14 Abril 2015
Miembros del Consejo Superior quieren que la Justicia anule la disposición mediante la cual la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) resignó, en 2008, la mitad de las utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), que le correspondían.
La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que las utilidades de esa firma se debían distribuir del siguiente modo: el 60% para Catamarca y el 40 % para la UNT, hasta que se termine la construcción de la “ciudad universitaria” -en referencia a aquella obra inconclusa, ubicada en San Javier, que se empezó a construir durante el Rectorado de Horacio Descole-. Una vez finalizadas estas obras, la UNT debía pasar a percibir el 50% de lo que recibía -es decir, el 20% del total-, y la mitad restante -otro 20% del total- se distribuiría entre las demás universidades del Estado.
El 2 de enero de 2008, el entonces rector, Juan Alberto Cerisola, firmó una resolución que daba por terminada la construcción de la ciudad universitaria, sobre la base -según justificó a LA GACETA a mediados de setiembre del año pasado- de una redefinición de aquel concepto. “Cuando (YMAD empezó a distribuir utilidades) nos dimos con que el proyecto de ciudad universitaria ya no era viable. Por ello, repensamos nuestra ciudad universitaria, lo que significaba sustituir el proyecto de San Javier atento a que a lo largo de 50 años los escenarios habían cambiado”, había explicado.
Esta decisión -que se conoció a partir del informe de fin de gestión del ex representante de la UNT ante el directorio de YMAD Florencio Aceñolaza- implicó que desde aquel momento la UNT dejó de percibir un 20% de las utilidades que, según había estimado Aceñolaza, sumaban unos $ 500 millones en seis años.
Presentación
Este tema figura en el orden del día de la primera sesión del Consejo Superior de este año, que se realizará desde las 17 de hoy, en la sala Juan B. Terán, en el Rectorado (Ayacucho y La Madrid). El pedido para que la UNT recurra a la Justicia, para reclamar la nulidad de la resolución firmada por Cerisola, contaría con el aval de una veintena de consejeros.
Según fuentes del máximo órgano deliberativo de Gobierno de la UNT, sólo la Justicia puede anular la disposición, debido a que ya generó efectos, puesto que varias universidades nacionales ya recibieron fondos de YMAD, de la parte que resignó la UNT. Precisamente, las fuentes añadieron que no sólo se pedirá que la Justicia declare nula aquella resolución, sino que también se pedirá que se comunique a la empresa minera, a las otras universidades nacionales y a la Fiscalía de Investigación Administrativa. A esta última, para que realice una pesquisa y determine si en el contexto del acto administrativo se cometió algún delito.
El tema estará vinculado, de alguna manera, con otros planteos que se presentarán como asuntos entrados. Entre estos, figura un pedido para que se cree en el ámbito de la UNT una contraloría universitaria. Este órgano, según la presentación, debería funcionar como un tribunal de cuentas, que realice un control preventivo ante algunos actos administrativos de la UNT; es decir, antes de que ocurran. La intención de los impulsores del planteo es que la contraloría tenga plenas autonomía y autarquía financiera, para que su funcionamiento no se vea condicionado.
El orden del día cuenta con más de un centenar de temas, la mayoría de ellos de índole académica. Además, corresponde que el cuerpo designe al vicerrector subrogante -el cargo actualmente está ocupado por el decano de Exactas, Sergio Pagani-. Luego conformarán las comisiones permanentes del cuerpo -Hacienda, Enseñanza y Disciplina, e Interpretación y Reglamento-.
El temario incluye puntos de interés para un importante número de alumnos de la facultad de Filosofía y Letras. Las autoridades de esta unidad académica solicitaron que se establezca el 31 de marzo de 2018 como plazo de caducidad para el plan de estudio de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación del año 1993, para la Licenciatura y para el Profesorado en Inglés, en Letras, en Matemática, en Geografía, en Francés y en Filosofía (todos del año 1969); para el Profesorado en Química (1964), y para la Licenciatura y Profesorado en Trabajo Social (1988).
