Video: así se “gestiona” una casa del IPV irregularmente

“Hay una señora que vende casas”, decía el mensaje que había llegado a LA GACETA. La misión periodística: ver si era -y cómo era- posible acceder a la adjudicación de una vivienda perteneciente al IPV en Manantial Sur evitando el trámite oficial.

Así comenzó la historia y el trajín para cumplir el “sueño de la casa propia”, que incluyó “hacerse” de un trabajo y de hasta una hija. Si a esta altura del relato la historia sueña extraña, más raro aún fue el proceso de supuesta adjudicación de la vivienda a través del “trabajo social” oneroso de una presunta gestora.

A este tipo de operación pudo acceder el equipo de “Panorama Tucumano” gracias al dato de la audiencia; y la investigación periodística se encaró con el objetivo de exhibir una maniobra que pareciera ser común en la provincia. Así lo hacen sospechar 2.300 denuncias en la Justicia provincial y decenas de causas por anomalías en el funcionamiento del Instituto de la Vivienda.

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A través de una fuente supimos que, en un grupo de WhatsApp de vecinos de Manantial Sur, una persona ofrecía acceder de manera rápida a la adjudicación de una vivienda social en el mismo barrio por una vía ajena a la normal del IPV.

Con grabadoras de audio y cámaras de video ocultas, nos dirigimos hasta el lugar y nos contactamos con la supuesta “gestora”: M., una mujer de unos 30 años, que aseguraba trabajar para políticos con influencia dentro del IPV. Nos recibió en la que supuestamente era la casa de su madre y allí explicó la operación: “ellos piden $260.000 por la casa”, dijo la mujer. El modus operandi era el siguiente: había que entregar $60.000 por adelantado y, en el acto político previo a la entrega de la casa, los $ 200.000 restantes.

Esta investigación periodística comenzó en septiembre de 2017, cuando “Panorama Tucumano” desarrollaba una serie de notas que develaban una estructura paralela al Instituto mediante la cual se beneficiaba a algunos empresarios adjudicándoles obras de manera poco clara.

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Según esta “gestora” era posible evadir el procedimiento autorizado gracias a contactos políticos. Incluso, como prueba, accedió a visitar junto con el equipo de LA GACETA a vecinos de Manantial Sur que, según su testimonio, habían accedido a sus viviendas mediante su “gestoría”.

Caminamos por el barrio golpeando puertas y tratando de contactar con vecinos hasta que llegamos a la casa de A. Esta señora se encontraba con su familia cocinando fideos para almorzar y recibió a M. de manera afectuosa. “Todo fue así como ella nos prometió”, nos decía. “En ese momento nosotros pagamos $ 180.000, dimos la mitad primero y la otra mitad luego de una serie de entrevistas en el Instituto”, añadió. Desde la producción de “Panorama Tucumano” decidimos seguir indagando en esta línea investigativa y accedimos a una segunda cita propuesta por M. para recibir el dinero.

A mediados de octubre de 2017, la mujer nos citó en un local de ropa ubicado en las afueras de la ciudad. “Ahora a las tres de la tarde llevo esto a Casa de Gobierno”, nos decía luego de recibir el dinero, agregando que no recibía ninguna comisión por este tipo de operaciones y que todo el importe lo recaudan “ellos”, los políticos para quienes presuntamente trabaja. “Te soy sincera -continuó- yo lo hago porque quiero entrar a trabajar en el Estado y tengo que pagar piso. ‘Ellos’ (los políticos) me prometieron un puesto si ganan las próximas elecciones”.

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Días posteriores a esto se nos requirió una serie de documentos necesarios para completar una carpeta con los requisitos que, supuestamente, sería presentada en el Instituto. Lo que parecía ser un “trámite sencillo” se fue complejizando, pero existían atajos: si uno no contaba con alguno de los requisitos, estas personas se ofrecían a subsanarlo por medio de documentación falsa. Seis boletas de sueldo apócrifas, por ejemplo, se conseguían por la suma de $6.500.

Una de las condiciones parecía difícil de sortear: para acceder a la adjudicación de la vivienda el interesado debía tener un hijo (el interesado, en este caso no estaba casado, como exige uno de los requisitos del IPV en el trámite formal). Sin embargo, por el valor de $2.500 prometían conseguir el acta de nacimiento y el DNI de un menor para que, a los fines del trámite, contemos con el hijo requerido. En resumen, por $ 9.000, el interesado consigue un trabajo y un hijo, ambos apócrifos.

Esto sucedía en diciembre de 2017. La supuesta entrega del inmueble se iba a realizar en los primeros días de noviembre y luego se fue postergando sucesivamente para diciembre, luego febrero y finalmente para junio.

Todo en pausa

El último contacto se realizó a través de un llamado telefónico el día 4 de abril de 2018. En esta conversación nos dijeron que las entregas estaban frenadas debido a la serie de notas publicadas en LA GACETA sobre falsos gestores. Era necesario, según nos dijeron, reemplazar todos los documentos anteriores por los de una pareja realmente casada por civil y que cuente efectivamente con un menor a su cargo. En caso de que no contemos con estas personas, otra vez nos ofrecieron subsanar este obstáculo, por supuesto a cambio de dinero.

Así culminó la historia de cómo “comprar” (y no obtener) una casa del IPV por una vía que parece irregular, pero que para algunos parecería ser una forma segura de acceder a una casa.

El proceso abre, además, incógnitas. ¿Había un contacto real de la “gestora” con alguien del IPV? ¿Por qué tanto apego en que el interesado cuente con todos los papeles que efectivamente exige el IPV a los beneficiarios si en realidad todo era una farsa? ¿Habrían entregado la casa si LA GACETA no hubiera publicado los escándalos en torno al IPV? ¿Cuánta gente salió perjudicada por este accionar? ¿Cuántos efectivamente lograron comprar una casa a través de esta “gestoría? ¿Cuántos perdieron la chance de tener una vivienda propia a partir de las maniobras para beneficiar a los que pagaban por esas casas? ¿Se sabrá la verdad?

El paso a paso de la operatoria

1- Una vecina de barrio Manantial Sur contactó a LA GACETA porque en un chat de habitantes del lugar ofrecían facilidades para tener una vivienda. 

2- El 7 de septiembre se hizo una reunión con la intermediaria. Prometía una casa por $260.000. Arguyó tener contactos “políticos”.

3- La “gestora” requirió un adelanto de $60.000. El dinero fue entregado el 22 de octubre de 2017. El saldo debía ser pagado previo a la entrega de la casa.

4- Tras la transacción, la “gestora” comenzó a pedir la entrega de documentación para presentar una carpeta en el Instituto. Era necesario estar casado.

5- Poco a poco, se fue fueron complicando los trámites y requisitos. Se necesitaba tener un menor a cargo y boletas de sueldo. Por dinero, ellos los proveían.