25 Junio 2025
BAJO LA LUPA. La Cámara Federal de Casación Penal revisará el régimen de visitas de la ex presidenta.
Después de idas, vueltas y polémicas en torno al régimen de visitas que tendrá la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mientras cumple su condena a seis años de prisión, el Tribunal Oral Federal elevó a la Cámara de Casación una apelación para revisar el régimen impuesto. En el caso intervendrá la Sala IV que para el expediente de “Vialidad” está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Es el mismo tribunal que antes que la Corte Suprema confirmó la condena de la ex presidenta.
Tras la aclaración que la Justicia tuvo que brindar sobre el uso del balcón del departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, el régimen de visitas es otra de las disputas que se generó sobre la prisión domiciliaria de la ex mandataria. Los jueces del tribunal ordenaron que Fernández de Kirchner tenía que presentar un listado con sus familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar al domicilio sin autorización. Toda otra persona debía tener autorización de la justicia a pedido de la dirigente peronista.
Ese listado fue presentado el lunes por la defensa. Pero los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, objetaron que se le ponga un límite a las visitas. Ante esto, le pidieron al tribunal una reconsideración de su decisión o en caso contrario que apelaban a Casación.
“Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, sostuvo la defensa en su planteo y agregó que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”.
A partir de la vigencia de la apelación, en la que ahora intervendrá la Cámara de Casación, el tribunal podría tener que resolver otras cuestiones. Una es la propia prisión domiciliaria y la segunda es el uso de la tobillera electrónica.
Nuevo rechazo
Ayer, la sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal desestimó un recurso de queja interpuesto por la defensa de la ex presidenta, con el que pretendía cerrar la causa en la que el Estado Nacional busca recuperar el dinero de las obras que se investigaron en la causa Vialidad.
El expediente en cuestión se remonta a enero de 2018, cuando la Dirección Nacional de Vialidad, durante la administración de Javier Iguacel, dio inicio a esta acción civil por supuestos daños y perjuicios ocasionados al patrimonio estatal. A partir de esa acción, se pretende que la dirigente peronista y los otros condenados devuelvan la suma de 22.300 millones de pesos.
A través de sus defensores, la titular del PJ nacional había insistido el mes pasado con el cierre de esta causa civil por la “caducidad de la instancia”, al entender que Vialidad “no realizó presentación alguna” en el expediente “por más de dos años”.
Como parte de sus argumentos, los jueces de alzada entendieron que entre los meses de marzo y septiembre de 2023, cuando se presentó la solicitud de caducidad, no se cumplieron los seis meses previstos por el Código Civil y Comercial, y que incluso correspondía descontar el período de la feria judicial de invierno de ese año.
Además, la sala III de la Cámara Civil y Comercial, al analizar el recurso de queja, estableció que la normativa procesal indica que una resolución sobre caducidad solo es apelable cuando se la declara procedente.
La Cámara también señaló que, si bien puede haber excepciones a esta regla, la defensa de Fernández de Kirchner no demostró ninguna razón para correrse de lo establecido. Además, si la caducidad se hubiera aceptado, Vialidad aún podría iniciar otro proceso con el mismo objetivo.
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