19 Agosto 2014
POR LAS CALLES DE LOMAS. Los rumores sobre las anomalías comenzaron a correr apenas después de la primera entrega de unidades, en 2008. la gaceta / foto de INÉS QUINTEROS ORIO (archivo)
Al menos desde 2011, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) tenía informes respecto de irregularidades en el megabarrio “Lomas de Tafí”, que cuenta con 5.000 casas. Es decir, cinco años antes de que el gobernador, José Alperovich, encargara a la Fiscalía de Estado y al Ipvdu una auditoría por la cantidad de denuncias que recibía sobre las unidades deshabitadas o negociadas (alquiladas o vendidas).
El informe oficial que da cuenta de ello está incluido en un exhaustivo documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la ejecución del programa de financiamiento nacional “Techo Digno” en las provincias más beneficiadas, entre ellas Tucumán, entre 2009 y 2011.
Los rumores sobre el mal uso de las viviendas sociales -cuentan con un alto grado de subsidio y, de acuerdo con la normativa, deben estar destinadas a familias que no tengan dónde vivir- habían nacido prácticamente con las primeras entregas. Recién hace ocho meses el Gobierno admitió las posibles falencias.
El informe
En el compendio de irregularidades detalladas por la AGN -asiste técnicamente al Congreso para el control de las cuentas públicas- se detallan demoras en la construcción, improlijidades financieras y la falta de control sobre las unidades.
En el contexto de ese último punto, se cita un documento de la Dirección del departamento de Promoción Social del Ipvdu tucumano. Fechado en noviembre de 2011, da cuenta de la situación de las 2.098 unidades adjudicadas hasta entonces, es decir, de casi la mitad del emprendimiento. “De este estudio resultó que el 69% (1.446 viviendas) estaban habitadas por familias adjudicatarias y el 31% (652 viviendas) presentaban algún tipo de irregularidad”, consigna la AGN.
En el detalle, se especifican las transgresiones y los criterios de calificación: 455 desocupadas (sin muebles y con signos de abandono); 148 deshabitadas (tienen algunos muebles pero la familia aún no se mudó); 36 prestadas; cinco en situaciones especiales (al momento de la inspección se encontraban ocupando la propiedad personas que no pudieron justificar su permanencia); dos estafas; dos permutadas y tres vendidas.
El organismo añade que, de acuerdo con los requisitos y procedimientos legales de transferencias de las edificaciones adjudicadas, las casas deben ser habitadas de inmediato por el grupo familiar beneficiado. Aclara que no se pueden prestar, alquilar, transferir ni vender antes de los tres años de haber sido entregadas. “Si esto sucede se procederá a revocar la adjudicación”, completa.
Las primeras construcciones habían sido entregadas en los sectores de Lomas 600, en 2008. Por lo tanto, llevaban tiempo bajo la responsabilidad de los adjudicatarios, pero no el suficiente como para transferir las casas.
Así, la AGN recomendó al Ipvdu poner en marcha un sistema de control post entrega.
El censo
“Muchas casas se entregaron, pero se vendieron, se alquilan o están vacías. Se están haciendo los vivos (…) ¡Que no vengan a lucrar! Y a los que lucren, se la vamos a quitar. Llegamos a un límite, hay tanta gente que no tiene dónde estar...”. Con ese argumento, el gobernador había lanzado en enero un censo para detectar irregularidades. Semanas después, equipos conformados por abogados del Estado y empleados del Ipvdu controlaron las 3.000 casas entregadas más recientemente (en los sectores conocidos como Lomas Norte y Lomas 3.000).
Los censistas detectaron que alrededor de 1.500 casas tenían una situación de habitabilidad anómala al momento del control (estaban vacías; había inquilinos o habitantes que no eran los adjudicatarios o que no pudieron demostrar su vínculo legal con el inmueble y vecinos que no atendieron la puerta, pese a encontrarse dentro). En total, eran 250 las casas abandonadas, prácticamente un sector completo.
