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Diputados impugnan la audiencia pública por la polémica reforma de la Ley de Glaciares
Legisladores de distintos bloques denunciaron irregularidades en el proceso, cuestionaron restricciones a la participación ciudadana y pidieron anular la convocatoria y realizar una nueva instancia “abierta e inclusiva”.
Protesta de activistas en defensa de los glaciares.
Un grupo de diputados nacionales formalizó este miércoles un reclamo para impugnar la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados con el objetivo de debatir cambios en la Ley de Glaciares (26.639). Según señalaron, la instancia presenta deficiencias que afectan la participación ciudadana y ponen en duda su validez.
La iniciativa fue impulsada por Maximiliano Ferraro, junto a Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías. En el documento, los legisladores sostienen que el procedimiento adoptado contiene irregularidades que lo vuelven “inválido”.
De acuerdo con la presentación, el mecanismo dispuesto limita de manera “ilegítima” la participación y contradice disposiciones del reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (25.675) y el Acuerdo de Escazú (27.566), que establece garantías de acceso a la información, participación pública y justicia en temas ambientales.
Entre las principales críticas, se destaca la restricción a las intervenciones orales y los criterios utilizados para definir quiénes pueden exponer. Ferraro indicó que más de 100.000 personas se inscribieron para participar, aunque solo una pequeña parte tendrá la posibilidad de hacerlo.
“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. En lugar de garantizar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3%”, afirmó el diputado, quien además advirtió que las reglas fueron modificadas una vez iniciada la convocatoria.
En la misma línea, Selva sostuvo que la participación fue recortada de forma arbitraria y cuestionó la falta de claridad en la selección de oradores. También objetó el uso de un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para restringir la intervención de personas de otras jurisdicciones.
Los firmantes señalaron que el formato elegido desvirtúa el objetivo de una audiencia pública, al convertirla en una instancia “meramente formal” sin un intercambio efectivo ni posibilidades reales de incidencia ciudadana.
El planteo reclama la invalidez de la audiencia, la nulidad de las actuaciones realizadas y la convocatoria a un nuevo proceso que garantice condiciones de participación “reales, abiertas e inclusivas”, consignó el diario "Ámbito".
La impugnación coincide con el inicio de las audiencias destinadas a debatir la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto que genera controversia por su posible impacto en la protección de recursos hídricos y en distintas actividades productivas del país.
Según trascendió, la disputa no se limita al contenido de la reforma, sino también al modo en que se lleva adelante su tratamiento. En ese contexto, los diputados dejaron abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia si continúan las restricciones señaladas.
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