17 Febrero 2025
La Provincia pudo recuperar un sector de la Reserva La Angostura a partir de la orden de la Justicia de que se proceda al desalojo del servicio de pesca y de paseo en lanchas conocido como “El Pelao” que, según se informó, había sido usurpado por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar, que había cedido el predio para el desarrollo de la actividad comercial y turística.
La zona arrastra otras irregularidades con la ocupación de terrenos, que han salido a luz a partir de octubre pasado, cuando empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando terrenos en la Reserva Natural La Angostura. Desde entonces hubo varias acciones. Por un lado la Policía eliminó las cercas que habían instalado los representantes de la comunidad indígena en el perilago, y por otro la fiscalía de Estado presentó una medida de no innovar en el fuero contencioso administrativo para evitar que continuasen la venta de tierras y las construcciones. El más conocido de los emprendimientos es el llamado “Loteo Gaucho Castro”, que se encuentra en un proceso judicial complejo, dado que se ordenó el desalojo inmediato pero esa decisión ha sido impugnada. Por el escándalo fue separado temporalmente el delegado comunal de El Mollar, quien dijo ser “una víctima más” y reconoció que también adquirió dos terrenos en ese emprendimiento inmobiliario. En otro caso fue demolido un boliche que estaba ubicado en lugar conocido como “La Playita”. Según se informó, quedan definir qué sucederá con el club Los Sauces (también otorgado por la comunidad aborigen), sobre el que pesa una intimación para no hacer construcciones, y un negocio de venta de artesanías y el bar instalados en la entrada del Valle sobre tierras habían sido cedidas por la Provincia al Automóvil Club Argentino para que instalara un emprendimiento turístico y que fueron devueltas sin que el Estado oficializara el reintegro de ese patrimonio.
Asimismo, está en discusión un predio conocido como Club Náutico, que había sido cedido para que un club de pesca instalara una sede social y en el que se vendieron parcelas y se creó el primer barrio cerrado de El Mollar.
Como en El Mollar, en otras partes de la provincia se han suscitado irregularidades mantenidas a lo largo de los años que se volvieron de difícil resolución por inacción oficial o por decisiones por lo menos cuestionables, como supuestas aprobaciones de Catastro o autorizaciones para otorgamiento de servicios de agua y energía con la sola presentación de papeles de compraventa realizados ante escribano. Estas supuestas autorizaciones, que devienen luego en una maraña jurídica difícil de desarmar, deberían ser controladas al milímetro en el Estado al tiempo que se agiliza la estructura burocrática que permite que ocurran estas cosas. Un paso en este sentido parece haber sido la decisión de suprimir el ente de Regularización Dominial y Hábitat, cuya participación en este proceso está siendo investigada. Un ejemplo de que se pueden cambiar muchas de estas cosas ha sido el acuerdo de las empresas de energía y agua (a través del ente de control Ersept) con la Universidad para que no se provean servicios a loteos irregulares dentro del predio del Parque Sierra de San Javier, en el marco del conflicto por la restitución del terreno del llamado barrio privado Las Pirámides.
La decidida acción oficial de recuperar los terrenos fiscales debería ser acompañada de una política de cuidado del territorio estatal, lo cual incluye la eliminación de la burocracia en las reparticiones para evitar irregularidades como las descriptas, que a la postre devienen en caos.
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