La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Solana Casella, relatora del camarista federal Mario Leal y pareja del principal denunciado en la causa por tráfico de influencias, Luis Alejandro Ontiveros, se encuentra en una posición sumamente delicada, en un momento crucial de su carrera profesional. Su nombre resuena en los pasillos judiciales no solo por su rol clave en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, sino también por ser una de las concursantes ternadas para convertirse en jueza federal N°1.

La denuncia radicada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez la señala como la persona que, por su posición, habría estado a cargo de redactar la sentencia supuestamente ofrecida a cambio de una coima. Su esposo, Luis Ontiveros, es el principal sospechoso en la causa en la que se investiga el pedido de 100.000 dólares para obtener una sentencia favorable en un caso que se inició en Catamarca, provincia sobre la cual la Cámara de Apelaciones tiene jurisdicción.

Lugar estratégico

Casella ocupa un puesto de relevancia en la Justicia Federal de Tucumán como relatora del vocal de la Cámara Federal de Apelaciones, Mario Leal, y como directora de Despacho interina de la misma institución. Esta posición la sitúa en un lugar estratégico dentro de la estructura judicial, con acceso directo a la información y el procesamiento de causas que se tramitan ante el órgano colegiado. Su perfil profesional se entrelaza con los detalles de la denuncia por tráfico de influencias, lo que la convierte en una figura central para comprender la magnitud y el alcance de las presuntas irregularidades, aunque su participación directa aún está bajo escrutinio.

Concursante ternada

El impacto de la denuncia sobre Casella es particularmente significativo debido a su actual aspiración de convertirse en jueza federal. Ella es una de las concursantes ternadas para ocupar el cargo de jueza federal N°1 de Tucumán. El 31 de octubre de 2024, el Consejo de la Magistratura de la Nación envió al Poder Ejecutivo la terna de candidatos, donde Casella figura como la última de la propuesta, compitiendo con Carlos Ezequiel Oneto y Carlos Eduardo Saltor. Este hecho, reconocido incluso por su esposo Luis Ontiveros como el motivo del “montaje” para “ensuciarla” y a él mismo, magnifica la presión y el escrutinio sobre su persona y su trayectoria.

El vínculo con Ontiveros es otro de los puntos señalados en la denuncia. Fotografías y publicaciones en redes la muestran en actividades conjuntas con él y con Leal, reforzando la percepción de un círculo cerrado que combina vida personal, laboral y académica. Para el denunciante, esa red garantizaba capacidad de influencia real; para la defensa, no existe ninguna prueba que lo confirme.

La trayectoria de Casella en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán comenzó en 2021, cuando ingresó sin concurso,. Inicialmente se desempeñó como escribiente y, desde el 6 de julio de 2023, fue designada jefa de despacho contratada interina, con una afectación directa a la función de relatora del juez Mario Leal, según la Acordada 47/23. Este ascenso y su cercanía al camarista Leal son elementos clave en la trama de la denuncia, pues es precisamente su rol de relatora lo que, según el denunciante, le permitiría redactar la sentencia supuestamente ofrecida por su pareja.

Espacio académico

Además de su función judicial, Solana Casella también comparte un espacio académico con el juez Leal y con Ontiveros. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Casella es docente auxiliar, mientras que Leal es profesor titular y Ontiveros jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Derecho Privado I. Estas múltiples conexiones, tanto laborales como académicas y personales, dibujan un escenario de interrelación estrecha que es precisamente lo que el denunciante, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, representado por el abogado Juan Andrés Robles, argumenta que le otorgaba a Luis Ontiveros una “capacidad real de influir” en el resultado de las causas judiciales.

“Hipótesis ridícula”

La defensa de Ontiveros ha insistido en desvincular a Casella de cualquier implicación delictiva. El abogado Pablo Maximiliano Macaron dijo que Casella, como relatora, carece de la idoneidad y las facultades legales para ser sujeto activo de la conducta ilícita denunciada, pues tales acciones sólo podrían ser cometidas por funcionarios públicos con competencias de magistratura o ministerios públicos. Según Macaron, una relatora “no posee esas facultades ni funciones, sino que actúa bajo las órdenes directas de los magistrados”, calificando la hipótesis de la denuncia como “imposible” y “ridícula”.

Para reforzar su argumento, la defensa de Ontiveros presentó dos hechos específicos sobre la situación de Casella. En primer lugar, afirmaron que Casella “nunca había estado sorteada y asignada a la causa de Martínez Pareja”, el hijo del denunciante, un dato que, según ellos, puede ser fácilmente chequeado. En segundo lugar, Camilo Atim, otro de los defensores, señaló que Casella se encontraba en uso de “licencia ininterrumpida por maternidad y por compensación de feria” desde el 30 de enero de 2025 hasta el 2 de junio de 2025, tras el nacimiento de su hija, un período que abarca los momentos clave de las supuestas negociaciones de 2025.

El abogado Macarón, ha intentado desvincular al juez Leal y a su relatora de cualquier posibilidad de influencia indebida, argumentando que la hipótesis del denunciante “carece del menor grado de credibilidad”. Para Atim es “imposible” que Casella, tenga la capacidad de “conmover el voto de toda una Cámara conformada por cinco jueces”, calificando la idea de “ridícula” y sugiriendo que, de ser cierta, implicaría la existencia de una “asociación ilícita entre los cinco vocales” con Casella como jefa.

“Presunta influencia”

Sin embargo, el denunciante, Martínez Salazar Pérez, ha refutado los argumentos de la defensa, insistiendo en que la vinculación de Ontiveros con personas que trabajan en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, incluyendo a Casella, es suficiente para demostrar su “capacidad real de influir en el resultado”. Para el querellante, la mera existencia de estas conexiones, y la forma en que fueron utilizadas por Ontiveros para presentarse como alguien con acceso privilegiado, es lo que constituye la base de la hipótesis criminal, sin necesidad de probar una acción directa e intencional de Casella en la supuesta venta de sentencias. Es esta presunta capacidad de influencia, y no la ejecución directa, lo que el denunciante busca que se esclarezca.

Con su nombre ligado a la denuncia y su futuro profesional en juego, las acciones y argumentos de su defensa, así como las pruebas que surjan de la pericia del teléfono de Ontiveros, serán determinantes.