Tras recibir las primeras notificaciones estatales, muchas familias se mudaron, según las autoridades. Otras efectuaron sus descargos y la mayoría de ellos fue aceptado. Por lo tanto, de acuerdo con el Gobierno, serán pocos los que perderán sus adjudicaciones.
El megabarrio ubicado en Los Pocitos (Tafí Viejo) comenzó construirse en 2005. Las últimas unidades fueron entregadas en junio del año pasado en un acto encabezado, mediante videoconferencia, por la Presidenta. Costó alrededor de $ 900 millones (a precios de 2013).
“Hay una situación caótica”
Leandro Despouy, titular de la AGN, criticó el manejo de los planes de viviendas
El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, afirmó ayer que “hay una situación caótica” en el manejo de planes sociales para la construcción de viviendas públicas. Luego de la difusión de la auditoría sobre el programa “Techo Digno” (que incluyó varios sectores del megabarrio Lomas de Tafí), el funcionario del ente de control habló de “deficiencias técnicas”, “desviaciones” de fondos y “manejo clientelar en las adjudicaciones”, entre otras presuntas irregularidades, según consigna la agencia DyN. “Las viviendas no se terminan adecuadamente en tiempo, hay fallas técnicas muy graves y un manejo clientelar en las adjudicaciones”, afirmó Despouy. Y respecto al informe en Buenos Aires y Tucumán agregó: “una matriz común es la ausencia de una adecuada rendición de cuentas”.
Un análisis a la normativa
La selección de beneficiarios se ajusta a la ley, pero no hay controles posteriores
La auditoría de la AGN destaca que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) aprobó mediante la resolución 3.604/2004 el procedimiento para inscripción y selección de postulantes. Según detalla, se califican los ingresos de los postulantes y se consideran los parámetros establecidos por el programa habitacional y las leyes vigentes. Sin embargo, el informe destaca la falta de controles posteriores; por ejemplo, no se estudia el impacto social de las viviendas. “(En Buenos Aires y Tucumán), los entes ejecutores (el Ipvdu en esta provincia) son los encargados tanto de la diagramación del proyecto -justificando la demanda- como de hacer el seguimiento post-entrega de las viviendas. Esta última cuestión no ha sido tema de regulación por parte de la Nación”, añade el texto.
Estudio de las transferencias.- La auditoría de la AGN a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (responde al Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido) también hizo foco en los procedimientos aplicados a las transferencias de fondos nacionales hacia los entes ejecutores (como el Instituto de la Vivienda, en Tucumán). Según el informe, entre 2006 y junio de 2011 (el período auditado) los recursos “se gestionaron de forma eficaz, eficiente, equitativa y económica”.
Debilidad en la gestión.- El informe insiste en que debido a “la magnitud de los recursos presupuestarios asignados como la relevancia de sus metas impone”, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debería “procurarse recursos humanos y materiales acorde a la implementación de la política habitacional a cumplir”. “Debido a la desconexión entre las áreas, las tareas no se desarrollan con fluidez y eficiencia, no obstante los esfuerzos personales”, remarca la auditoría. Y cuestiona la falta de un manual de procedimiento. “No se dispone de registros confiables, a los que puedan acceder todas las áreas involucradas en la gestión. Cada una de ellas elabora listados y planillas de cálculo, carentes de medidas de seguridad informática e integridad en cuanto a su contenido”, apunta.
Sin seguimiento.- “Las entregas de viviendas sin condiciones claramente establecidas y el escaso o nulo seguimiento postentrega por parte de los entes ejecutores facilita la realización de transacciones informales de venta, cesiones y alquileres, como así también ampliaciones no autorizadas que desvirtúan los objetivos del programa y multiplica esfuerzos de gestión al momento de ordenar la situación poblacional de cada barrio”, indica el informe.
