En otras de las resoluciones de la audiencia, el juez Sebastián Mardiza rechazó el pedido de autorización realizado por el defensor del arquero Sebastián Sosa para que le permitieran abandonar el país y firmar un contrato con el club Sporting Miramar Misiones, de la primera división del fútbol uruguayo.
Ernesto Baaclini, en el segundo tramo de la audiencia, habría señalado que el acusado había recibido una propuesta para desempeñarse en esa entidad. Según confiaron fuentes judiciales, el profesional había ofrecido a que sus asistido siguiera cumpliendo con la obligación de presentarse una vez por mes a la provincia para demostrar que estaba sujeto a proceso y ofreció como garantes a personas reconocidas del fútbol uruguayo. Habría fundamentado el planteo asegurando que no se podía coartar el derecho que tienen todas las personas a tener un trabajo digno.
El auxiliar Martínez Terán, siguiendo las instrucciones de la fiscala Adriana Reinoso Cuello dejó en claro que no se opondrían siempre y cuando presentara el contrato firmado y no sólo una propuesta como la que había explicado el defensor, fijara una residencia fija y que no podía abandonar ese país si es que su equipo participaba de alguna competencia internacional.
La querella integrada por Patricia Neme, Patricio Char yFranco Venditti, se opusieron argumentando que estaba acusado de un delito grave y que podría fugarse.
“Quiero que sepa su señoría que recibí esta propuesta con la que podré seguir en actividad. Necesito trabajar para poder mantener a mi familia”, habría expresado el arquero. La víctima, cuando habló, pidió expresamente que se rechazara el planteo. “Tengo entendido que ese club es manejado por un barra brava y que tiene al menos un jugador con antecedentes. Le quiero decir que yo tampoco puedo retomar mi trabajo por todo lo que pasó”, habría asegurado la denunciante cuando tuvo tiempo de hablar.
Gravedad del delito
El juez Mardiza rechazó la medida sosteniendo que una medida de coerción, como la que tiene dictada el arquero, supone la pérdidas de algunos derechos, como el laboral. También entendió que no sería prudente otorgarle el permiso a abandonar el país por la gravedad del delito por el que esta acusado.
“Considero que se está vulnerando su derecho a trabajar. En Argentina, como consecuencia de esta causa no será contratado. Por esa razón hemos decidido impugnar el fallo”, finalizó Baaclini.