16 Mayo 2013
Tras el -por ahora- fallido intento de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) de implementar un plan piloto para reformar, mediante acordadas, la investigación penal preparatoria en Concepción y en Monteros, el alto tribunal y representantes de la Legislatura y del Poder Ejecutivo acordaron diseñar una comisión interpoderes para discutir sobre una posible reforma en el Código Procesal Penal de Tucumán.
Antonio Estofán, titular de la CSJT, ya elevó los nombres de los funcionarios judiciales que representarán al Poder Judicial en ese comité, y les recordó a los legisladores su compromiso de darle prioridad a este tema.
El magistrado, principal impulsor del plan piloto, no es el único letrado interesado en el armado de ese grupo de trabajo.
Los presidentes del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), Francisco García Posse; y del Colegio de Abogados del Sur (CAS), Diego Eduardo Vals, también enviaron notas al edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento para solicitar que se los incorpore al debate. "Consideramos que la iniciativa de la CSJT es una muy buena base para empezar a trabajar. Y se la puede enriquecer con la participación no sólo de los demás poderes del Estado, sino también con el aporte de otras instituciones", indicó García Posse, quien enumeró -además del CAT y el CAS- a la Asociación de Magistrados y a académicos en materia penal.
El año pasado, la Corte emitió una acordada para autorizar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el objetivo de que los expertos diseñaran un plan piloto "para la profundización del sistema acusatorio".
El programa debía implementarse en abril, pero la Justicia lo suspendió debido a tres planteos de amparo que cuestionaban la constitucionalidad del sistema de acordadas escogido por la CSJT, y marcaban la necesidad de que la Legislatura sancionara una norma para habilitar los cambios en la investigación penal preparatoria y en las oficinas judiciales.
Los parlamentarios oficialistas y opositores se sumaron a las críticas, y advirtieron que el Poder Judicial se estaba atribuyendo potestades legislativas.
El 25 de abril, con el objetivo de enfriar la polémica, Estofán y Antonio Gandur, vocal de la CSJT, visitaron el cuerpo colegiado. Allí surgió la propuesta de no discutir sobre el plan piloto hasta tanto la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre el tema. Pero, además, los funcionarios coincidieron en darle prioridad a los trabajos para reformar el CPPT y la Ley Orgánica de Tribunales. Y resolvieron que el sistema adecuado era conformar una comisión interpoderes.
Estofán, esta semana, envió una nota al cuerpo colegiado pidiendo celeridad en este proceso, entre otros puntos. Y los abogados de la capital y del sur se sumaron a ese planteo. Los letrados, además, instaron a abrir el debate a otros sectores. "La idea es que la comisión se constituya. Y sería bueno que los actores y los operadores del Poder Judicial brinden su opinión sobre si es necesaria una reforma parcial o total de las normas", indicó Vals.
El magistrado, principal impulsor del plan piloto, no es el único letrado interesado en el armado de ese grupo de trabajo.
Los presidentes del Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), Francisco García Posse; y del Colegio de Abogados del Sur (CAS), Diego Eduardo Vals, también enviaron notas al edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento para solicitar que se los incorpore al debate. "Consideramos que la iniciativa de la CSJT es una muy buena base para empezar a trabajar. Y se la puede enriquecer con la participación no sólo de los demás poderes del Estado, sino también con el aporte de otras instituciones", indicó García Posse, quien enumeró -además del CAT y el CAS- a la Asociación de Magistrados y a académicos en materia penal.
El año pasado, la Corte emitió una acordada para autorizar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el objetivo de que los expertos diseñaran un plan piloto "para la profundización del sistema acusatorio".
El programa debía implementarse en abril, pero la Justicia lo suspendió debido a tres planteos de amparo que cuestionaban la constitucionalidad del sistema de acordadas escogido por la CSJT, y marcaban la necesidad de que la Legislatura sancionara una norma para habilitar los cambios en la investigación penal preparatoria y en las oficinas judiciales.
Los parlamentarios oficialistas y opositores se sumaron a las críticas, y advirtieron que el Poder Judicial se estaba atribuyendo potestades legislativas.
El 25 de abril, con el objetivo de enfriar la polémica, Estofán y Antonio Gandur, vocal de la CSJT, visitaron el cuerpo colegiado. Allí surgió la propuesta de no discutir sobre el plan piloto hasta tanto la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se expida sobre el tema. Pero, además, los funcionarios coincidieron en darle prioridad a los trabajos para reformar el CPPT y la Ley Orgánica de Tribunales. Y resolvieron que el sistema adecuado era conformar una comisión interpoderes.
Estofán, esta semana, envió una nota al cuerpo colegiado pidiendo celeridad en este proceso, entre otros puntos. Y los abogados de la capital y del sur se sumaron a ese planteo. Los letrados, además, instaron a abrir el debate a otros sectores. "La idea es que la comisión se constituya. Y sería bueno que los actores y los operadores del Poder Judicial brinden su opinión sobre si es necesaria una reforma parcial o total de las normas", indicó Vals.
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