Registros ineficientes.- “Dado que no siempre existe un destinatario claramente definido establecido por normas provinciales y/o municipales (para el beneficio habitacional), los diferentes sistemas de registro, en caso de existir, denotan falta de coherencia interna y que, en general, la estructura institucional destinada a la gestión del programa es deficiente; se carece de parámetros objetivos para la selección de las familias que acceden al derecho que se brinda”, agrega la auditoría de la AGN.
El informe oficial que da cuenta de ello está incluido en un exhaustivo documento de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la ejecución del programa de financiamiento nacional “Techo Digno” en las provincias más beneficiadas, entre ellas Tucumán, entre 2009 y 2011.
Los rumores sobre el mal uso de las viviendas sociales -cuentan con un alto grado de subsidio y, de acuerdo con la normativa, deben estar destinadas a familias que no tengan dónde vivir- habían nacido prácticamente con las primeras entregas. Recién hace ocho meses el Gobierno admitió las posibles falencias.
El informe
En el compendio de irregularidades detalladas por la AGN -asiste técnicamente al Congreso para el control de las cuentas públicas- se detallan demoras en la construcción, improlijidades financieras y la falta de control sobre las unidades.
En el contexto de ese último punto, se cita un documento de la Dirección del departamento de Promoción Social del Ipvdu tucumano. Fechado en noviembre de 2011, da cuenta de la situación de las 2.098 unidades adjudicadas hasta entonces, es decir, de casi la mitad del emprendimiento. “De este estudio resultó que el 69% (1.446 viviendas) estaban habitadas por familias adjudicatarias y el 31% (652 viviendas) presentaban algún tipo de irregularidad”, consigna la AGN.
En el detalle, se especifican las transgresiones y los criterios de calificación: 455 desocupadas (sin muebles y con signos de abandono); 148 deshabitadas (tienen algunos muebles pero la familia aún no se mudó); 36 prestadas; cinco en situaciones especiales (al momento de la inspección se encontraban ocupando la propiedad personas que no pudieron justificar su permanencia); dos estafas; dos permutadas y tres vendidas.
El organismo añade que, de acuerdo con los requisitos y procedimientos legales de transferencias de las edificaciones adjudicadas, las casas deben ser habitadas de inmediato por el grupo familiar beneficiado. Aclara que no se pueden prestar, alquilar, transferir ni vender antes de los tres años de haber sido entregadas. “Si esto sucede se procederá a revocar la adjudicación”, completa.
Las primeras construcciones habían sido entregadas en los sectores de Lomas 600, en 2008. Por lo tanto, llevaban tiempo bajo la responsabilidad de los adjudicatarios, pero no el suficiente como para transferir las casas.
Así, la AGN recomendó al Ipvdu poner en marcha un sistema de control post entrega.
El censo
“Muchas casas se entregaron, pero se vendieron, se alquilan o están vacías. Se están haciendo los vivos (…) ¡Que no vengan a lucrar! Y a los que lucren, se la vamos a quitar. Llegamos a un límite, hay tanta gente que no tiene dónde estar...”. Con ese argumento, el gobernador había lanzado en enero un censo para detectar irregularidades. Semanas después, equipos conformados por abogados del Estado y empleados del Ipvdu controlaron las 3.000 casas entregadas más recientemente (en los sectores conocidos como Lomas Norte y Lomas 3.000).
Los censistas detectaron que alrededor de 1.500 casas tenían una situación de habitabilidad anómala al momento del control (estaban vacías; había inquilinos o habitantes que no eran los adjudicatarios o que no pudieron demostrar su vínculo legal con el inmueble y vecinos que no atendieron la puerta, pese a encontrarse dentro). En total, eran 250 las casas abandonadas, prácticamente un sector completo.
Tras recibir las primeras notificaciones estatales, muchas familias se mudaron, según las autoridades. Otras efectuaron sus descargos y la mayoría de ellos fue aceptado. Por lo tanto, de acuerdo con el Gobierno, serán pocos los que perderán sus adjudicaciones.
