Por Federico Türpe
15 Marzo 2014
La Legislatura decidió el jueves que la misma Justicia penal que cajoneó seis años el expediente del asesinato más escandaloso de la última década ahora investigue la venta de droga al menudeo.
En realidad, es un eufemismo decir que los 35 parlamentarios oficialistas tomaron la decisión de que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Es una resolución inconsulta que tomó el gobernador José Alperovich de la noche a la mañana, sin estadísticas ni estudios que sustenten la medida. Al punto que el Poder Judicial provincial en pleno se enteró por la prensa que el mandatario había resuelto acatar esta cruzada del gobierno nacional. Es que para Alperovich sólo tres razones importan en este caso: obsecuencia hacia el poder central, cuyo financiamiento será clave en su fin de ciclo (debe apuntalar una sucesión que le garantice protección); 200 millones de pesos para la Justicia y que se las arreglen como puedan; y mostrarle a la sociedad que está “trabajando fuerte” contra el narcotráfico. De hecho, madrugó a todos haciendo este anuncio hace un mes, en el mismo momento en que informó que iba a eliminar la Ley de las 4 AM. ¿Los motivos? Los mismos que tres meses antes había esgrimido para argumentar por qué sostenía el tope horario, pese al fracaso de los resultados.
Parece una broma, pero lamentablemente no lo es. La misma Policía que le entregó al menos ocho muertos a cambio de un aumento de sueldo y que le prestó dos días las llaves de la ciudad a los delincuentes para que asaltaran 200 comercios, ahora perseguirá a los dealers y a los consumidores de drogas. La misma Policía a la que acusó de extorsionadora -aunque dos meses después negó que haya sido extorsionado-, sospechada de corrupción hasta los huesos y de estar vinculada a cuento delito exista o se esté por inventar, a partir del año que viene combatirá a los cárteles del narcotráfico en su escala minorista.
En una ciudad controlada por los sicarios del motoarrebato, con más de 80 homicidios por año, Alperovich pretende experimentar con una medida cuyos resultados ya fueron nefastos en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, según informes de la Justicia Federal.
“Abandonar la postura del legislador en la sanción de la ley 23.737 es desconocer la magnitud del negocio del tráfico ilegal de sustancias y sus consecuencias, dejando librado al azar la integridad de la sociedad en su conjunto, colocándola en una situación de vulnerabilidad insostenible”, advirtió el jefe de los fiscales federales de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, horas antes de que la Legislatura de Alperovich aprobara esta norma.
Gómez además subrayó: “La división de jurisdicción entre federal y provincial impedirá la investigación del narcotráfico. La gran mayoría de las causas que se inician para llegar a una red mayorista comienzan con un dealer o un consumidor. Si este delito será investigado por la Justicia provincial en algún momento la investigación deberá pasar a la sede federal por incompetencia y se producirá un quiebre de la investigación, como ocurrió en Buenos Aires y en Córdoba donde aumentó exponencialmente el consumo de drogas”.
El relato progresista le afloja el lazo a los narcos y hasta les permite lavar dólares con Cedines, pero manda a perseguir a los perejiles y a los consumidores. Más prohibición, más lavado de dinero es la exitosa fórmula que viene incrementando el consumo de drogas desde la década del 70. Si a esto le sumamos la Policía provincial, más una Justicia subordinada al poder político, el mismo poder que emplea a las barras bravas y a las bandas que trafican, entonces no hay dudas de que estamos ingresando en la antesala del Cartel de Tucumán.
En realidad, es un eufemismo decir que los 35 parlamentarios oficialistas tomaron la decisión de que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737. Es una resolución inconsulta que tomó el gobernador José Alperovich de la noche a la mañana, sin estadísticas ni estudios que sustenten la medida. Al punto que el Poder Judicial provincial en pleno se enteró por la prensa que el mandatario había resuelto acatar esta cruzada del gobierno nacional. Es que para Alperovich sólo tres razones importan en este caso: obsecuencia hacia el poder central, cuyo financiamiento será clave en su fin de ciclo (debe apuntalar una sucesión que le garantice protección); 200 millones de pesos para la Justicia y que se las arreglen como puedan; y mostrarle a la sociedad que está “trabajando fuerte” contra el narcotráfico. De hecho, madrugó a todos haciendo este anuncio hace un mes, en el mismo momento en que informó que iba a eliminar la Ley de las 4 AM. ¿Los motivos? Los mismos que tres meses antes había esgrimido para argumentar por qué sostenía el tope horario, pese al fracaso de los resultados.
Parece una broma, pero lamentablemente no lo es. La misma Policía que le entregó al menos ocho muertos a cambio de un aumento de sueldo y que le prestó dos días las llaves de la ciudad a los delincuentes para que asaltaran 200 comercios, ahora perseguirá a los dealers y a los consumidores de drogas. La misma Policía a la que acusó de extorsionadora -aunque dos meses después negó que haya sido extorsionado-, sospechada de corrupción hasta los huesos y de estar vinculada a cuento delito exista o se esté por inventar, a partir del año que viene combatirá a los cárteles del narcotráfico en su escala minorista.
En una ciudad controlada por los sicarios del motoarrebato, con más de 80 homicidios por año, Alperovich pretende experimentar con una medida cuyos resultados ya fueron nefastos en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, según informes de la Justicia Federal.
“Abandonar la postura del legislador en la sanción de la ley 23.737 es desconocer la magnitud del negocio del tráfico ilegal de sustancias y sus consecuencias, dejando librado al azar la integridad de la sociedad en su conjunto, colocándola en una situación de vulnerabilidad insostenible”, advirtió el jefe de los fiscales federales de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, horas antes de que la Legislatura de Alperovich aprobara esta norma.
Gómez además subrayó: “La división de jurisdicción entre federal y provincial impedirá la investigación del narcotráfico. La gran mayoría de las causas que se inician para llegar a una red mayorista comienzan con un dealer o un consumidor. Si este delito será investigado por la Justicia provincial en algún momento la investigación deberá pasar a la sede federal por incompetencia y se producirá un quiebre de la investigación, como ocurrió en Buenos Aires y en Córdoba donde aumentó exponencialmente el consumo de drogas”.
El relato progresista le afloja el lazo a los narcos y hasta les permite lavar dólares con Cedines, pero manda a perseguir a los perejiles y a los consumidores. Más prohibición, más lavado de dinero es la exitosa fórmula que viene incrementando el consumo de drogas desde la década del 70. Si a esto le sumamos la Policía provincial, más una Justicia subordinada al poder político, el mismo poder que emplea a las barras bravas y a las bandas que trafican, entonces no hay dudas de que estamos ingresando en la antesala del Cartel de Tucumán.
Lo más popular
