08 Marzo 2025
Se presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para que San Miguel de Tucumán cuente con un Tribunal de Cuentas. "Un órgano de este tipo no solo garantiza transparencia, rendición y control de las cuentas, sino que también es un paso más hacia la eficiencia del gasto", plantearon sus autores, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos.
En ese sentido, los concejales señalaron que se trata de un buen contexto para debatir este tema, en medio de dos discusiones que se están llevando adelante en la provincia: la permanencia de los municipios en el Acuerdo Fiscal Municipal y la lupa que se puso en sus gastos.
"Esta idea va en consonancia con lo que planteó la intendenta Rossana Chahla cuando advirtió que 'si nos controlan, somos mejores'. Entendemos que un órgano de este tipo no solo garantiza que se cumpla con principios de transparencia y rendición de cuentas, que deben regir la función del Estado, sino que, a la vez, es una forma de recuperar la confianza ciudadana. Buscamos que los vecinos de la capital sepan que cada peso que sale de su bolsillo para los impuestos municipales se gasta de manera clara, de acuerdo con los objetivos planteados por el Municipio y en favor de los ciudadanos de la ciudad", declaró Canelada.
Por su parte, Cobos señaló que el objetivo es trabajar de manera conjunta con el municipio en esta iniciativa. "Le vamos a estar acercando una copia a la intendenta porque nos parece que es oportuno abrirlo al debate. Es importante aclarar que un Tribunal de Cuentas no tiene que ver solamente con controlar que no haya hechos de corrupción, sino que también permite eficientizar el gasto, porque, al analizar cómo se están gastando cada una de las partidas, podemos tener este tipo de análisis. Además, creemos que este es un momento oportuno para este debate, en un contexto en que están bajo la lupa los gastos que hicieron algunos municipios en los últimos años".
En cuanto al proyecto, plantea el objetivo de tener un tribunal con tres vocales designados por el Concejo, con representación de la oposición para garantizar un control efectivo. Los vocales deben ser abogados o contadores que puedan acreditar que están especializados en auditoría y control de finanzas. Su rol, según el proyecto, durará seis años.
En cuanto a esta cuestión temporal, los ediles explicaron que tiene dos razones: por un lado, para que pueda superar una gestión de gobierno municipal y, por otro, para que no sea un cargo perpetuo. Esto le permitirá al Concejo Deliberante poder valorar, a su término, el trabajo que se está realizando.
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