17 Abril 2013
"Cámaras ocultas no serían pruebas válidas"
El juez Canicoba Corral dijo que hay que ver si hubo alguna operación ilícita de lavado dinero y podría ser recusado por prejuzgamiento. Ante el rechazo de los jueces sorteados para investigar las denuncias contra el empresario Báez, el juez Martín Irurzún deberá resolver entre Casanello y Canicoba Corral.
ESPERA. Canicoba Corral podría quedar a cargo de la resonante investigación sobre la cual ya hay cinco denuncias. DYN (ARCHIVO)
BUENOS AIRES.- Ninguno de los jueces sorteados para investigar las denuncias contra el empresario Lázaro Báez aceptó la causa, y en consecuencia recayó en la Cámara Federal la responsabilidad de designar al magistrado que llevará adelante el expediente.
La decisión quedó en manos del presidente de la Cámara, Martín Irurzún, quien debe resolver si la causa será instruida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral o por su colega Sebastián Casanello.
Canicoba Corral sostuvo que las cámaras ocultas no serían pruebas válidas en un expediente, y reseñó que "hay que ver" si se concretó alguna operación ilícita de lavado de dinero.
Sus palabras fueron interpretadas por los denunciantes como un posible prejuzgamiento por parte de ese magistrado, lo que podría constituir una eventual causal de recusación, dijeron fuentes judiciales. Mientras no se resuelva qué juez intervendrá, ninguna fiscalía tomará parte para resolver si encuentra elementos sospechosos e impulsa la investigación sobre las revelaciones del programa "Periodismo Para Todos".
Habitualmente, cuando hay dos denuncias similares la investigación queda en manos del juez que recibió la primera o del que más avanzada tenga la instrucción. Aquí las presentaciones fueron casi simultáneas y ninguno tuvo oportunidad de pedir medidas.
La primera fue realizada directamente en el juzgado federal de Julián Ercolini por la diputada Elisa Carrió, que, con el video del programa de Canal 13, dijo que esa prueba ampliaba una vieja denuncia suya por asociación ilícita contra el fallecido presidente Néstor Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
En ese momento Ercolini interpretó que ese video constituía un hecho nuevo, no relacionado con esa vieja investigación, y la envió a la Cámara para su sorteo.
Ese expediente quedó en manos de Casanello, pero en el ínterin entre la presentación de Carrió y el sorteo de la Cámara, se radicó otra denuncia, la del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, que le fue adjudicada a Canicoba Corral.
Un rato después, una tercera denuncia, esta vez presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, de la Asociación Civil Anticorrupción, también fue adjudicada por sorteo entre los doce juzgados federales y recayó en Casanello.
Ayer, Casanello -quien lleva sólo seis meses al frente del juzgado federal 7- le envió el expediente a Canicoba Corral -que había recibido la primera presentación-, pero éste se la devolvió entendiendo que era su colega quien tenía que intervenir.
La causa "me la mandó el doctor Casanello y estamos debatiendo entre él y yo a ver a quién le corresponde", dijo Canicoba Corral.
Y añadió: "queremos que quede claro la competencia del juez que vaya a tomar las decisiones que tenga que tomar, y no que se pueda poner en cuestión, más adelante, la propia competencia del juez".
De todos modos, Canicoba aclaró que una vez elegido un juzgado habrá que aguardar a que "el fiscal produzca un requerimiento de instrucción".
Y planteó las diferencias entre "la investigación periodística o mediática" y "los expedientes judiciales donde el rigorismo de la prueba y una serie de cosas limitan o por lo menos ponen un marco más estricto".
Fuentes judiciales confiaron a la agencia DyN que incluso el caso podría ser derivado: como puede tratarse de un delito con ribetes financieros, sería enviada a los tribunales en lo Penal Tributario o en lo Penal Económico. (DyN)
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