21 Junio 2016
Pérez Corradi quiere ser extraditado para declarar
El financista Ibar Pérez Corradi afirmó ayer que tiene miedo por su seguridad y la de su familia, a la vez que pidió garantías para poder probar su inocencia “con evidencias” en el caso del triple crimen de General Rodríguez. El hecho tiene ribetes narco-político, al relacionarse a carteles mexicanos y a fondos destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina
SE NEGO A DECLARAR. Pérez Corradi, con chaleco antibalas, se retira del despacho de la fiscal del caso, en Paraguay, por la falsificación de identidad. Reuters
ASUNCION/BUENOS AIRES.- El financista Ibar Pérez Corradi, acusado en la Argentina de un triple crimen vinculado al narcotráfico, pidió “seguridad” ya que tiene “miedo” de lo que le pueda suceder, afirmó ayer en Asunción tras negarse a declarar ante la Justicia de Paraguay. Y dijo que espera que le den la posibilidad de demostrar su “inocencia”.
Fuertemente custodiado en la puerta de la fiscalía de Asunción, y junto a sus abogados, Carlos Broitman y Juan José Ribelli, Pérez Corradi dijo a la prensa que quiere contar con las garantías procesales para esclarecer su situación en la causa.
“Voy a esclarecer mi imputación”, aseguró el detenido, tras resaltar la decisión de la Justicia Argentina de que la causa en la que está imputado haya pasado al fuero federal. “Me están diciendo que me van a dar posibilidad de que le tomen declaración a los testigos y van a admitir las pruebas que tengo para presentar; nunca tuve esa oportunidad”, agregó Pérez Corradi.
Pruebas y tiempo
Corradi era el prófugo argentino más buscado hasta el domingo pasado, cuando fue detenido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y trasladado a Asunción. Está acusado de ordenar un triple asesinato en 2008 con presuntas vinculaciones con redes del narcotráfico mexicano.
El financista aseguró ante la prensa que para “esclarecer” su imputación en el triple crimen “voy a presentar pruebas”, afirmó.
Tras negarse a declarar ante la Justicia de Paraguay por uso de documento falso, Pérez Corradi dijo: “tengo miedo; me están diciendo que me van a dar seguridad”.
La fiscal paraguaya Sandra Quiñones estimó que es probable que el proceso de extradición “sea mucho más corto que los 45 días” que usualmente lleva.
Por su parte, uno de los abogados de Pérez Corradi aseguró que el detenido prefiere ser extraditado a la Argentina para declarar ante la Justicia por las causas en las que se lo investiga y pidió que se respeten sus derechos constitucionales.
Además, el abogado Carlos Broitman explicó que su defendido reconocerá su identidad ante la Justicia de Paraguay. “Presumimos que ya ha reconocido que es él”, dijo ayer Broitman en la puerta de la fiscalía, hasta donde fue trasladado para declarar ante la fiscal Quiñones en el marco de la causa por la adulteración de documento de identidad.
Identidades
Pérez Corradi utilizaba varias identidades falsas y se había borrado las huellas digitales para mantenerse fuera del alcance de la Justicia, tal como se encontraba desde hace más de cuatro años, informó el Gobierno argentino. Consultado sobre esto por la prensa, el detenido contestó que eso “es privado”.
El acusado se encontraba alojado en un departamento de Foz de Iguazú junto a su pareja, una mujer de nacionalidad paraguaya, y dos hijos, al momento de ser detenido.
En 2012 la Justicia argentina pidió la captura de Pérez Corradi por considerarlo el responsable de ordenar el asesinato, cuatro años antes, de tres hombres que, presuntamente se habían entrometido en una operación de venta de sustancias químicas para producir drogas.
La fiscal general argentina Mónica Cuñarro, dijo que Pérez Corradi gozó de “protección” para estar prófugo estos años y de “financiamiento para ir comprando su libertad”. “Durante estos tres años estuvo en el país vecino (de Paraguay) viviendo y sacándose fotos en el shopping y no lo pudieron encontrar, ni siquiera las autoridades de Interpol”, planteó Cuñarro. Expresó que Pérez Corradi estuvo “financieramente libre como el ‘Chapo’ Guzmán”, quien fue el líder de cártel narco de la ciudad mexicana de Sinaloa.
Según estimó Cuñarro, el ahora detenido Pérez Corradi pudo ir “comprando su libertad durante todos estos años, porque tenía protección”.
Entramado político
El caso tiene un entramado político. El 7 de agosto de 2008, en la localidad General Rodríguez, fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente a raíz de una disputa entre bandas mafiosas por el control del mercado argentino de la efedrina.
“Pérez Corradi tenía vinculación con los carteles de Juárez y Sinaloa”, dijo el secretario de Seguridad argentino, Eugenio Burzaco. Según diferentes investigaciones judiciales, Pérez Corradi adquiría efedrina en China a U$S 50 el kg y luego la vendía a organizaciones criminales de México a U$S 4.500.
Entre 2004 y 2007 la importación de sustancias químicas como la efedrina se multiplicó por 11 en la Argentina, una operatoria que la Justicia investiga.
Al menos tres laboratorios dedicados a esta operatoria, según comprobó la Justicia, realizaron aportes a la campaña política que llevó a la presidencia en 2007 a Cristina Fernández de Kirchner.
