El "costo tucumano" impacta en la economía: trabas y desafíos para un nuevo modelo

1). La carga impositiva es el primero de los condicionantes

El economista Gustavo Lazzari sostiene que, si se estudia el costo efectivo del sistema tributario sistema tributario en Argentinaen Argentina, cualquier comparación internacional coloca al país por encima de competidores de todo el mundo. Según un informe de la Fundación Mediterránea, la presión tributaria efectiva en provincias aumentó un 54% entre 2000 y 2015, luego disminuyó un 4% entre 2015 y 2024, con lo que aun exhibe un incremento del 48% entre 2000 y 2024. Tucumán cuenta con la segunda carga impositiva más alta a nivel provincial de todo el país y desde hace varios años. En el promedio regional, supera a Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. Juan Carlos de Pablo, otro economista, aseguró que el denominado “costo argentino” es un concepto que tiene más que ver con las provincias que con la administración nacional. Desde comienzos de año, el gobierno del presidente Javier Milei presiona a los gobiernos locales para que bajen impuestos y tasas. Tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como la intendente Rossana Chahla aseguran que bajar tributos implicará brindar menos servicios.

2). Asimetrías por la falta de inversión en infraestructura

La región NOA enfrenta históricas asimetrías con las zonas más desarrolladas del país. Las infraestructuras vial, ferroviaria y aérea son vitales para la actividad productiva y la circulación de bienes y servicios. Las necesidades logísticas son esenciales para la evaluación de costos de inversión. Tucumán tiene solo tres corredores viales nacionales dentro de su territorio: 40, 34 y 9.  Además, la provincia está cruzada por otras dos rutas federales: 38 y 157. Las dos primeras están en proceso de privatización. Las otras son vías de una sola trocha y con poco desarrollo desde hace décadas. La red de rutas provinciales viene recibiendo inversiones en el último año, pero la falta de presupuesto para atender esos caminos se mantuvo durante varios años. En materia de trenes, las vías que pasan por  Tucumán también están en proceso de concesión nacional. Registran inversiones limitadas o paralizadas durante varias administraciones. En el rubro aeroportuario, en tanto, se registran las inversiones más importantes en este ítem clave para evaluar el costo tucumano.

3). Cargas fiscales para contratar trabajadores

La legislación laboral y los tributos que cargan la contratación de personas es uno de los puntos más polémicos del costo argentino. Refiere a una normativa laboral que, según la mirada del gobierno y de sector empresarios genera costos impositivos y regulatorios elevados, además de una alta conflictividad judicial. En materia del “costo tucumano” aparece el impuesto a la Salud Pública que grava directamente el salario que se le paga a los trabajadores. Es decir que, por cada sueldo pagado, se le impone al empleador la obligación de  contribuir al Estado con otro impuesto. Solo seis de 24 provincias lo perciben, Tucumán es una de ellas y con la segunda alícuota más alta del país. Entidades empresarias y legisladores de la oposición plantearon, en varias oportunidades, su eliminación. Pero sigue vigente y afecta a las proyecciones de la creación de empleo registrado. El denominado costo laboral impacta en la provincia en la regularización del empleo. Las estadísticas oficiales ponen a los trabajadores en negro como la segunda fuerza laboral en esta zona del país.

4). El peso de la burocracia incide en el desarrollo

El ministerio de Desregulación de la Nación anunció que el Gobierno les pedirá a todos los ministerios que, en 30 días, presenten todas las leyes, decretos y normas que a su criterio requieran revisión, derogación o simplificación. El plan “Burocracia Cero” busca avanzar en la desregulación y simplificación del Estado con el objetivo de bajar el “costo argentino”. En Tucumán, la provincia avanzó en la digitalización de trámites con más de 700 ventanillas digitales. Sin embargo, hay desarrollos dispares entre municipios y reparticiones públicas.  El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que los trámites en América Latina son difíciles, lentos, vulnerables a la corrupción.  En un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, sobre 16 ciudades argentinas, San Miguel de Tucumán quedó 15 en el listado de peores municipios para hacer trámites. En este ítem también se incluye el costo fiscal de las reparticiones públicas. La Legislatura y el Concejo Deliberante de la capital están al tope de gastos en la comparación con sus pares del resto del país.

