Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, le dio de comer a los tucumanos que piden a gritos mano dura y pena de muerte para tratar de frenar la ola de inseguridad en la provincia. Se animó a detenerse en el límite de lo legal y lo ilegal. Lo hizo cuando sus vigías ciudadanos recibieron armas para realizar tareas de prevención en las calles de esa ciudad. En ningún otro municipio, que viene implementando este sistema, se llegó tan lejos.

El jefe municipal tomó esta decisión después de denunciar que en sus tierras aumentaron los delitos contra la propiedad y se incrementaron los quioscos de venta de drogas en varios sectores. Campero pareciera haberse tomado un tardío y frío baño de realidad. Muchísimos habitantes de esta provincia desde hace años que conviven con esos problemas. En Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán también se dieron cuenta que no alcanzaba con protestar, sino que debían colaborar. Así nacieron sus cuerpos de vigías. Sin embargo, a ninguno de los intendentes que creó o mantuvo a sus guardias ciudadanos se atrevió a llegar tan lejos.

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Habría que preguntarles a los vecinos de Yerba Buena si son conscientes de los peligros que representa tener un empleado municipal armado. Por más que Campero diga que no, las armas que tienen sus hombres pueden lastimar y hasta matar. Los chalecos antibalas que les dio no los hace inmortales y mucho menos. Tampoco dos meses de instrucción son suficientes para saber cuándo y cómo manejar esas escopetas. Mostrar esa imagen de los vigías portando esas armas no sólo es una advertencia, sino un aviso para que los asaltantes también estén preparados para enfrentarlos. Los habitantes deberían saber que si a alguno de los guardias o a un tercero le pasa algo será el municipio el que se haga cargo civilmente del caso. Obviamente que habrá que recurrir a un largo juicio que, muy probablemente, terminará perdiendo y pagando otro intendente. Y, se sabe, este es un municipio al que precisamente no le sobran los recursos para afrontar un gasto millonario.

Yerba Buena, por el poder adquisitivo de sus habitantes, siempre fue un imán para las personas que viven del delito. Por eso, desde hace años, es uno de los municipios con el que mayor vigilancia policial cuenta. Según fuentes de la fuerza, cuenta con más 130 efectivos y el apoyo del servicio 911 en tres turnos. Es más, hasta deberían sentirse unos privilegiados por tener uniformados en las sendas para que los bikers puedan circular sin que les roben sus bicicletas. Esas es una protección que no tiene el vecino de Villa 9 de Julio, el de Alderetes, el de Las Talitas y el de Lomas de Tafí que salen a recorrer las calles con el corazón en la boca para que no les roben las motos que usan para ir a trabajar.

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Inoportuno

Campero cayó, como le ocurre a la mayoría de nuestros dirigentes, en ese peligroso abismo de lo inoportuno. Buscó una manera simplista y efectista para dejar conformes a una sociedad que exige respuestas urgentes y soluciones violentas para frenar la violencia. Se enfrentó a las autoridades de Seguridad de la provincia y no logró plasmar un plan en serio.

Tafí Viejo, Alderetes, Banda del Río Salí y Las Talitas, antes de lanzar el sistema, hablaron con los funcionarios de Seguridad y establecieron un trabajo en conjunto. No se cortaron solos. En esas ciudades, los vigías recorren las ciudades a la par de un uniformado, que será el que deberá usar el arma si realmente llegara a ser necesario. Los funcionarios dicen que los resultados que consiguieron son buenos, pero reconocen que no alcanza, que hace falta más, mucho más para dejar conforme a los vecinos que tienen a la inseguridad como el problema que sigue sin solucionarse.

La situación no cambia, sino que tiende a empeorar. El gobierno de Juan Manzur afirma que trabaja para lograr que la provincia sea más segura. Esas palabras suenan bien, pero la realidad es otra. A la hora de la verdad, nada cambia. Otra vez el presupuesto para el área de Seguridad no sólo que no se aumentó, sino que ni siquiera se ajustó con los índices inflacionarios. Así es muy difícil intentar lograr un cambio en serio.

Tampoco se conseguirá nada si no se habla de políticas a largo plazo. La gestión en el área de Seguridad de Regino Amado-Paul Hofer tuvo aciertos y errores. Asumió la dupla Claudio Maley-Miguel Gómez y comenzó todo desde cero. Pusieron en marcha un plan (hay que esperar para saber si fue el correcto porque tres meses es poco para hacer una evaluación) y dejaron de lado los aciertos de sus antecesores. El fortalecimiento del servicio 911, la creación del Grupo de Operaciones Motorizadas y la aplicación Transporte Seguro, por ejemplo, pasaron a un segundo plano. Así es casi imposible que las soluciones aparezcan.

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