13 Mayo 2016
Recibos de sueldos, libros de personal, legajos laborales de víctimas de delitos de lesa humanidad durante el Operativo Independencia, balances y archivos de litigios laborales. Esos documentos secuestró el martes la Justicia Federal durante el allanamiento realizado en el ingenio La Fronterita (Famaillá) y en oficinas que la empresa José Minetti, ex propietaria del establecimiento, tiene en Córdoba. En el procedimiento participaron más de 70 agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.
La medida se concretó el martes y forma parte de la investigación en marcha por los delitos cometidos en el contexto de la operación militar ordenada durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. El allanamiento fue requerido por el titular de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña, y ordenado por el juez federal Nº1, Daniel Bejas. De acuerdo con la investigación fiscal, “desde febrero de 1975 la fábrica azucarera habría sido sede de una de las bases militares desplegadas en el sur provincial y habría alojado un centro clandestino de detención”.
La causa, que está en instrucción, incluye 43 víctimas que habrían pasado por el centro clandestino. Se trataría de habitantes de las colonias obreras y ex trabajadores de la firma que habrían resididoe en localidades cercanas.
El fiscal Camuña describió que requirió documentación a la empresa en varias oportunidades y que los pedidos no fueron respondidos, según afirmó. Por ese motivo se hicieron los allanamientos.
La medida se concretó el martes y forma parte de la investigación en marcha por los delitos cometidos en el contexto de la operación militar ordenada durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. El allanamiento fue requerido por el titular de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Pablo Camuña, y ordenado por el juez federal Nº1, Daniel Bejas. De acuerdo con la investigación fiscal, “desde febrero de 1975 la fábrica azucarera habría sido sede de una de las bases militares desplegadas en el sur provincial y habría alojado un centro clandestino de detención”.
La causa, que está en instrucción, incluye 43 víctimas que habrían pasado por el centro clandestino. Se trataría de habitantes de las colonias obreras y ex trabajadores de la firma que habrían resididoe en localidades cercanas.
El fiscal Camuña describió que requirió documentación a la empresa en varias oportunidades y que los pedidos no fueron respondidos, según afirmó. Por ese motivo se hicieron los allanamientos.
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