Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Una denuncia por presunto tráfico de influencias, en la que se involucra a un allegado a uno de los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, tiene en vilo a los miembros de la Justicia Federal de la provincia. Se trata, según la investigación, de un entramado de supuestas ventas de sentencias, que vincula a funcionarios públicos con un círculo afectivo y profesional.

El expediente

Las acusaciones se respaldan en un expediente que, con capturas de pantalla y grabaciones, contiene datos de una supuesta red de influencias que podría haber operado en el corazón mismo de la administración de justicia.

Según el expediente, el 29 de abril de 2025, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se presentó espontáneamente en la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal subrogante Agustín Chit. Con documentos y testimonios, Martínez Salazar Pérez relató cómo Luis Alejandro Ontiveros, a quien identificó como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, le habría ofrecido un fallo favorable en una causa que afectaba a su hijo, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de una coima, señalando a Solana Esther Casella, pareja de Ontiveros, relatora de Leal y postulante a jueza federal, como la encargada de redactar la sentencia ofertada. Salazar Pérez se presentó junto al abogado Juan Andrés Robles, quien se convirtió en representante de la querella.

Martínez Salazar Pérez detalló que los contactos se habían iniciado años atrás cuando, en Catamarca, comenzó una investigación contra su hijo y contra otras personas que finalmente habían resultado imputadas en una causa por presuntas estafas. El primer encuentro, según su testimonio, ocurrió en 2023 en un bar de San Miguel de Tucumán, donde Ontiveros, quien también había prestado servicios en la ex AFIP, le habría ofrecido el sobreseimiento de su hijo por una suma de U$S 100.000, mencionando a su esposa, Solana Esther Casella, como clave por su rol de relatora del camarista Leal. En esa ocasión, Martínez Salazar Pérez relató que se molestó y se fue, considerando la propuesta inaceptable y sintiéndose “ultrajado por la desfachatez de la situación planteada”.

Dos años después, el 15 de abril de 2025, según la denuncia radicada ante Chit, las comunicaciones se reanudaron a través de WhatsApp, con Ontiveros agendado como “Luis Ontiveros, sobrino Marito Leal”, invitándolo a un café. Esa tarde, en un bar de Yerba Buena, Ontiveros habría reiterado la oferta, esta vez por U$S 80.000, para revertir un pedido de prisión preventiva contra el hijo del denunciante, insistiendo en que Casella, su esposa y relatora de Leal, era quien manejaba el tema y que existían “votos de tres a dos en contra” que podrían revertirse. El denunciante dio detalles incluso el auto en el que presuntamente se movilizaba Ontiveros. A partir de este segundo encuentro, según el relato, Martínez Salazar Pérez empezó a pedir tiempo, mientras que Ontiveros insistía. El 21 de abril, las partes se encontraron nuevamente en un bar de Yerba Buena, pero esta vez el denunciante acudió con un micrófono oculto que grabó la conversación, aportando una prueba para la investigación. En esa reunión, Ontiveros habría detallado que, en caso de aceptar, el pago podría realizarse en dos partes: una inicial y otra 15 minutos antes de la publicación de la resolución que favorecería al hijo del denunciante, momento en el que él se la compartiría. Ante esta propuesta, el hombre, dijo, se negó y cesó el contacto, tras lo cual, ya en la Justicia, aportó además videos, fotografías del encuentro y capturas de pantalla de los chats al expediente judicial. Según la denuncia, y la información recolectada, la única demora (más de 20 días) en fallar fue de Leal.

Sobre la base de la presentación del denunciante, el fiscal Chit determinó que Ontiveros había utilizado un vehículo Fiat Toro bordó, registrado a nombre de la Corte Suprema de la Nación, y asignado a la vocalía del juez Mario Leal, un dato corroborado por la propia Cámara Federal. Además, Chit acreditó la existencia de un “vínculo personal no filial” entre Ontiveros y Leal, que Ontiveros utilizaba la billetera virtual del juez para pagos, que Casella era relatora asignada a Leal, y que el hermano de Ontiveros, Gustavo Ramón, también trabajaba en el Poder Judicial de la Nación.

“Un montaje”

En respuesta a la denuncia, Luis Ontiveros negó las acusaciones, afirmando que todo era un “montaje” para “ensuciar” a su pareja, Solana Casella, quien es candidata a jueza federal. También presentó una contradenuncia por falso testimonio contra Martínez Salazar Pérez, alegando que el denunciante buscaba anular el proceso judicial que enfrenta su hijo por lavado de activos y asociación ilícita en Catamarca. Ontiveros se quejó de haber sido sometido a intervención telefónica, requisa personal y secuestro de su celular sin fundamento, por lo que incluso recusaría al juez subrogante José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°2, argumentando parcialidad en el proceso. La defensa planteó que las pruebas eran “inconsistentes” y que no existía audio ni mensaje que confirmara un pedido de dinero. Cuestionó también la hipótesis de que un relator pudiera alterar la decisión de cinco jueces en un tribunal colegiado. El denunciante, sin embargo, insistió en que las conversaciones grabadas, los mensajes y las citas presenciales demostraban la maniobra.