5). El valor de los servicios públicos es otro dato crítico

La no cobertura de necesidades básicas afecta la productividad y el desarrollo humano. En Tucumán, casi la mitad de la población no tiene acceso en forma conjunta a tres servicios esenciales: luz, gas y agua potable. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, los tucumanos de bajos ingresos están entre los que pagan las facturas más caras del país para acceder a la energía eléctrica. En el rubro viajes en colectivo, la provincia está entre las diez más caras de la Argentina.  El año pasado, los industriales del NOA resaltaron la necesidad de reducir el alto costo de la energía eléctrica y la asimetría que ello genera con el resto de las industrias del país. La provincia se incluyó en ese reclamo que fue señalado como crítico para la producción local. Otro item vinculado con los servicios públicos y su impacto en el “costo tucumano” es de la seguridad. El economista Gustavo de Lazzari asegura que las empresas han internalizado el sobrecosto en custodias. Se estima que estos gastos alcanzan 1% de la facturación.

6). Dificultades para acceder al sistema bancario formal

Por cada peso que el sector financiero le presta a la economía privada del país, Chile presta 9, Brasil 6 y Estados Unidos 16. El promedio mundial es 12 por cada peso que recibe una empresa argentina. La mayoría de las PyMES programa sus actividades sin acceso al crédito formal. Ingresos Brutos, impuesto que las provincias imponen a diversas actividades económica es otro obstáculo para la formalización financiera en Argentina. Se gravan a las operaciones en billeteras virtuales, bancos u otras empresas del sector con alícuotas que varían entre el 3% y el 16,5%. Esto hace más caro los productos que ofrecen. En la tabla general del país, Tucumán se encuentra en la mitad entre las provincias con mayores tasas sobre servicios financieros con un alícuota del 5% según datos de la Cámara Argentina Fintech, El dato hace más costosa las operaciones que realizan quienes venden productos a la provincia porque deben incluir ese items en sus previsiones. Las empresas que operan en dos o más distritos tributan por porcentajes en las zonas en las que trabajan.

Puntos de vista 

“Una trampa de la que parece imposible escapar sin reformas de fondo”

SANTIAGO RODRÍGUEZ MORENO

ECONOMISTA, UNT

Tucumán enfrenta un estancamiento económico crónico que golpea directamente el bienestar y desarrollo humano de su población. La provincia se encuentra atrapada en un ciclo vicioso de bajos ingresos, salarios insuficientes y un crecimiento prácticamente nulo, que la mantiene rezagada frente a otras regiones del país. Según los datos más recientes y confiables, Tucumán lleva más de 30 años sin crecer en términos reales. Los inversores buscan rentabilidad sobre su capital, y una carga impositiva elevada actúa como un desincentivo directo. Esto provoca que muchas inversiones se trasladen a provincias vecinas con menor presión fiscal o, en el peor de los casos, que nunca lleguen a concretarse. Como consecuencia, se pierde la oportunidad de generar empleo y dinamizar la economía provincial, perpetuando el estancamiento de Tucumán.

Lo paradójico de esta situación es que, a pesar de ser una de las provincias con mayor presión fiscal, Tucumán también se encuentra entre las peores en materia de infraestructura. En los últimos ocho años, Tucumán invirtió apenas un 7% de su presupuesto en infraestructura. En comparación, San Luis destinó más del 35% en promedio, Santiago del Estero superó el 30% y San Juan alcanzó el 20%. La falta de infraestructura no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que también limita la atracción de inversiones privadas.

Este esquema genera un círculo vicioso en el que el Estado tucumano es la principal fuente de empleo de la provincia. Sin embargo, dado que su financiamiento proviene únicamente del cobro de impuestos, el resultado es que, a medida que los tributos aumentan, la inversión privada cae, disminuyendo las oportunidades laborales en el sector privado. Esto genera una mayor presión social sobre el Estado para absorber la creciente desocupación, perpetuando una trampa económica de la que parece imposible escapar sin una profunda reforma estructural y sobre todo, decisión política.

