En los últimos cuatro años, se crearon cuatro empleos públicos contra uno del sector privado

Según un informe, el plan del Gobierno para capacitar trabajadores no ayudará a resolver la sobredimensión de agentes estatales El desafío de modernizar el funcionamiento del Estado choca con el elevado gasto público que representan las planillas salariales

ARDUA BÚSQUEDA. El Estado continúa siendo la vía más rápida para conseguir un empleo, ya que los puestos privados continúan siendo escasos. la gaceta / foto de juan pablo sánchez noli ARDUA BÚSQUEDA. El Estado continúa siendo la vía más rápida para conseguir un empleo, ya que los puestos privados continúan siendo escasos. la gaceta / foto de juan pablo sánchez noli
14 Febrero 2017
Los empleados registrados en el sector privado aumentaron, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en 120.000 personas, en todo el país, entre 2012 y 2016, sobre un total de 6 millones de trabajadores en esta condición. En tanto, los empleados públicos, en los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) aumentaron en 483.000 personas entre un total de 3 millones de trabajadores estatales. Según un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en los últimos cuatro años se generaron cuatro empleos públicos por cada uno del sector privado registrado.

Según el informe, que elaboraron los especialistas de Idesa, que conduce el economista Jorge Colina, estos datos muestran que en el sector público se desarrolló un proceso sostenido de nuevas contrataciones. “En parte, esto se explica por la débil generación de empleos privados, en un contexto en el cual el sector público ofrece, en la mayoría de los casos, salarios más altos y muchas menos exigencias. Pero también reflejó el uso del Estado para premiar la militancia política o para congraciarse con familiares, amigos u otro tipo de compromisos”, cuestionó Idesa en su análisis. “El resultado de esta dinámica fue que se agravaron los problemas estructurales de sobredimensión de empleo público que vienen de larga data”, agregó.

A comienzos de este mes, el Gobierno nacional anunció un plan para destinar unos $ 60 millones en la capacitación de más de 80.000 empleados estatales del país. Invertir recursos y esfuerzos en modernizar el sector público se justifica, ya que la convivencia pacífica y el emprender un proceso sostenido de desarrollo económico y social sólo son posibles con la presencia de un Estado sólido, transparente y profesional, manifestó el estudio.

“Darle prioridad al empleo público también se justifica por otros motivos. Por un lado, porque el desempeño de los recursos humanos condiciona el funcionamiento del Estado. Pero también porque el gasto en personal absorbe una porción amplia de los presupuestos estatales: representa el 14% en el Presupuesto nacional y el 65%, en promedio, en los presupuestos provinciales y municipales”, argumentó Idesa.

El elevado gasto estatal

Sin embargo, ¿es suficiente capacitar a los empleados públicos para modernizar el Estado? Los expertos de Idesa afirmaron que profesionalizar el empleo público es una meta desafiante porque requiere que el Estado enfrente los intereses enquistados en la sobredimensión del empleo estatal y en la mediocridad. “No hay conciencia de que incorporar al Estado trabajadores que no se necesitan es tan dañino como cobrar sobreprecios en la obra pública. Peor aún es frecuente que la laxitud en la contratación y la gestión de los empleados públicos sean asociadas con la sensibilidad social”, observó el estudio.

En un marco de contrataciones indiscriminadas, sostuvo Idesa, los planes de capacitación que impulsa el Gobierno “no sólo que no aportarán soluciones, sino que agravarán el problema de la sobredimensión, ya que promoverán que el gasto público siga aumentando sin mejorar el desempeño”.

¿Cómo se puede resolver este problema? Un primer paso para avanzar en la modernización del Estado es replantear las funciones y respetar la organización federal. Según Idesa, existe una gran cantidad de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales. “Si se eliminaran estos solapamientos se podrían evitar los derroches y generar las condiciones para que las provincias y los municipios mejoren la gestión de los servicios”, propuso el informe.

Antes de avanzar en la formación y en la preparación de los recursos humanos del Estado es necesario clarificar los roles y los objetivos. “Por eso, la capacitación resulta inocua y distractiva si, previamente, no se hace un replanteo institucional profundo que articule los roles que deben cumplir la Nación y las provincias y se reformulen las reglas de premios, de castigos y la estabilidad en el sector público”, finalizó Idesa.

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