La Ley N° 14.771 (creación de YMAD) prevé que las utilidades de esa firma se debían distribuir del siguiente modo: el 60% para Catamarca y el 40 % para la UNT, hasta que se termine la construcción de la “ciudad universitaria” -en referencia a aquella obra inconclusa, ubicada en San Javier, que se empezó a construir durante el Rectorado de Horacio Descole-. Una vez finalizadas estas obras, la UNT debía pasar a percibir el 50% de lo que recibía -es decir, el 20% del total-, y la mitad restante -otro 20% del total- se distribuiría entre las demás universidades del Estado.
El 2 de enero de 2008, el entonces rector, Juan Alberto Cerisola, firmó una resolución que daba por terminada la construcción de la ciudad universitaria, sobre la base -según justificó a LA GACETA a mediados de setiembre del año pasado- de una redefinición de aquel concepto. “Cuando (YMAD empezó a distribuir utilidades) nos dimos con que el proyecto de ciudad universitaria ya no era viable. Por ello, repensamos nuestra ciudad universitaria, lo que significaba sustituir el proyecto de San Javier atento a que a lo largo de 50 años los escenarios habían cambiado”, había explicado.
Esta decisión -que se conoció a partir del informe de fin de gestión del ex representante de la UNT ante el directorio de YMAD Florencio Aceñolaza- implicó que desde aquel momento la UNT dejó de percibir un 20% de las utilidades que, según había estimado Aceñolaza, sumaban unos $ 500 millones en seis años.
Presentación
Este tema figura en el orden del día de la primera sesión del Consejo Superior de este año, que se realizará desde las 17 de hoy, en la sala Juan B. Terán, en el Rectorado (Ayacucho y La Madrid). El pedido para que la UNT recurra a la Justicia, para reclamar la nulidad de la resolución firmada por Cerisola, contaría con el aval de una veintena de consejeros.
Según fuentes del máximo órgano deliberativo de Gobierno de la UNT, sólo la Justicia puede anular la disposición, debido a que ya generó efectos, puesto que varias universidades nacionales ya recibieron fondos de YMAD, de la parte que resignó la UNT. Precisamente, las fuentes añadieron que no sólo se pedirá que la Justicia declare nula aquella resolución, sino que también se pedirá que se comunique a la empresa minera, a las otras universidades nacionales y a la Fiscalía de Investigación Administrativa. A esta última, para que realice una pesquisa y determine si en el contexto del acto administrativo se cometió algún delito.
El tema estará vinculado, de alguna manera, con otros planteos que se presentarán como asuntos entrados. Entre estos, figura un pedido para que se cree en el ámbito de la UNT una contraloría universitaria. Este órgano, según la presentación, debería funcionar como un tribunal de cuentas, que realice un control preventivo ante algunos actos administrativos de la UNT; es decir, antes de que ocurran. La intención de los impulsores del planteo es que la contraloría tenga plenas autonomía y autarquía financiera, para que su funcionamiento no se vea condicionado.
El orden del día cuenta con más de un centenar de temas, la mayoría de ellos de índole académica. Además, corresponde que el cuerpo designe al vicerrector subrogante -el cargo actualmente está ocupado por el decano de Exactas, Sergio Pagani-. Luego conformarán las comisiones permanentes del cuerpo -Hacienda, Enseñanza y Disciplina, e Interpretación y Reglamento-.
El temario incluye puntos de interés para un importante número de alumnos de la facultad de Filosofía y Letras. Las autoridades de esta unidad académica solicitaron que se establezca el 31 de marzo de 2018 como plazo de caducidad para el plan de estudio de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación del año 1993, para la Licenciatura y para el Profesorado en Inglés, en Letras, en Matemática, en Geografía, en Francés y en Filosofía (todos del año 1969); para el Profesorado en Química (1964), y para la Licenciatura y Profesorado en Trabajo Social (1988).
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