A dos décadas del atentado de la AMIA

18 Julio 2014
La búsqueda de la verdad es -o debería ser- el principal motor de la Justicia. Todo delito debe recibir su castigo, previa detención y juicio de sus responsables. La impunidad es una vieja conocida de los argentinos. Miles de casos permanecen sin sanción y sus causas son diversas, de acuerdo con la magnitud del perjurio o del crimen con todas sus implicancias. Ello puede suceder porque se han ocultado o se han hecho desaparecer pruebas o se han encarado mal las investigaciones, es decir por negligencia de los magistrados, o porque están involucrados sectores del poder a los cuales que quiere proteger.

A las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, una trafic blanca, cargada con 400 kilos de un explosivo de nitrato de amonio, TNT y nitroglicerina amonal, se estrelló contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle Pasteur 633, de la Capital Federal. Murieron 85 personas y hubo 300 heridos. La explosión produjo también un cráter de seis metros de profundidad y daños materiales por $15 millones, mientras que la onda expansiva dejó sin agua y sin luz a las manzanas vecinas y destruyó decenas de propiedades de la cuadra.

Transcurrieron desde entonces dos décadas de marchas y contramarchas. El juez federal Juan José Galeano, con apenas un año de ejercicio en la función, se hizo cargo de la investigación. La conexión local, la iraní, el desarmador de autos Carlos Telleldín, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), los encubrimientos y disputas entre la Policía Federal y la bonaerense, fueron ensuciando la pesquisa. El 24 de setiembre de 2001 se inició el juicio oral y público contra los presuntos integrantes de la “conexión local”, pero en setiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal Nº 3 declaró nulo el proceso de investigación por “serias irregularidades”, y absolvió a los 22 acusados, entre ellos, Telleldín y los 17 policías imputados.

El caso volvió a quedar en la nada. En un intento de avanzar en la causa, el año pasado, por iniciativa del Gobierno nacional se firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán, ratificado por el Congreso, para que los acusados declararan en la causa, lo cual generó polémica. Los dirigentes de la comunidad judía se manifestaron en desacuerdo y apelaron a la Justicia, que declaró inconstitucional este convenio. Desde 2012, se hallan procesados por delito de encubrimiento el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros.

La AMIA fue creada por inmigrantes judíos en 1894, con la misión de brindar asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en la Argentina. En 1994, cuando ocurrió la tragedia, sus integrantes trabajaban en el cronograma de distintas actividades para celebrar el primer centenario de su creación.

Han transcurrido dos décadas desde el atentado terrorista. Más de 250.000 fojas recorren la causa, integradas en 650 cuerpos de 400 páginas cada uno. A medida que pase el tiempo, será más difícil llegar a saber quiénes fueron los responsables. La llaga continúa abierta. Pero no se trata solamente de no bajar los brazos, sino de perseverar con convicción en la investigación y de no dar por cerrado este capítulo funesto que afecta no solo a la colectividad judía, sino a los argentinos. La verdad tiene que salir a la luz en algún momento porque bien se sabe que no hay justicia sin verdad.

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