LA GACETA intentó infructuosamente hablar con el camarista. Se le enviaron mensajes a su número de teléfono personal y se lo buscó en su despacho en reiteradas ocasiones, pero en ningún caso obtuvo respuesta.

A pesar de los planteos de la defensa, Díaz Vélez autorizó la intervención de las comunicaciones y el secuestro del teléfono de Ontiveros, el cual se llevó a cabo el 4 de junio, en un procedimiento en el que el hombre intentó, inicialmente, frustrar la medida entregando el celular apagado a su hermano Ricardo Ángel Ontiveros, según se informó. Posteriormente, el 11 de agosto de 2025, Díaz Vélez confirmó a Martínez Salazar Pérez el rol de querellante en la causa y rechazó los planteos de nulidades y recursos presentados por la defensa.

El peritaje sobre el teléfono de Ontiveros se realizó el 20 de agosto. Ese día, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF-Policía Judicial) hicieron extracción de todos los datos que podían servir para la causa, y los dejaron a disposición de la Justicia. Ahora se debe determinar que de todo lo que se encontró puede ser utilizado para la investigación. Para eso se hace una “nube” de palabras claves en la cual los investigadores deben buscar mensajes y pruebas que estén relacionados con la pesquisa. Una vez que se resuelva esto, Chit decidirá si solicita la indagatoria de Ontiveros como imputado.

"La denuncia es absolutamente falsa"

Uno de los abogados del sospechoso Luis Ontiveros, Camilo Atim (el otro es Pablo Macarón), habló con LA GACETA sobre el caso y desvirtuó desde su punto de vista toda la investigación.

“Lo primero que quiero aclarar es que se trata de una denuncia falsa, armada y guionada. El objeto es perjudicar a mi cliente y a su pareja, Solana Casella, quien actualmente se encuentra en la terna para cubrir el cargo de Juez Federal 1 con Competencia Electoral de Tucumán, una profesional académica, con los suficientes méritos y conocimientos por haber transcurrido y aprobado un concurso público de antecedentes y oposición. Lo que potencialmente la postula para ser la primera mujer jueza federal Electoral de Tucumán”, dijo. “Y a esta razón -agregó- se le suma el hecho de que el señor Mario Martinez Salazar Perez, (Jefe de Investigaciones de ARCA Tucumán) tiene a su hijo procesado por los delitos de Asociación Ilícita y Lavados de Activos por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, por lo cual es un intento desesperado de provocar una nulidad que favorezca la situación procesal de su hijo”

Atim reafirmó que es absolutamente falso que Ontiveros le haya pedido 100.000 dólares a Martínez Salazar para obtener un voto favorable. “En ninguna parte de la denuncia el denunciante indicó que el pedido de dinero fuera para obtener un voto favorable del doctor Leal. Lo cierto acá, y así consta en el sistema de consulta pública, es que la sentencia que supuestamente le ofrecieron al denunciante para su hijo, salió por unanimidad (es decir sin disidencia alguna) de los cinco vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Con lo cual se observa lo absurdo de la denuncia. ¿De qué puede servir un solo camarista si son cinco los que deciden? Y justamente en este caso salió por unanimidad”, advirtió el abogado. Y siguió con su análisis. “El denunciante afirmó que Luis Ontiveros le habría requerido grandes sumas de dinero a cambio de hacer valer sus influencias por medio de su esposa, quien era relatora de un Juez de la Cámara Federal y que “tenía el tema para resolver”, a los fines de lograr resoluciones favorables a su hijo en el marco de la causa “Yazbek Federico y otros. Imputado: Nieva, Alicia Estela y otros” Expte.: 5253/202. Sobre esta cuestión, el propio denunciante contradice todo el tiempo sobre lo que existe en el expediente. En la denuncia sostiene que la influencia es la pareja de mi cliente (la relatora) y en otros ámbitos da a suponer que es un Vocal de la Cámara Federal. Primero habla de 100.000, luego de 80.000 y quizás mañana diga otro monto o vaya acomodando su relato”. “¿Por qué esto? -se preguntó- Simplemente porque como está probado en el expediente, Solana Casella (la relatora) estuvo de licencia por maternidad todo el tiempo que tramitó la causa, y además nunca fue relatora asignada a ese juicio. Martinez Salazar intenta variar mediáticamente su relato, respecto de lo que dijo en la denuncia y esta vez tratando de desprestigiar a un distinguido magistrado, y además ahora cambia su relato, colocando a la relatora como el nexo entre su pareja y un magistrado”. Además, dijo, “tengo que aclarar que este tipo de delitos sólo lo podrían cometer los jueces o fiscales, quedando en claro que una relatora no posee esas facultades y funciones, ya que solo cumple funciones de relatoría y bajo las órdenes directas de los jueces. Por eso es que ahora el denunciante pretende involucrar a miembros de la Cámara”. Según Atim, “Martínez Salazar Pérez con su denuncia aportó un audio donde según él estaba la prueba de los hechos de su denuncia (ofrecimiento de influencias y pedido de dinero). Pero en el mismo expediente consta como prueba un informe de Gendarmería del único audio y ¿saben que dice? Que es inaudible”. “La única verdad acá es que en todo el expediente no existe una sola prueba que mi defendido hubiera solicitado dinero a cambio de cualquier tipo de influencia”, remarcó el letrado.