El megabarrio ubicado en Los Pocitos (Tafí Viejo) comenzó construirse en 2005. Las últimas unidades fueron entregadas en junio del año pasado en un acto encabezado, mediante videoconferencia, por la Presidenta. Costó alrededor de $ 900 millones (a precios de 2013).
“Hay una situación caótica”
Leandro Despouy, titular de la AGN, criticó el manejo de los planes de viviendas
El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, afirmó ayer que “hay una situación caótica” en el manejo de planes sociales para la construcción de viviendas públicas. Luego de la difusión de la auditoría sobre el programa “Techo Digno” (que incluyó varios sectores del megabarrio Lomas de Tafí), el funcionario del ente de control habló de “deficiencias técnicas”, “desviaciones” de fondos y “manejo clientelar en las adjudicaciones”, entre otras presuntas irregularidades, según consigna la agencia DyN. “Las viviendas no se terminan adecuadamente en tiempo, hay fallas técnicas muy graves y un manejo clientelar en las adjudicaciones”, afirmó Despouy. Y respecto al informe en Buenos Aires y Tucumán agregó: “una matriz común es la ausencia de una adecuada rendición de cuentas”.
Un análisis a la normativa
La selección de beneficiarios se ajusta a la ley, pero no hay controles posteriores
La auditoría de la AGN destaca que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) aprobó mediante la resolución 3.604/2004 el procedimiento para inscripción y selección de postulantes. Según detalla, se califican los ingresos de los postulantes y se consideran los parámetros establecidos por el programa habitacional y las leyes vigentes. Sin embargo, el informe destaca la falta de controles posteriores; por ejemplo, no se estudia el impacto social de las viviendas. “(En Buenos Aires y Tucumán), los entes ejecutores (el Ipvdu en esta provincia) son los encargados tanto de la diagramación del proyecto -justificando la demanda- como de hacer el seguimiento post-entrega de las viviendas. Esta última cuestión no ha sido tema de regulación por parte de la Nación”, añade el texto.
Estudio de las transferencias.- La auditoría de la AGN a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (responde al Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido) también hizo foco en los procedimientos aplicados a las transferencias de fondos nacionales hacia los entes ejecutores (como el Instituto de la Vivienda, en Tucumán). Según el informe, entre 2006 y junio de 2011 (el período auditado) los recursos “se gestionaron de forma eficaz, eficiente, equitativa y económica”.
Debilidad en la gestión.- El informe insiste en que debido a “la magnitud de los recursos presupuestarios asignados como la relevancia de sus metas impone”, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda debería “procurarse recursos humanos y materiales acorde a la implementación de la política habitacional a cumplir”. “Debido a la desconexión entre las áreas, las tareas no se desarrollan con fluidez y eficiencia, no obstante los esfuerzos personales”, remarca la auditoría. Y cuestiona la falta de un manual de procedimiento. “No se dispone de registros confiables, a los que puedan acceder todas las áreas involucradas en la gestión. Cada una de ellas elabora listados y planillas de cálculo, carentes de medidas de seguridad informática e integridad en cuanto a su contenido”, apunta.
Sin seguimiento.- “Las entregas de viviendas sin condiciones claramente establecidas y el escaso o nulo seguimiento postentrega por parte de los entes ejecutores facilita la realización de transacciones informales de venta, cesiones y alquileres, como así también ampliaciones no autorizadas que desvirtúan los objetivos del programa y multiplica esfuerzos de gestión al momento de ordenar la situación poblacional de cada barrio”, indica el informe.
Registros ineficientes.- “Dado que no siempre existe un destinatario claramente definido establecido por normas provinciales y/o municipales (para el beneficio habitacional), los diferentes sistemas de registro, en caso de existir, denotan falta de coherencia interna y que, en general, la estructura institucional destinada a la gestión del programa es deficiente; se carece de parámetros objetivos para la selección de las familias que acceden al derecho que se brinda”, agrega la auditoría de la AGN.
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