18 Diciembre 2015
AMPLIADA. Campero recibió una planta con 492 nuevos empleados. la gaceta / foto e Inés Quinteros Orio
La revisión de la planta de personal permanente del municipio de Yerba Buena derivó en las primeras desvinculaciones. El intendente de Yerba Buena Mariano Campero (Acuerdo para el Bicentenario) revocó los decretos de ocho ex funcionarios o asesores que habían sido nombrados por su antecesor Daniel Toledo (Frente para la Victoria) antes de que terminara su mandato.
A días de asumir, Campero había conformado una comisión para estudiar los legajos del personal, sobre todo, de aquel incorporado en los últimos seis meses. Sucede que previo al cambio de gestión, se había titularizado a 492 agentes. Se había acrecentado, de esa manera, la nómina permanente de 674 municipales a 1.166.
Se van
Los nombramientos de los ex funcionarios, en su mayoría directores, había generado revuelo político en la Ciudad Jardín.
“Los funcionarios deben irse cuando termina la gestión”, sentenció Campero. Explicó que, para pasar a planta los empleados deben cumplir determinados requisitos, entre ellos, el haber estado contratados y que no sería el caso de los cuestionados.
Según pudo saber LA GACETA, los nombrados cuyas efectivizaciones cayeron son Carlos Alvarez (ex director de Asuntos Jurídicos), Javier Bottini (ex director de Rentas), Patricio Mesón (ex director de Deportes), Enrique Casanova (ex concejal), Florencia Ortiz Mayor (ex directora de Cultura), Adriana Rossi (subdirectora de Turismo), Guillermo Yanicelli (Saneamiento Ambiental) y Carlos Zelarayán (ex director de Prensa). Las categorías en las que habían sido incorporados corresponderían a las más altas.
En los considerandos de los decretos se sostiene, tal como había dicho Campero, que para pasar a planta los empleados deben tener carácter de personal con contrato administrativo y que esto estaba expresado en el decreto mediante el que fueron efectivizados. De los informes del área de Recursos Humanos se habría informado que los involucrados no habrían revestido esa condición.
Por otro lado, la nueva gestión recordó que el estatuto para la administración pública de Tucumán (Ley 5.473) establece en el artículo 41 que el personal de gabinete debe cesar sus funciones, de modo automático, cuando acaba la gestión de quien los contrató, en este caso, el alperovichista Daniel Toledo.
En estudio
La comisión que está escudriñando los legajos de todos los trabajadores está conformada por el secretario de Gobierno, Julio Rossi; el jefe de Gabinete, Manuel Courel y la responsable de Recursos Humanos, Susana Moreno. No sólo está abocada, explicó el intendente, a los nuevos empleados.
“Están viendo área por área, pero no se creó para sacar a nadie sino para ordenar. Hay casos de empleados que no tenían asignadas funciones y se está viendo dónde pueden desempeñarse. También se rejerarquizará a empleados que no estaban bien, que tenían problemas administrativos o que eran perseguidos. Los únicos que no pueden quedarse son los ñoquis”, expresó tajante Campero.
Al ser consultado por este diario, el ex secretario de Hacienda, Roberto Biscardi, había asegurado que una ley provincial amparaba las incorporaciones de funcionarios políticos. “Como directores, ellos pertenecían a la categoría 24 del escalafón municipal. Por esa razón, se los pudo incorporar dentro de la ordenanza. Aceptaron ser titularizados en la categoría 19 de la planta permanente. Además, se trata de gente que ha tenido un excelente desempeño”, había afirmado Biscardi.
Alvarez, por su parte, había indicado que su designación, como la del resto, se encontraba dentro de lo normado por una ley provincial. “Me interesa seguir siendo empleado municipal. Creo que hice suficientes méritos. Y eso que fue un laburo a pulmón. Quedo a disposición”, había expresado Mesón.
La decisión de Toledo de efectivizar al personal había sido avalada por la composición anterior del Concejo Deliberante. Había aprobado en marzo un proyecto para titularizar al personal contratado de la Municipalidad.
