29 Junio 2014
LA HABANA.- La nueva ley de inversiones con la que el gobierno de Cuba busca impulsar la llegada de capitales para reflotar su economía entró en vigor en la isla caribeña. La Ley de Inversión Extranjera, aprobada por unanimidad en el Parlamento a finales de marzo, abre amplios sectores de la economía a capitales foráneos. Ofrece prerrogativas fiscales a potenciales inversores: por ejemplo la reducción de impuestos sobre ganancias del 30% al 15%, así como la exención de impuestos para la mano de obra contratada. Con la ley, la isla aspira a conseguir inversiones directas del extranjero de hasta U$S 2.500 millones al año.
La nueva ley reemplaza a una legislación de 1995, cuando la isla empezó a abrir sectores de su economía, sobre todo en el turismo, a los capitales foráneos. Cuba sufre una crisis económica crónica desde los años 90, después de la desaparición de la Unión Soviética, que fue su principal socio comercial.
Esta ley es uno de los principales instrumentos del Gobierno de Raúl Castro para reanimar la economía, que requiere entre U$S 2.000 y U$S 2.500 millones anuales para hacer sostenible el modelo y las reformas.
Los sectores que tendrán prioridad para la inversión son la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
El Gobierno de Castro pretende crear alianzas tecnológicas con socios extranjeros en ramas que considera como “muy deficitarias”, como la de producción de envases y embalajes, el reciclaje de materias primas, la fabricación de equipos electrónicos y electrodomésticos, las producciones químicas, los equipos médicos, textiles, sus confecciones y accesorios, así como productos de higiene, perfumería y cosmética. La ley -entró en vigencia ayer- abre las posibilidades de inversión también a la emigración cubana, ya sea como personas jurídicas o naturales. La posible llegada de capitales de la comunidad cubana en Estados Unidos, donde vive un 85 % del exilio, se verá, sin embargo, previsiblemente limitada por los efectos del embargo económico que Washington impone a la isla desde hace más de 50 años.
La normativa, sin embargo, no prevé la posibilidad de que los ciudadanos de la isla puedan invertir, y sólo contempla la existencia de inversores nacionales en forma de “personas jurídicas” (empresas estatales). La legislación mantiene las restricciones existentes para los extranjeros respecto a la contratación de mano de obra, que se realizará de forma indirecta a través de “entidades empleadoras” del Estado. El pago libre de salarios quedará también limitado por un control de cambio ad hoc que regirá en la zona franca de Mariel, a 40 kilómetros al oeste de La Habana. La tasa de cambio entre las dos monedas, el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC), será inferior al oficial y reducirá los sueldos desembolsados en CUP. (DPA-Télam)
La nueva ley reemplaza a una legislación de 1995, cuando la isla empezó a abrir sectores de su economía, sobre todo en el turismo, a los capitales foráneos. Cuba sufre una crisis económica crónica desde los años 90, después de la desaparición de la Unión Soviética, que fue su principal socio comercial.
Esta ley es uno de los principales instrumentos del Gobierno de Raúl Castro para reanimar la economía, que requiere entre U$S 2.000 y U$S 2.500 millones anuales para hacer sostenible el modelo y las reformas.
Los sectores que tendrán prioridad para la inversión son la industria alimentaria, energía y minas, industria azucarera, la sideromecánica, ligera, química y electrónica, industria farmacéutica y biotecnológica, comercio mayorista, salud, construcción, turismo y transporte.
El Gobierno de Castro pretende crear alianzas tecnológicas con socios extranjeros en ramas que considera como “muy deficitarias”, como la de producción de envases y embalajes, el reciclaje de materias primas, la fabricación de equipos electrónicos y electrodomésticos, las producciones químicas, los equipos médicos, textiles, sus confecciones y accesorios, así como productos de higiene, perfumería y cosmética. La ley -entró en vigencia ayer- abre las posibilidades de inversión también a la emigración cubana, ya sea como personas jurídicas o naturales. La posible llegada de capitales de la comunidad cubana en Estados Unidos, donde vive un 85 % del exilio, se verá, sin embargo, previsiblemente limitada por los efectos del embargo económico que Washington impone a la isla desde hace más de 50 años.
La normativa, sin embargo, no prevé la posibilidad de que los ciudadanos de la isla puedan invertir, y sólo contempla la existencia de inversores nacionales en forma de “personas jurídicas” (empresas estatales). La legislación mantiene las restricciones existentes para los extranjeros respecto a la contratación de mano de obra, que se realizará de forma indirecta a través de “entidades empleadoras” del Estado. El pago libre de salarios quedará también limitado por un control de cambio ad hoc que regirá en la zona franca de Mariel, a 40 kilómetros al oeste de La Habana. La tasa de cambio entre las dos monedas, el peso cubano (CUP) y el peso convertible (CUC), será inferior al oficial y reducirá los sueldos desembolsados en CUP. (DPA-Télam)
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