Una de las empresas estaba a nombre de la esposa de Sebastián Forza, uno de los tres hombres cuyo asesinato se le imputa a Pérez Corradi.
Por aquellos crímenes fueron condenados Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, quienes a fines de 2015 fueron los protagonistas de una espectacular fuga de una cárcel de máxima seguridad que se extendió durante dos semanas, hasta que fueron recapturados. (DPA-DyN-Télam)
Fuertemente custodiado en la puerta de la fiscalía de Asunción, y junto a sus abogados, Carlos Broitman y Juan José Ribelli, Pérez Corradi dijo a la prensa que quiere contar con las garantías procesales para esclarecer su situación en la causa.
“Voy a esclarecer mi imputación”, aseguró el detenido, tras resaltar la decisión de la Justicia Argentina de que la causa en la que está imputado haya pasado al fuero federal. “Me están diciendo que me van a dar posibilidad de que le tomen declaración a los testigos y van a admitir las pruebas que tengo para presentar; nunca tuve esa oportunidad”, agregó Pérez Corradi.
Pruebas y tiempo
Corradi era el prófugo argentino más buscado hasta el domingo pasado, cuando fue detenido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú y trasladado a Asunción. Está acusado de ordenar un triple asesinato en 2008 con presuntas vinculaciones con redes del narcotráfico mexicano.
El financista aseguró ante la prensa que para “esclarecer” su imputación en el triple crimen “voy a presentar pruebas”, afirmó.
Tras negarse a declarar ante la Justicia de Paraguay por uso de documento falso, Pérez Corradi dijo: “tengo miedo; me están diciendo que me van a dar seguridad”.
La fiscal paraguaya Sandra Quiñones estimó que es probable que el proceso de extradición “sea mucho más corto que los 45 días” que usualmente lleva.
Por su parte, uno de los abogados de Pérez Corradi aseguró que el detenido prefiere ser extraditado a la Argentina para declarar ante la Justicia por las causas en las que se lo investiga y pidió que se respeten sus derechos constitucionales.
Además, el abogado Carlos Broitman explicó que su defendido reconocerá su identidad ante la Justicia de Paraguay. “Presumimos que ya ha reconocido que es él”, dijo ayer Broitman en la puerta de la fiscalía, hasta donde fue trasladado para declarar ante la fiscal Quiñones en el marco de la causa por la adulteración de documento de identidad.
Identidades
Pérez Corradi utilizaba varias identidades falsas y se había borrado las huellas digitales para mantenerse fuera del alcance de la Justicia, tal como se encontraba desde hace más de cuatro años, informó el Gobierno argentino. Consultado sobre esto por la prensa, el detenido contestó que eso “es privado”.
El acusado se encontraba alojado en un departamento de Foz de Iguazú junto a su pareja, una mujer de nacionalidad paraguaya, y dos hijos, al momento de ser detenido.
En 2012 la Justicia argentina pidió la captura de Pérez Corradi por considerarlo el responsable de ordenar el asesinato, cuatro años antes, de tres hombres que, presuntamente se habían entrometido en una operación de venta de sustancias químicas para producir drogas.
La fiscal general argentina Mónica Cuñarro, dijo que Pérez Corradi gozó de “protección” para estar prófugo estos años y de “financiamiento para ir comprando su libertad”. “Durante estos tres años estuvo en el país vecino (de Paraguay) viviendo y sacándose fotos en el shopping y no lo pudieron encontrar, ni siquiera las autoridades de Interpol”, planteó Cuñarro. Expresó que Pérez Corradi estuvo “financieramente libre como el ‘Chapo’ Guzmán”, quien fue el líder de cártel narco de la ciudad mexicana de Sinaloa.
Según estimó Cuñarro, el ahora detenido Pérez Corradi pudo ir “comprando su libertad durante todos estos años, porque tenía protección”.
Entramado político
El caso tiene un entramado político. El 7 de agosto de 2008, en la localidad General Rodríguez, fueron asesinados Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente a raíz de una disputa entre bandas mafiosas por el control del mercado argentino de la efedrina.
“Pérez Corradi tenía vinculación con los carteles de Juárez y Sinaloa”, dijo el secretario de Seguridad argentino, Eugenio Burzaco. Según diferentes investigaciones judiciales, Pérez Corradi adquiría efedrina en China a U$S 50 el kg y luego la vendía a organizaciones criminales de México a U$S 4.500.
Entre 2004 y 2007 la importación de sustancias químicas como la efedrina se multiplicó por 11 en la Argentina, una operatoria que la Justicia investiga.
Al menos tres laboratorios dedicados a esta operatoria, según comprobó la Justicia, realizaron aportes a la campaña política que llevó a la presidencia en 2007 a Cristina Fernández de Kirchner.
Una de las empresas estaba a nombre de la esposa de Sebastián Forza, uno de los tres hombres cuyo asesinato se le imputa a Pérez Corradi.
Por aquellos crímenes fueron condenados Víctor Schillaci y los hermanos Martín y Cristian Lanatta, quienes a fines de 2015 fueron los protagonistas de una espectacular fuga de una cárcel de máxima seguridad que se extendió durante dos semanas, hasta que fueron recapturados. (DPA-DyN-Télam)
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