En el cuerpo deliberativo está pendiente de tratamiento una iniciativa que propone una auditoría integral en la Municipalidad, según confirmó el presidente Javier Jantus. De aprobarse el proyecto presentado por el radical Lisandro Argiró, se podrían examinar las cuentas, el personal y las obras públicas, entre otros aspectos.
A días de asumir, Campero había conformado una comisión para estudiar los legajos del personal, sobre todo, de aquel incorporado en los últimos seis meses. Sucede que previo al cambio de gestión, se había titularizado a 492 agentes. Se había acrecentado, de esa manera, la nómina permanente de 674 municipales a 1.166.
Se van
Los nombramientos de los ex funcionarios, en su mayoría directores, había generado revuelo político en la Ciudad Jardín.
“Los funcionarios deben irse cuando termina la gestión”, sentenció Campero. Explicó que, para pasar a planta los empleados deben cumplir determinados requisitos, entre ellos, el haber estado contratados y que no sería el caso de los cuestionados.
Según pudo saber LA GACETA, los nombrados cuyas efectivizaciones cayeron son Carlos Alvarez (ex director de Asuntos Jurídicos), Javier Bottini (ex director de Rentas), Patricio Mesón (ex director de Deportes), Enrique Casanova (ex concejal), Florencia Ortiz Mayor (ex directora de Cultura), Adriana Rossi (subdirectora de Turismo), Guillermo Yanicelli (Saneamiento Ambiental) y Carlos Zelarayán (ex director de Prensa). Las categorías en las que habían sido incorporados corresponderían a las más altas.
En los considerandos de los decretos se sostiene, tal como había dicho Campero, que para pasar a planta los empleados deben tener carácter de personal con contrato administrativo y que esto estaba expresado en el decreto mediante el que fueron efectivizados. De los informes del área de Recursos Humanos se habría informado que los involucrados no habrían revestido esa condición.
Por otro lado, la nueva gestión recordó que el estatuto para la administración pública de Tucumán (Ley 5.473) establece en el artículo 41 que el personal de gabinete debe cesar sus funciones, de modo automático, cuando acaba la gestión de quien los contrató, en este caso, el alperovichista Daniel Toledo.
En estudio
La comisión que está escudriñando los legajos de todos los trabajadores está conformada por el secretario de Gobierno, Julio Rossi; el jefe de Gabinete, Manuel Courel y la responsable de Recursos Humanos, Susana Moreno. No sólo está abocada, explicó el intendente, a los nuevos empleados.
“Están viendo área por área, pero no se creó para sacar a nadie sino para ordenar. Hay casos de empleados que no tenían asignadas funciones y se está viendo dónde pueden desempeñarse. También se rejerarquizará a empleados que no estaban bien, que tenían problemas administrativos o que eran perseguidos. Los únicos que no pueden quedarse son los ñoquis”, expresó tajante Campero.
Al ser consultado por este diario, el ex secretario de Hacienda, Roberto Biscardi, había asegurado que una ley provincial amparaba las incorporaciones de funcionarios políticos. “Como directores, ellos pertenecían a la categoría 24 del escalafón municipal. Por esa razón, se los pudo incorporar dentro de la ordenanza. Aceptaron ser titularizados en la categoría 19 de la planta permanente. Además, se trata de gente que ha tenido un excelente desempeño”, había afirmado Biscardi.
Alvarez, por su parte, había indicado que su designación, como la del resto, se encontraba dentro de lo normado por una ley provincial. “Me interesa seguir siendo empleado municipal. Creo que hice suficientes méritos. Y eso que fue un laburo a pulmón. Quedo a disposición”, había expresado Mesón.
La decisión de Toledo de efectivizar al personal había sido avalada por la composición anterior del Concejo Deliberante. Había aprobado en marzo un proyecto para titularizar al personal contratado de la Municipalidad.
En el cuerpo deliberativo está pendiente de tratamiento una iniciativa que propone una auditoría integral en la Municipalidad, según confirmó el presidente Javier Jantus. De aprobarse el proyecto presentado por el radical Lisandro Argiró, se podrían examinar las cuentas, el personal y las obras públicas, entre otros aspectos.
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