Por Marcelo Batiz
18 Noviembre 2012
BUENOS AIRES.- En el mundo hay países que llevan a cabo inversiones para capitalizarse y también están aquellos que, por diferentes razones, no quieren o no pueden realizar los desembolsos necesarios y en consecuencia se descapitalizan.
Aparentemente no habría otra posibilidad, pero los recientes apagones y el calamitoso estado del transporte público pusieron en evidencia que la Argentina de los últimos años inauguró una tercera posición al respecto: es quizás el único país del mundo que paga para descapitalizarse.
No puede haber otra conclusión al comprobarse el deterioro de la infraestructura de los servicios públicos básicos y repasar las "inversiones" que el Estado desembolsó en esos sectores.
Si los cortes del suministro eléctrico fueron suficientes para alterar el ánimo de aquellos que los padecieron, si los datos de la producción de petróleo indican que se ha caído a niveles similares a los de 1992 (con por lo menos nueve millones de habitantes de diferencia), si los balances de las empresas del sector son de un quebranto indisimulable, qué reacción podrá esperarse si se verifica que ese retroceso no fue precisamente a costa de no poner un peso sino de todo lo contrario.
Benditos subsidios
En efecto, los subsidios que el Estado nacional concedió al sector energético alcanzaron en los primeros nueve meses de 2012 a $ 34.933,3 millones, en todo 2011 a $ 41.973,4 millones y en los últimos ocho años a $ 150.000 millones, de acuerdo con los datos relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en base a información oficial.
Actualizar ese monto por la inflación acumulada en ese lapso es una tarea difícil, ante la falta de un índice confiable por el destrozo de las estadísticas públicas, pero una hipótesis conservadora podría fijar el número en por lo menos $ 300.000 millones.
En medio de esa suma, el cruce entre el gobierno nacional y el de Córdoba marca la pauta de cómo se asignan los subsidios y cuál es el sentido de federalismo que impera en las mentes de quienes los diseñaron. Luego de su público choque con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, fue acusado por el titular de Planificación Federal, Julio de Vido, de cobrar a los usuarios de EPEC una tarifa por el suministro eléctrico cinco veces mayor a la que se paga en Buenos Aires y el conurbano. A De Vido le faltó explicar que el costo para los cordobeses es mucho mayor: también tienen que pagar el subsidio de la tarifa a los porteños, sin ninguna contrapartida.
Para los familiares de los 52 muertos de la masacre de Once del 22 de febrero no será una buena noticia saber que se llegó a esa tragedia luego de subsidiar a todo el transporte público por 80 mil millones de pesos desde 2005. Iniciados con un tímido aporte de $ 875 millones ese año, los subsidios llegaron en 2011 a los $ 21.991 millones y a los $ 17.581 millones en los primeros nueve meses de 2011. Al igual que en el caso anterior, con suma prudencia podría actualizarse esa cifra por la inflación acumulada en más de $ 150.000 millones.
Los datos muestran por sí solos el resultado de la pésima asignación de los recursos públicos: en ocho años se destinó una suma de por lo menos U$S 100.000 millones, equivalente a más de la mitad de toda la deuda pública, con los resultados conocidos: un sistema eléctrico jaqueado año tras año cada vez que hay temperaturas elevadas y una red de transporte público de cargas y pasajeros que no da más.
Empezar de cero
En el supuesto caso de que se intente revertir la política destinada a los servicios públicos, se partirá de una situación peor a la de tener que "empezar de cero". Es que al estado de deterioro en transporte y energía, habrá que añadirle que ya no se contará con una suma millonaria que se malgastó en subsidios que no se reflejaron en mejoras en el servicio.
El ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, consideró que las inversiones necesarias para evitar un colapso definitivo en el sector energético no podrán ser inferiores a los U$S 4.000 millones por año "y el Estado no los tiene".
¿No los tiene? Solamente en los primeros nueve meses de 2012 se destinó el doble de ese monto en subsidios al sector. Y en 2011 se superaron los U$S 10.000 millones.