Como si esto fuera poco, Tucumán también es una de las provincias con peor calidad institucional. Además, establecer una empresa en la provincia es significativamente más costoso y burocrático que en otros distritos. Por ejemplo, en Tucumán se necesitan, en promedio, 100 días para abrir un negocio, mientras que en la CABA el mismo proceso puede completarse en 25 días.

El estancamiento económico de Tucumán no es un problema coyuntural, sino estructural. La combinación de alta presión fiscal, escasa inversión en infraestructura y baja calidad institucional ha convertido a la provincia en un entorno poco atractivo para el desarrollo productivo. Para revertir esta situación, se requieren reformas profundas que impulsen la inversión y fomenten el crecimiento del sector privado.

“Un problema de larga data”

CLAUDIO VIÑA
LEGISLADOR, EX SECRETARIO DE HACIENDA DE SMT

El costo tributario tucumano viene de larga data. Sin embargo, el mismo no se ha incrementado en la actual gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, salvo mínimas excepciones.  Ingresos Brutos es el tributo de mayor preponderancia en la recaudación provincial.  Conviven con él otros tributos locales, como el retrogrado impuesto de Sellos, el impuesto Inmobiliario y el impuesto Automotor.

Debido a que el tributo de mayor recaudación no es coparticipado con los municipios, estos a su vez aplican un tributo sobre la misma base imponible que agrega costo tributario a la simple emisión de una factura por una venta o una prestación de un servicio.

Si bien hay actividades promovidas, como las relacionadas con la economía del conocimiento, con exenciones hasta 2050, la mayoría de las promociones o exenciones tributarias son exclusivas para determinados sujetos. Estas no llegan a convertirse en auténticos regímenes o programas de promoción de actividades.

Sin ir más lejos, call centers, cervecerías y empresas de transporte, gozan de leyes que determinan la reducción o exención tributaria de manera puntual para uno o más sujetos pasivos determinados. En la tabla comparativa de alícuotas de Ingresos Brutos para determinadas actividades en diferentes provincias, se evidencia que Tucumán está a la cabeza en la mayoría de los casos. Esto sin incluir en la enumeración al Impuesto a la Salud Pública que impacta en la planilla salarial.

Todas estas cuestiones, la mayoría de ellas proveniente de las administraciones anteriores, son las que hacen, que Tucumán sea una de las provincias con mayor carga tributaria del país.  No obstante, lo mencionado, creo que hay un camino para ir mejorando. Es un desafío que debe encararse con responsabilidad.

"No se incentivan inversiones"

JOSÉ SELEME
LEGISLADOR UCR

El costo de producir en Tucumán es elevado debido a diversos factores que dificultan la competitividad y el desarrollo económico. Sin embargo, existen estrategias para revertir esta situación y generar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento.

Tucumán es una de las provincias con mayor carga fiscal. Por ejemplo, aplica un impuesto a la nómina salarial del 2,5 % por cada $100 de salario, una medida presente en solo cinco provincias y con una de las alícuotas más altas del país, lo que desincentiva la formalización laboral. Además, el impuesto sobre los Ingresos Brutos es particularmente invasivo debido a los regímenes de recaudación anticipada, afectando a empresas y bancos designados como agentes de retención. Por otro lado, el impuesto a los Sellos también es excesivamente abarcativo, gravando incluso los resúmenes de tarjetas de crédito, una práctica poco común en otras provincias.

A pesar del crecimiento del mercado regional, el gobierno no ha logrado incentivar la llegada de inversiones. La política tributaria, la incertidumbre institucional y la escasa obra pública limitan la competencia y encarecen los costos. Sin infraestructura adecuada ni seguridad jurídica, el capital evita instalarse en la provincia, rezagándonos respecto a nuestros vecinos.

Hay un camino por recorrer. Uno es la postergada reforma tributaria provincial. Tenemos que seguir el ejemplo del gobierno nacional y reducir la carga fiscal en áreas clave, especialmente en la nómina salarial, Por otro lado, tenemos que generar un clima de  estabilidad institucional y seguridad jurídica que motive a las empresas a establecerse en Tucumán.  Tucumán puede transformarse en un polo productivo más competitivo, Hace falta decisión política.