La nueva tarjeta de ayuda alimentaria

Tres aspectos sustanciales se deben contemplar en la organización de un programa de asistencia social y hacia ellos parecen ir las medidas que anuncia el Gobierno con la creación de la Tarjeta Alimentaria Independencia, que comenzará a ser distribuida el 18 de febrero. En primer lugar, garantizar que la ayuda llegue a las familias vulnerables para complementar sus ingresos y asegurar que puedan comprar alimentos esenciales. En segundo lugar, eliminar la intermediación, que ha sido cuestionada y considerada fuente de desvíos y de irregularidades en la distribución de las mercaderías. Y en tercer lugar, fomentar las familias elijan los alimentos según sus necesidades y preferencias.

Llegar a esta situación ha llevado poco más de un largo año, desde que la Nación puso la lupa en la forma en que se entregaban las ayudas, intermediadas por organizaciones sociales y punteros y cuestionó algunos planes y suspendió programas. La Provincia hizo cambios en busca de hacer más transparente el sistema, al tiempo que asumía la responsabilidad de hacerse cargo de los programas. Si bien a lo largo del año se vio que a pesar del agravamiento de los índices de pobreza e indigencia no se daban protestas significativas, también quedaron en claro los imprevistos derivados de un sistema cuya complejidad fue reconocida por las mismas autoridades. Hubo escándalos por el manejo de la mercadería a nivel nacional, que son investigados por la Justicia Federal, y en nuestro medio se dieron las irregularidades descubiertas en el barrio Manantial Sur. Es que el sistema de intermediación requiere que haya un ojo escrutador para evitar desviaciones.

La otra cuestión que necesita aceitada organización y control es que los montos que se reparten alcancen para la provisión de los alimentos esenciales y que los beneficiarios no sean sorprendidos en su buena fe con productos diferentes o con precios elevados. Si van a ir a comercios de cercanía (almacenes barriales) y se van a ocupar por sí mismos de adquirir las mercaderías, estas ya no van a tener las rebajas que podía obtener el Estado al adquirirla por cantidades en mayoristas o en supermercados. En esto la organización de los funcionarios ha de ser fundamental para que funcione el sistema. “Al prescindir de operadores para la distribución de mercadería, el proyecto disminuye costos administrativos, tiempos de espera y riesgos de discrecionalidad en la asignación de recursos”, se especifica en el instrumento. Y se agrega que se apunta a la reducción de desigualdades y la promoción de la soberanía alimentaria en comunidades en situación de vulnerabilidad. “Se busca generar un sistema más inclusivo, justo y participativo. Este modelo garantiza una implementación transparente, facilita el acceso directo a los recursos y posiciona a las familias beneficiarias como protagonistas en la toma de decisiones”, se añade. Es de esperar que el sistema funcione. Va a significar un cambio cultural importante en la distribución de la ayuda social, tan necesaria en una comunidad en la que la mitad de la población está asediada por la pobreza.