Un ejemplo más que contundente para demostrar que gastar mucho no siempre es lo mismo que gastar bien. Y que pagar para descapitalizarse podrá ser una curiosidad para los investigadores, pero el peor de los negocios para un país.
Aparentemente no habría otra posibilidad, pero los recientes apagones y el calamitoso estado del transporte público pusieron en evidencia que la Argentina de los últimos años inauguró una tercera posición al respecto: es quizás el único país del mundo que paga para descapitalizarse.
No puede haber otra conclusión al comprobarse el deterioro de la infraestructura de los servicios públicos básicos y repasar las "inversiones" que el Estado desembolsó en esos sectores.
Si los cortes del suministro eléctrico fueron suficientes para alterar el ánimo de aquellos que los padecieron, si los datos de la producción de petróleo indican que se ha caído a niveles similares a los de 1992 (con por lo menos nueve millones de habitantes de diferencia), si los balances de las empresas del sector son de un quebranto indisimulable, qué reacción podrá esperarse si se verifica que ese retroceso no fue precisamente a costa de no poner un peso sino de todo lo contrario.
Benditos subsidios
En efecto, los subsidios que el Estado nacional concedió al sector energético alcanzaron en los primeros nueve meses de 2012 a $ 34.933,3 millones, en todo 2011 a $ 41.973,4 millones y en los últimos ocho años a $ 150.000 millones, de acuerdo con los datos relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en base a información oficial.
Actualizar ese monto por la inflación acumulada en ese lapso es una tarea difícil, ante la falta de un índice confiable por el destrozo de las estadísticas públicas, pero una hipótesis conservadora podría fijar el número en por lo menos $ 300.000 millones.
En medio de esa suma, el cruce entre el gobierno nacional y el de Córdoba marca la pauta de cómo se asignan los subsidios y cuál es el sentido de federalismo que impera en las mentes de quienes los diseñaron. Luego de su público choque con la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, fue acusado por el titular de Planificación Federal, Julio de Vido, de cobrar a los usuarios de EPEC una tarifa por el suministro eléctrico cinco veces mayor a la que se paga en Buenos Aires y el conurbano. A De Vido le faltó explicar que el costo para los cordobeses es mucho mayor: también tienen que pagar el subsidio de la tarifa a los porteños, sin ninguna contrapartida.
Para los familiares de los 52 muertos de la masacre de Once del 22 de febrero no será una buena noticia saber que se llegó a esa tragedia luego de subsidiar a todo el transporte público por 80 mil millones de pesos desde 2005. Iniciados con un tímido aporte de $ 875 millones ese año, los subsidios llegaron en 2011 a los $ 21.991 millones y a los $ 17.581 millones en los primeros nueve meses de 2011. Al igual que en el caso anterior, con suma prudencia podría actualizarse esa cifra por la inflación acumulada en más de $ 150.000 millones.
Los datos muestran por sí solos el resultado de la pésima asignación de los recursos públicos: en ocho años se destinó una suma de por lo menos U$S 100.000 millones, equivalente a más de la mitad de toda la deuda pública, con los resultados conocidos: un sistema eléctrico jaqueado año tras año cada vez que hay temperaturas elevadas y una red de transporte público de cargas y pasajeros que no da más.
Empezar de cero
En el supuesto caso de que se intente revertir la política destinada a los servicios públicos, se partirá de una situación peor a la de tener que "empezar de cero". Es que al estado de deterioro en transporte y energía, habrá que añadirle que ya no se contará con una suma millonaria que se malgastó en subsidios que no se reflejaron en mejoras en el servicio.
El ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, consideró que las inversiones necesarias para evitar un colapso definitivo en el sector energético no podrán ser inferiores a los U$S 4.000 millones por año "y el Estado no los tiene".
¿No los tiene? Solamente en los primeros nueve meses de 2012 se destinó el doble de ese monto en subsidios al sector. Y en 2011 se superaron los U$S 10.000 millones.
Un ejemplo más que contundente para demostrar que gastar mucho no siempre es lo mismo que gastar bien. Y que pagar para descapitalizarse podrá ser una curiosidad para los investigadores, pero el peor de los negocios para un país.
Lo más popular
