomaron a Fernando VII como el símbolo de su lucha.

Las juntas españolas legitimaban su poder en la idea denominada “retroversión de la soberanía a los pueblos en ausencia del monarca”. Esta idea se basaba en la teoría de que los pueblos son los únicos depositarios de la soberanía y que la delegan en los monarcas.

En septiembre de 1808 se formó la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino que gobernó en nombre de Fernando VII como depositaria de la soberanía que las distintas juntas le habían delegado. El objetivo de la Junta era unificar la lucha contra los franceses. Además, la guerra no marchaba bien: los debilitados ejércitos españoles sufrían sucesivas derrotas. En busca de una solución, la Junta Central estableció una alianza con los británicos. Inglaterra se comprometió a auxiliar a los españoles y a no reconocer otro rey para España que Fernando VII y sus herederos, o al sucesor que la nación española designara.

Las autoridades españolas eran conscientes de que, detrás de bambalinas, los británicos ambicionaban sus colonias. La Junta Central Española decretó entonces que los territorios americanos dejaban de ser colonias y pasaban a convertirse parte integrante de la monarquía española y que sus habitantes tendrían iguales derechos que los peninsulares. Se asumía tal criterio ante el temor de que los sucesos de España pudieran repercutir negativamente en América, cuyos pobladores ya se mostraban convulsionados y disconformes con el tratamiento que recibían.

La Junta comenzó a tambalearse. Antes de caer, convocó la reunión de Cortes generales y extraordinarias, una asamblea en la que estaban representados distintos sectores de la población. Hubo grandes debates sobre la forma en que debía realizarse la convocatoria, sobre qué sectores debían estar representados y en qué medida. Un grupo -los absolutistas ilustrados- quería convocar las Cortes por estamentos (clero, nobleza y ciudades con voto en Cortes); otro -los constitucionalistas históricos- apuntaba a seguir el modelo británico (la formación de dos cámaras, una para la nobleza y el clero, y otra para las ciudades); y un tercer grupo -los liberales- seguía el modelo francés de 1791: proponía una convocatoria basada en la cantidad de población y no en los estamentos.

Finalmente, los diputados a Cortes fueron elegidos siguiendo el criterio propuesto por los liberales. Sin embargo, este principio sólo se aplicó en los territorios peninsulares. En América los cabildos seguían eligiendo a los delegados sin tener en cuenta la cantidad de población. Esto desató conflictos, y finalmente, en 1810, las juntas que se habían formado en Caracas y en Buenos Aires, hartas, desconocieron la legitimidad de las Cortes.

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Abel Novillo - Historiador y escritor.