Por Martín Soto
15 Octubre 2025
PROCESADA. Figueroa solicitó licencia de sus funciones como legisladora para atender su defensa judicial.
El procesamiento por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita, no le dejó otra alternativa a la legisladora Sandra Figueroa que pedir licencia en la Cámara para preparar su defensa ante la formalización de las acusaciones de parte de la Justicia Federal. El permiso formal se dio a conocer el pasado lunes, pero la nota fue enviada a Sergio Mansilla -a cargo del Poder Legislativo- el jueves 9, un día después de que se notificó a la Cámara la determinación que tomó el juez federal José Manuel Díaz Vélez, en base a la investigación del fiscal Rafael Vehils Ruiz.
En un escrito escueto, la parlamentaria mencionó que el pedido de licencia en sus funciones legislativas a partir del mismo jueves 9 se basa en “los hechos de público conocimiento vinculados a la causa que investiga la Justicia Federal, pudiendo así abocarme a mi defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar mi situación de manera transparente”.
Fuentes legislativas explicaron que la licencia de Figueroa comenzó a regir desde el mismo momento que la presentó y que no tiene un plazo estipulado. Señalaron, sin embargo, que este tipo de permiso debe ser refrendado ad referéndum por el cuerpo colegiado en el recinto. De hecho, el artículo 100 del reglamento interno establece: “las licencias y permisos solicitados se votarán sin discusión”. No se precisó, sin embargo, si la licencia de la legisladora procesada es con o sin goce de sueldo.
Antes de que se hiciera pública la licencia presentada por la legisladora alberdiana, sus pares radicales José Cano y Silvia Elías de Pérez presentaron un pedido de suspensión por 120 días hábiles. En los argumentos, mencionaron que la Cámara no puede permanecer indiferente ante hechos de una gravedad institucional inédita que compromete la credibilidad del Poder Legislativo.
El permiso solicitado por la parlamentaria era algo que se esperaba que sucediera para descomprimir la tensión que se generó dentro del oficialismo provincial a pocas semanas de las elecciones nacionales y las municipales de Alberdi. Además, hay quienes -en la oposición y en el oficialismo- observan ciertos paralelismos con el caso vinculado al diputado libertario José Luis Espert.
Sospechas formales
El procesamiento dictado por el juez Díaz Vélez en más de 150 páginas alcanzó a Figueroa; a su esposo, el ex intendente Luis “Pato” Campos; a los ex secretarios José Roldán (Hacienda) y Pablo Barrionuevo (Acción y Desarrollo Social); al ex concejal José Albano Loru; y al empresario Roque “Chipi” Giménez. Todos fueron acusados formalmente de los tres mismos delitos y se les trabó un embargo total por $1.400 millones. A los últimos cuatro, además, se les dictó la prisión preventiva, mientras que al matrimonio se les impidió salir de la provincia y del país sin autorización.
El escándalo de Alberdi se desató a inicios del mes de junio, como consecuencia de unos audios que se viralizaron a través de Whatsapp. La conversación vincularía a entonces funcionarios locales con un empresario en una presunta conversación sobre la venta de drogas. El caso escaló de modo exponencial y llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a tomar la dura decisión institucional de intervenir la Intendencia y el Concejo Deliberante vía DNU, medida luego respaldada por la Legislatura por unanimidad.
El domingo 26, además de elegir a los representantes tucumanos en Diputados (se ponen en juego cuatro bancas), un total de 23.156 alberdianos (incluyendo a los jóvenes de 16 y 17 años) tendrán que votar a un nuevo intendente y 10 concejales entre 388 postulantes.
La Junta Electoral rechazó la denuncia contra el interventor
La Junta Electoral Provincial (JEP) rechazó la denuncia que presentaron candidatos de la oposición contra el interventor del municipio de Alberdi, Guillermo Norry, por supuestamente haber incurrido en actos de campaña política en beneficio de candidatos oficialistas.
La determinación del órgano electoral se plasmó en la Resolución 78, con fecha del jueves 9 de octubre.
Norry, quien fue designado por la Casa de Gobierno tras la intervención del municipio, había sido acusado por Luis María Díaz Augier (postulante a intendente), Héctor Adolfo Díaz Chavero (a concejal) de incumplir el deber de neutralidad política, previsto por la normativa electoral, al participar en un acto público encabezado junto al candidato oficialista a intendente, Bruno Romano, y el gobernador en uso de licencia y postulante a diputado nacional, Osvaldo Jaldo.
Los candidatos de Cambia Alberdi denunciaron como un acto proselitista encubierto el evento realizado el 29 de septiembre, que consistió en la inauguración de un complejo de semáforos en calle Marañón. En su descargo, Norry negó todos los hechos e imputaciones, a los que calificó de “falsos, maliciosos y carentes de sustento probatorio”.
La JEP que preside Daniel Leiva evaluó el Régimen Electoral (Ley 7.876) y la Orgánica de Partidos Políticos (5.454), y mencionó que no contemplan sanciones específicas por este tipo de conductas. Sin embargo, advirtió al interventor sobre la necesidad de mantener la neutralidad durante el período electoral, evitando que los actos de gobierno puedan interpretarse como propaganda política.
Al respecto, Díaz Augier protestó: “la JEP ha reconocido, implícitamente, la violación a la ley. Pero decidió no sancionar al interventor. Esta decisión deja en evidencia un doble estándar, cuando se denuncian conductas del oficialismo”.
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