13 Diciembre 2024
MÓDULOS. Los alimentos fueron hallados en el barrio Manantial Sur. la gaceta / foto de analía jaramillo
La investigación vinculada al hallazgo de mercadería destinada a familias vulnerables tomó impulso ayer, a partir de la declaración del primer arrepentido en la causa. Se trata de un técnico informático que, ante la Justicia, dejó entrever que los módulos alimentarios eran retirados del Ministerio de Desarrollo Social para luego ser vendidos de manera ilegal.
“Desde 2017 venía trabajando con Juan López. Él me contrató para que llenara las planillas que luego presentaba en Desarrollo Social. Primero en CD y después en planillas. Ellos me daban la información y yo cargaba, era lo único que hacía, pero no creo que todas esas personas hayan recibido la mercadería”, expresó ayer durante la audiencia Mauricio Romo (43 años) quien había sido detenido en una primera instancia y finalmente liberado. No obstante, quedó procesado en la causa judicial.
Por haber colaborado con la investigación y haber tenido una participación secundaria en el presunto hecho, no se le dictó la prisión preventiva como al resto de los imputados. La jueza interviniente ordenó el cese de la detención y el sometimiento de Romo al proceso mediante el cumplimiento de reglas de conducta, por el plazo de seis meses; entre ellas, fijar domicilio (en otro lugar) y la prohibición de contacto con otros testigos o posibles involucrados como así también la prohibición de salir de la provincia sin autorización previa.
La causa se inició luego de que personal policial encontrara durante un allanamiento en una vivienda de Manantial Sur, a raíz una denuncia por violencia de género, al menos cuatro toneladas de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social. Tras ese hallazgo, la Provincia se constituyó en querellante en el expediente para dar impulso a la pesquisa.
El 29 de noviembre la fiscala Mariana Rivadeneira acusó a Alberto Felipe López (58 años) y a Juan López Cansillieri (39) de ser coautores del delito de peculado por haber acopiado los alimentos para comercializarlos en lugar de repartirlos a los dispositivos alimentarios de sectores vulnerables y comedores a los cuales representaban.
Tras avanzar en la investigación, se realizaron cuatro allanamientos en viviendas de Alderetes, Yerba Buena y Manantial Sur, en las cuales se secuestró nueva mercadería y se detuvo a Arturo Alejandro Augier y a Malvina Soledad Décima (27). Al día siguiente se presentó en una dependencia policial Brenda Muñoz (23) y también quedó detenida. Según se informó, Augier vivía junto a López Cansillieri y Muñoz está casada con López.
En la última audiencia, la acusación fue sostenida por la auxiliar Brenda Deroy. Allí, Romo se convirtió en el primer arrepentido de la causa y pidió una protección especial, ya que adujo que se “está metiendo con gente pesada”. La Justicia accedió a ese pedido y dispuso que cuente con una custodia permanente.
En su declaración, Romo dejó entrever que parte de la mercadería que era retirada por los detenidos era vendida luego de manera ilegal. “Una vez encontré una planilla que estaba a nombre de Juan López que tenía un listado de mercadería y el monto que se le debía cobrar. No sé quién era esa persona, pero evidentemente era una venta de mercadería”, afirmó.
Luego precisó cómo era su relación laboral. “Desde principios de este año que dejé de trabajar con ellos. Siempre me decían que me darían un trabajo y hasta una casa, pero nunca cumplieron. Siempre se aprovecharon de mis condiciones, es decir, que soy desempleado”, graficó.
“Todo tengo guardado en la computadora. Puede comprobar todos mis dichos con sólo analizar el CPU que secuestraron. Está todo guardado fecha por fecha”, aportó. Incluso, dio los nombres de carpetas de la computadora.
“Quiero aclarar que en mi casa no encontraron nada de mercadería. No tengo nada que ver, lo único que hice fue trabajar con él a cambio de una promesa de trabajo que nunca llegó”, aclaró.
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