24 Agosto 2016
ACTO. Silman, como autoridad legislativa, saludó a la Fundación Disfam. prensa legislatura
Legisladores de diferentes bloques se mostraron de acuerdo con la eliminación de las ayudas sociales a personas. Según oficialistas y opositores consultados por LA GACETA, el cambio en el régimen de subsidios del Poder Legislativo será favorable. De todas formas, hubo voces que pusieron signos de interrogación sobre el uso de los fondos parlamentarios a futuro.
El lunes, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que se había acordado el fin del sistema conocido como “gastos sociales”. Aclaró que seguirán los auxilios a entes de bien público. Ayer se produjo la entrega de esta clase de asistencia.
Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario) encabezaron el acto, que consistió en la cesión de $ 30.000 a la Fundación Dislexia y Familia (DisFam). Con esos fondos, la entidad podrá encarar unas jornadas de capacitación para profesionales, docentes, padres y otros interesados en la detección temprana de la dislexia (según fuentes legislativas, se solventará el pasaje y el alojamiento de los disertantes, entre otros costos). Las actividades están previstas para septiembre en la Unsta. Participaron de la entrega del subsidio, entre otros, el titular subrogante, Julio Silman, el jefe del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, y el radical Luis González.
Viña destacó que están bajo análisis legislativo proyectos de ley referidos a la dislexia (para garantizar de la cobertura médica y para la adecuación del régimen de enseñanza). Luego, fue consultado por la eliminación de las ayudas sociales a personas. “Hemos acatado una resolución que era ya decidida por la Presidencia. Es un sistema que existe hace mucho tiempo”, indicó el bussista. Advirtió que el régimen estaba siendo “muy cuestionado”. “Por ahí cargamos con culpas ajenas, de otros mandatos”, sostuvo Viña. Y consideró favorable “que las ayudas se manejen a instituciones, como ocurrió hoy (por ayer), en un acto público”.
El vicepresidente 2° de la Cámara, Ariel García (UCR), afirmó que el fin de los gastos sociales “marca un punto de inflexión” de cara a la reforma política. “Haber terminado con este sistema, que había pasado diversas conformaciones legislativas, es una señal fuerte en torno a los cambios que requiere la actividad política”, afirmó el vicepresidente local de la UCR, a cargo de la presidencia. Calificó luego como “sabia y firme la decisión tomada por Jaldo”. “A quienes piensan que hay alguna alternativa para sostener de algún modo este sistema ya superado, no hay otro remedio que pincharles el globo y subrayar que se trata de algo permanente y definitivo; esto llevará a una reforma que brinde la transparencia necesaria en el manejo de los fondos públicos”, añadió el radical.
El macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) afirmó que el vicegobernador había tomado el compromiso con los bloques políticos de eliminar ese régimen. “Faltaba resolver cuándo y cómo. Celebro que se vaya a la bancarización. Ahora todos los movimientos quedarán registrados”, aseveró el opositor.
Por otra parte, dos legisladores que llevaron la cuestión de los gastos sociales a la Justicia provincial fueron cautos sobre la novedad.
“Estoy de acuerdo con la decisión”, afirmó el radical Eudoro Aráoz, quien solicita ante el fuero contencioso el acceso a la información sobre los gastos sociales del 2015 electoral. Aseguró que aún no fue informado sobre cómo será la nueva operatoria, por lo que prefería aguardar hasta conocerla. “Esta decisión no interferirá de modo alguno sobre el juicio que llevo adelante”, advirtió Aráoz.
El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quien formuló una acción declarativa de constitucionalidad, recordó que había presentado días atrás un proyecto para la eliminación de la partida “ayudas sociales” y su envío al Ministerio de Desarrollo Social del PE. “La Legislatura no debe hacer asistencialismo. Me alegra que el vicegobernador y mis pares lo entendieran así también. Ya recuperada la credibilidad, la Cámara estará en condiciones de tratar un proyecto de lucha contra la corrupción que estoy por presentar”, añadió Brodersen.
El lunes, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que se había acordado el fin del sistema conocido como “gastos sociales”. Aclaró que seguirán los auxilios a entes de bien público. Ayer se produjo la entrega de esta clase de asistencia.
Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario) encabezaron el acto, que consistió en la cesión de $ 30.000 a la Fundación Dislexia y Familia (DisFam). Con esos fondos, la entidad podrá encarar unas jornadas de capacitación para profesionales, docentes, padres y otros interesados en la detección temprana de la dislexia (según fuentes legislativas, se solventará el pasaje y el alojamiento de los disertantes, entre otros costos). Las actividades están previstas para septiembre en la Unsta. Participaron de la entrega del subsidio, entre otros, el titular subrogante, Julio Silman, el jefe del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, y el radical Luis González.
Viña destacó que están bajo análisis legislativo proyectos de ley referidos a la dislexia (para garantizar de la cobertura médica y para la adecuación del régimen de enseñanza). Luego, fue consultado por la eliminación de las ayudas sociales a personas. “Hemos acatado una resolución que era ya decidida por la Presidencia. Es un sistema que existe hace mucho tiempo”, indicó el bussista. Advirtió que el régimen estaba siendo “muy cuestionado”. “Por ahí cargamos con culpas ajenas, de otros mandatos”, sostuvo Viña. Y consideró favorable “que las ayudas se manejen a instituciones, como ocurrió hoy (por ayer), en un acto público”.
El vicepresidente 2° de la Cámara, Ariel García (UCR), afirmó que el fin de los gastos sociales “marca un punto de inflexión” de cara a la reforma política. “Haber terminado con este sistema, que había pasado diversas conformaciones legislativas, es una señal fuerte en torno a los cambios que requiere la actividad política”, afirmó el vicepresidente local de la UCR, a cargo de la presidencia. Calificó luego como “sabia y firme la decisión tomada por Jaldo”. “A quienes piensan que hay alguna alternativa para sostener de algún modo este sistema ya superado, no hay otro remedio que pincharles el globo y subrayar que se trata de algo permanente y definitivo; esto llevará a una reforma que brinde la transparencia necesaria en el manejo de los fondos públicos”, añadió el radical.
El macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) afirmó que el vicegobernador había tomado el compromiso con los bloques políticos de eliminar ese régimen. “Faltaba resolver cuándo y cómo. Celebro que se vaya a la bancarización. Ahora todos los movimientos quedarán registrados”, aseveró el opositor.
Por otra parte, dos legisladores que llevaron la cuestión de los gastos sociales a la Justicia provincial fueron cautos sobre la novedad.
“Estoy de acuerdo con la decisión”, afirmó el radical Eudoro Aráoz, quien solicita ante el fuero contencioso el acceso a la información sobre los gastos sociales del 2015 electoral. Aseguró que aún no fue informado sobre cómo será la nueva operatoria, por lo que prefería aguardar hasta conocerla. “Esta decisión no interferirá de modo alguno sobre el juicio que llevo adelante”, advirtió Aráoz.
El macrista Luis Brodersen (bloque PRO-A), quien formuló una acción declarativa de constitucionalidad, recordó que había presentado días atrás un proyecto para la eliminación de la partida “ayudas sociales” y su envío al Ministerio de Desarrollo Social del PE. “La Legislatura no debe hacer asistencialismo. Me alegra que el vicegobernador y mis pares lo entendieran así también. Ya recuperada la credibilidad, la Cámara estará en condiciones de tratar un proyecto de lucha contra la corrupción que estoy por presentar”, añadió Brodersen.
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