Hace 16 Hs
El 20 de noviembre de 2025, en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, se votó una resolución que reafirma la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes. El texto fue aprobado por una amplia mayoría de países, como ha ocurrido históricamente. Sin embargo, la votación dejó un dato alarmante: Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra, rompiendo un consenso internacional básico en materia de derechos humanos. La resolución no crea nuevas obligaciones ni introduce cambios normativos; simplemente ratifica un principio elemental del Derecho Internacional. Por eso, el rechazo tiene un fuerte peso político. El caso argentino resulta particularmente avergonzante. Un país atravesado por el terrorismo de Estado y la tortura sistemática, y que construyó una política de memoria, verdad y justicia, decidió votar contra una condena explícita a una de las prácticas más aberrantes que conoce la humanidad. La posición estadounidense también expone una contradicción evidente: Estados Unidos ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de cometer torturas y graves violaciones a los derechos humanos, pero aun así votó contra una resolución que condena de forma general y absoluta esa práctica. El mensaje es claro: el problema no es la tortura, sino quién la ejerce y en qué contexto político. La tortura no se relativiza ni se instrumentaliza. Se condena, siempre. Cuando ese principio deja de ser universal, la alarma es ética, política y global.
Williams Fanlo
Azcuénaga 980
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