04 Diciembre 2025
La Justicia rechazó los planteos impugnatorios presentados por los policías acusados de haber utilizado a condenados por abusos sexuales realizasen trabajos de albañilería en una casa de El Cadillal que se estaba construyendo en un terreno que habría sido usurpado, puesto que pertenece a la Provincia. Los acusados seguirán tras las rejas, pero en lugares diferentes porque se desató un conflicto de intereses entre ellos.
La fiscala Mariana Rivadeneira sostuvo que Alfredo Beltrán, ex jefe de la Unidad Regional Norte, podría haber puesto en práctica un complejo sistema para evitar ser descubierto. Además de utilizar a los penados, habría conseguido que los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, que prestaba servicios en su jurisdicción, realizaran trabajos en la vivienda particular del comisario. Además, habrían utilizado los recursos de la fuerza para trasladar a los condenados.
La fiscala acusó a Beltrán por los delitos de peculado de uso y de servicio en concurso real, de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, en calidad de autor y de coautor por el tercer ilícito. A Trejo y a Teseira los imputó por el delito de peculado habiendo participado de manera secundaria en concurso real con el delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y la fe pública. El juez Eduardo González aceptó el pedido que realizó la representante del Ministerio Público y le dictó la prisión preventiva por seis meses. Augusto Avellaneda, que en esos momentos defendía a los efectivos, impugnó el fallo.
Audiencia
Días atrás, se realizó una audiencia para revisar el fallo. Avellaneda -que ahora sólo asiste a Beltrán- y Julieta Jorrat -que representa a Trejo y Teseira plantearon varias inconsistencias y solicitaron que sean dejados en libertad o, en su defecto, que sigan cumpliendo la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario. Los auxiliares Mónica Torchan y Federico Lizárraga, siguiendo las instrucciones de Rivadeneira, y José María Molina (en representación de la querella asumida por el Estado) se opusieron al planteo.
El juez Agustín Pupio resolvió parcialmente lo planteado por las partes. Confirmó el dictado de la prisión preventiva, pero la redujo a cuatro meses.
La investigación del caso aún no se cerró. Según informaron los representantes del Ministerio Público, aún queda resolver la situación de 12 efectivos que están siendo investigados y otros cinco uniformados que estarían implicados en el caso. Todos ellos se encuentran en disponibilidad.
Por otra parte, ayer a la mañana, Trejo y Teseira fueron trasladados al penal de Benjamín Paz, luego de que se explicara que no podían estar alojados en comisarías. Beltrán permanecerá en un pabellón de Villa Urquiza.
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