27 Septiembre 2013
Usurpaciones, no; represión, tampoco. Legalidad, sí; legitimidad de los reclamos, también. Se pueden rechazar los métodos, de uno y otro lado, pero lo que no puede pasar es que el Estado no advierta que la pobreza es una realidad, pese al Indec, y que debe "trabajar fuerte" para ese sector social desprotegido. Claro, nadie es inocente; las usurpaciones -promovidas sobre la base de necesidades ciertas- son un síntoma de debilidad del Gobierno: para dar respuesta y frenar a los que aprovechan las carencias ajenas para beneficirse en tiempos electorales.
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