11 Noviembre 2025
COMUNICACIÓN PÚBLICA
El Gobierno provincial decidió dar de baja al jefe y al segundo jefe de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez, luego de que se confirmara que habrían utilizado presos y personal policial en la construcción de una vivienda particular en El Cadillal.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, intervino tras recibir una denuncia anónima que señalaba el posible uso de reclusos y efectivos en tareas de albañilería. Cuando funcionarios de la Fiscalía de Estado llegaron al lugar, encontraron a un policía y a dos detenidos -que cumplían condena en la comisaría de Chuscha, en Trancas- trabajando en la obra.
“Se trata de un hecho inadmisible. Si se confirma, no sólo implica una violación ética sino también penal. En esta gestión no se tolerarán prácticas que atenten contra la ley y la dignidad de las personas privadas de libertad”, señalaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
La investigación se enmarca en un proceso de depuración interna de la fuerza provincial, bajo la conducción del comisario general Joaquín Girvau y su segundo, Roque Yñigo. Sin embargo, el episodio reaviva una vieja herida en la historia institucional de Tucumán, como es la utilización de presos por parte de autoridades judiciales o policiales para beneficio personal.
COMUNICACIÓN PÚBLICA
Uno de los antecedentes más recordado es el del juez Héctor Agustín Aráoz, quien fue titular del Juzgado de Menores de Segunda Nominación. En noviembre de 2004, Aráoz fue asesinado a balazos en su casa de Yerba Buena. Su muerte, rodeada de misterio y escándalo, destapó una serie de denuncias previas por conductas irregulares.
Según registros periodísticos de la época, el magistrado había sido señalado por usar vehículos oficiales y personal policial para asuntos personales. Incluso, trascendió que se valía de detenidos para realizar trámites o tareas menores, una práctica que generó alarma dentro del Poder Judicial. Ninguna de esas acusaciones prosperó antes de su trágico final.
Héctor Agustín Aráoz.
Otro caso emblemático fue el del juez de Ejecución Penal Roberto Guyot, destituido en 2019 por el Jurado de Enjuiciamiento. Una auditoría de la Corte Suprema provincial comprobó que un preso de Villa Urquiza lavaba el auto del magistrado. Aquello, que podría parecer anecdótico, fue considerado una “ventaja indebida” y una falta grave al decoro judicial.
Roberto Guyot
Las denuncias contra Guyot iban más allá: irregularidades en el control de internos, supuestas connivencias con personal penitenciario y demoras injustificadas en causas vinculadas a narcotráfico. Su destitución, luego de una larga investigación, fue vista como un caso testigo de los límites que el poder judicial debía imponer sobre sí mismo.
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