Por Nahuel Toledo
17 Enero 2025
ARGUMENTOS. El Gobierno defendió la medida y aseguró que el actual sistema solo favorecía la consolidación de monopolios locales. ARCHIVO
A partir de los cambios introducidos por el Gobierno nacional sobre el sistema antidumping mediante el Decreto 33/2025, el Gobierno nacional busca fomentar la competencia, reducir los precios para consumidores e industria y garantizar un comercio exterior más transparente. Las medidas establecen nuevos límites a la duración de los derechos antidumping y simplifican los procedimientos administrativos, según informó el Ministerio de Economía.
Entre las principales modificaciones se destaca la reducción del plazo de vigencia de los derechos antidumping, que pasa de cinco a tres años, con la posibilidad de una única prórroga por dos años más. Además, las investigaciones necesarias para implementar estas medidas se acortan de 12 a ocho meses. Estas reformas también unifican los trámites administrativos, eliminando la necesidad de presentar documentación en múltiples dependencias, consolidando todo el proceso en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).
Los derechos antidumping, instrumentos diseñados para proteger a la industria local de prácticas desleales como el dumping -cuando un producto importado se vende por debajo de su valor de mercado en el país de origen- han sido objeto de críticas por su duración extendida en el tiempo. Ejemplos como las bicicletas, que cuentan con estas medidas desde hace 20 años, han evidenciado un encarecimiento significativo de productos en el mercado local. Las reformas buscan revertir esta situación, garantizando precios más competitivos y accesibles.
Simplificación
La unificación de los trámites en la CNCE apunta a agilizar las gestiones y reducir la burocracia para los solicitantes. En paralelo, organismos como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor se incorporarán al análisis de los casos, garantizando que las decisiones equilibren los intereses de la industria, los consumidores y el interés público.
Según el decreto, las modificaciones también buscan evitar abusos en la aplicación de estas medidas, devolviendo su carácter original de corrección frente a prácticas desleales. El Ministerio de Economía subrayó que esta reforma contribuirá a un comercio exterior más equilibrado, promoviendo una competencia justa y transparentando los mecanismos regulatorios.
Además, la Ley 24.425, que reglamenta el sistema antidumping, junto con tratados internacionales como el Acuerdo de Marrakech y el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, se mantienen como referencia jurídica principal. Sin embargo, el Decreto 33/2025 introduce ajustes que armonizan la normativa con avances tecnológicos y necesidades del mercado.
El nuevo marco incluye una mayor participación de los interesados durante las investigaciones, así como la posibilidad de implementar medidas provisionales en casos urgentes. La CNCE podrá, por ejemplo, realizar investigaciones “in situ” tanto en el país como en el extranjero para verificar información.
El cierre de los trámites prolongados y las restricciones a las renovaciones ilimitadas marcan un cambio de paradigma en la regulación antidumping. Con estos cambios, el Gobierno busca equilibrar la protección de la industria local con el acceso a precios competitivos para los consumidores.
Defensa
El ministro Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió los cambios en la legislación antidumping y aseguró que el actual sistema era favorable a los monopolios locales.
“Al imponer el antidumping quedamos presa de un monopolio local que nos cobra lo que quiere”, afirmó el titular de la cartera de Desregulación.
Asimismo, descalificó el argumento de que la competencia extranjera destruye la industria local: “Este argumento es un sinsentido, ya que solo podría ocurrir si el producto que me venden tuviera un único productor a nivel mundial”.
Sturzenegger aplaudió la decisión de limitar la duración del antidumping a cinco años, un cambio radical considerando que algunas medidas, como la aplicada a las bicicletas, llevaban 30 años en vigor.
“Otro aspecto clave de la nueva resolución es la obligatoriedad de que las medidas antidumping sean validadas por las entidades de defensa de la competencia y del consumidor.
“Segundo, porque cualquier medida de antidumping deberá contar con una validación de defensa de la competencia y de defensa del consumidor”, aclaró el funcionario de la gestión libertaria.
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