Una banda de narcomenudeo tendría cuatro empleados públicos dentro de la organización

Entre el mediodía y la noche del miércoles 23 de mayo, 16 personas fueron detenidas durante un megaoperativo antidrogas que incluyó 12 allanamientos. La organización, dedicada al narcomenudeo en diferentes barrios de la capital, era investigada desde el año pasado. Hubo 16 detenidos, pero en la lista había nombres que llamaron la atención. El vendedor era un norteamericano, nacionalizado boliviano; el presunto distribuidor era hermano del intendente de la localidad salteña de Salvador Mazza; y había cuatro empleados públicos entre los sospechosos. Dos tendrían algún tipo de relación laboral con la comuna de El Cadillal y los otros dos serían conserjes de una escuela.

Sorpresa en la escuela donde trabajaban como conserjes dos de los presuntos “dealers”

Para los investigadores, los que habrían prestado servicios en la villa turística eran quienes ocupaban un lugar destacado dentro de la organización narco que fue desbaratada. “Se sospecha que una vez que la droga llegada a la provincia ellos eran los destinatarios. Serían los dueños de otros quioscos y eran los encargados de proveerlos de la sustancia. Su rol era importante, estaban un escalón arriba en la banda”, señaló el comisario Jorge Nacusse, jefe de la Digedrop.

LA GACETA fue hasta la sede comunal de la villa para consultar si allí estaban al tanto de esta situación. Los empleados, quienes no se identificaron, no aportaron información al respecto. El delegado comunal, Carlos Alberto Bonanno, no se encontraba en ese momento y, según explicaron, ninguno de los presentes estaba autorizado para hablar. “El delegado está en la fiscalía”, argumentaron.

Los sospechosos residen en Francisco de Aguirre al 2.600, pero su zona de influencia se extendería los barrios Elena White, Villa Mariano Moreno y El Cruce.

“Al comienzo de la investigación establecimos que vendían la sustancia en su domicilio, pero luego constatamos que dirigían al menos diez quioscos en diferentes barrios”, explicó Nacusse. Después de varios meses de averiguaciones, que incluyeron escuchas telefónicas, los policías de Drogas Peligrosas pudieron establecer que el miércoles 23 de mayo José Jaime Cabero Osinaga (25) iba a llegar a Tucumán proveniente de Bolivia. Traía seis kilos y medio de cocaína que iba a ser distribuida entre diferentes dealers.

Paciente espera

Los pesquisas aguardaron a Cabero Osinaga en el puesto de control vehicular de Cabo Vallejo, en Trancas. Simularon controlar su vehículo y le permitieron que siguiera su camino. Sabían que había pactado la entrega de la sustancia en la zona del Acceso Norte. Allí lo detuvieron. Así pudieron atrapar también al presunto contacto con los transas locales. Se trata de Jesús Enrique Méndez, hermano del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez.

La “Banda de Mario” contaba con un sistema de vigilancia

Pero fue sólo el comienzo de una serie de operativos que se desarrollarían hasta la noche. Fueron allanados 12 puntos de venta de drogas en Villa Mariano Moreno, Villa Muñecas, Aguas Corrientes, Elena White, El Corte y El Cruce. En todos los casos se incautaron estupefacientes. Se confiscó cocaína, marihuana, dinero y armas.

Lento pero seguro

Carlos Driolet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico, destacó la importancia de que el operativo haya servido para neutralizar los quioscos de distribución de drogas. “La sustancia era para Tucumán. Es una lucha que tenemos diariamente sobre el narcomenudeo. No se detuvo sólo al que vende, sino al que traía la droga y al que la distribuía. A veces dice la gente que todo va lento, pero así es una investigación”, explicó.

“No hay que fijarse en el monto de lo incautado, sino en el efecto que esto tiene sobre la población”, sostuvo.

El funcionario destacó que de esta manera “desarticuló una banda con su cadena de distribución. Se empezó por la frontera y terminamos en la boca de distribución. En todos se encontró droga en diferentes formas”. La investigación se encuentra en manos del juez federal Fernando Poviña (II) y el fiscal federal Pablo Camuña.