09 Septiembre 2016
Entre ironías, la difusión de un recibo de sueldo de $ 104.000, gritos para que se derogue el decreto y pocas defensas transcurrió ayer en la Legislatura la discusión por la controvertida designación del senador José Alperovich como asesor ad honorem del Poder Ejecutivo Provincial.
Como era de esperarse, legisladores del oficialismo y de la oposición dedicaron buena parte de la sesión para referirse al decreto 41/1, firmado por el gobernador Juan Manzur el mismo día en que asumió, el 29 de octubre. Mediante ese instrumento, que no había sido publicado en el Boletín Oficial sino hasta después de su difusión en LA GACETA, el domingo pasado, el ex mandatario fue nombrado como asesor con rango ministerial.
Los opositores se turnaron para repudiar a Alperovich y a la falta de publicidad del decreto. “Esto le permite seguir usufructuando los bienes y servicios del Estado, un avión para ir a Buenos Aires, auto con chofer y custodia policial. Hablamos de una persona que hoy es senador, que fue 12 años gobernador, con una fortuna personal que tal vez sea la más importante de la provincia, y que sigue buscando que los tucumanos le paguen el chofer y el auto. Es una actitud miserable, de pillamoneda, de pichulero”, dijo el macrista Alberto Colombres Garmendia. El radical Raúl Albarracín también cuestionó al Gobierno. “Parece que había que remediar con un decreto esa enfermedad de la pérdida de poder”, sintetizó el concepcionense. Y advirtió sobre las implicancias jurídicas y la posibilidad de que la designación viole la Constitución nacional.
La peronista disidente Stella Maris Córdoba fue aún más lejos y exhibió un recibo de sueldo que, dijo, correspondía a Alperovich por su banca de senador. “¿Este senador que cobra $ 104.549 necesita que los tucumanos le paguen el chofer, el transporte, viáticos y utilizar el avión sanitario de la provincia para trasladarse?”, se preguntó. “Eso es abuso de poder, como lo fue en 2013 con los saqueos, cuando hizo sacar, porque ya sabía lo que iba a pasar, los autos de su concesionaria para que no se los dañen. O cuando se le hizo el lugar en el PAMI a su hija (en alusión a Sara Alperovich)”, se respondió la ex diputada.
El bussista Claudio Viña se sumó a los repudios y reclamó explicaciones al Gobierno. “No se cuál de las dos situaciones es más difícil de entender, si el decreto o la no publicación, pero juntas hacen un combo complicado”, bramó. “No está falto de recursos el gobernador como para ejercer esta noble tarea pidiendo reconocimiento de gastos”, ironizó Viña. Finalmente, tres radicales cerraron la andanada de cuestionamientos. “Los avergüenza el decreto, por eso lo han ocultado, porque es para cubrir los gastos que demande”, planteó Ariel García, vicepresidente segundo de la Cámara. El ex intendente Rubén Chebaia se refirió a la cuestión legal: “Puede haber un problema constitucional. Pediría al titular del PE que revoque ese decreto”. “¿Por qué esconder los actos públicos? No he escuchado ninguna respuesta a ese interrogante”, completó José María Canelada.
Pocos oficialistas buscaron defender la figura del ex gobernador Alperovich. “Mientras algunos se empujan en Mesa de Entrada de la Legislatura y en el Senado para ver quién es el primero en meter una presentación en contra de Alperovich para después decir ‘fui yo’, nadie se empuja para saber qué pasa con el Plan Belgrano que no arranca”, comparó el ex secretario de Prensa, Marcelo Ditinis. “El chofer de José Alperovich, ¿eso es lo importante? Discutamos todo el año de eso, pero no lo he visto nunca al legislador Colombres Garmendia recorriendo, y sin embargo sí lo veo al ex gobernador; es necesario que opine y dé sus 12 años de experiencia, buena o mala; la necesitamos”, añadió Eduardo Cobos, ex director de Construcciones Escolares en el alperovichismo.
Ramón Santiago Cano, presidente del bloque Tucumán Crece, se sumó a los elogios hacia el actual senador. “Un día le pregunté a un diputado nacional qué tal era Pierri, que era presidente de Diputados, y me dijo: ‘mirá, discursivamente, del 1 al 10, 2; cómo se relacionaba con otras personas, 3; capacidad intelectual, entre 2 y 3. ¿Qué tenía entonces? Muy buenos asesores’, me contestó. El albañil aprende del otro albañil, del que tiene más experiencia. ¿Qué mejor experiencia que 12 años a cargo del PE?”, sostuvo el ex concejal capitalino.
Ya al final de la sesión, el que se refirió al escándalo fue el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, aunque tomó distancia de la polémica. “En esta gestión no les ponemos límites al tiempo de manifestaciones generales, y hay opositores que han atacado este instrumento y oficialistas que salieron en defensa. Se puede opinar a favor o en contra, pero no se puede cuestionar la facultad exclusiva del gobernador para firmarlo”, se excusó el presidente de la Cámara.
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