La Corte pidió informes de la labor judicial

La actuación de la Justicia también está en la mira por la investigación en el caso Lebbos. Es por eso que algunos de los integrantes de la Corte Suprema se pusieron en contacto con el fiscal de la causa, Alejandro Noguera, y además de indicarle que podía contar con toda la infraestructura necesaria del Poder Judicial, se mostraron preocupados por la posibilidad de que, así como ocurrió en la Policía, se descubra que hubo anomalías en la instrucción.
Uno de los datos que ya habrían quedado desvirtuados es que la Policía envió la comunicación sobre la desaparición de Paulina Lebbos casi 72 horas después de que ocurriera cuando, según un informe que está en manos del ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, ese mismo 26 de febrero se envió un memorándum oficial relatando lo sucedido. Además, ese mismo 26, además de tomarle declaración a Alberto Lebbos, quien radicó la denuncia, en la Dirección de Investigaciones se les tomó exposición a Virginia Mercado (la última que vio con vida a la estudiante) y a César Soto, el novio de la joven. Nadie se explica por qué el fiscal advirtió que se enteró por los medios de comunicación, el martes siguiente, cuando en su fiscalía ya estaba la notificación.

Las planillas
También, según ese informe reservado, el fiscal, desde que se encontró el cuerpo, el 11 de marzo, adjuntó al expediente las planillas de control vehicular que se realizan sobre la ruta 341 que conduce a Raco, pero nadie advirtió que había varios vehículos sospechosos, como el que conducía Diego Sebastián Nieva, a quien luego, tal como lo aceptó el titular de la comisaría de Raco, Enrique García, se le modificó la declaración y se le fraguó la firma.
En la Corte también esperan con expectativas el informe que remitirá esta semana personal de Gendarmería Nacional, que habría detectado irregularidades en la autopsia realizada el 12 de marzo, que estuvo en manos del cuerpo médico forense, que depende del Poder Judicial. Según los expertos federales, no se respetó el protocolo que se debe seguir para realizar este tipo de pericias, con lo que se podría haber cometido errores que posteriormente repercutirían en el esclarecimiento del caso.
En ese sentido se pidió un informe pormenorizado porque no se entendía por qué la segunda pericia se realizó en el hospital Padilla y no en la morgue judicial, donde cuentan con un equipo de rayos X muy moderno. Sin embargo, el equipamiento estaba embalado y todavía no se lo había puesto en condiciones de ser utilizado. No sólo eso; hasta el momento, el cuerpo médico forense no tiene licenciado en radiología, por lo que la labor no podría haberse realizado.

Desde hace un mes
Por último, desde la Corte se siguió con expectativas los allanamientos que se realizaron el sábado en dos viviendas del barrio El Sifón, sobre todo en la casa de Gustavo "El Gordo" González. Es que trascendió que la medida había sido solicitada hace un mes, y que el mismo González, enterado de que iban a realizar un operativo en su domicilio, se presentó espontáneamente en Tribunales, aunque no se le tomó declaración. González, miembro de la barra brava de Atlético Tucumán, declaró finalmente en la Policía y aseguró, como ayer, que no tenía nada que ver con el caso. Los jueces supremos, en este caso, quieren saber por qué se demoró tanto en realizar la medida. Lo que se pretende es deslindar responsabilidades y además verificar si las anomalías fueron realizadas exclusivamente por la Policía, o si también hubo errores desde la fiscalía V.


El informe que recibió el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, cuenta con algunos números de lo que se hizo en la causa. Hasta el momento los policías realizaron 18 allanamientos. Además, personal de Policía Científica inspeccionó 35 vehículos, de unos 100 que fueron identificados por los investigadores. En las distintas dependencias policiales ya se les tomó declaración a más de 250 personas.