Lo que dejó Facundo

El crimen de Facundo Ferreira, el menor de 12 años que murió después de haber recibido un disparo en la nuca, ha dejado muchos puntos para analizar. En esa lista sólo hay cuestiones negativas. Este caso, que tuvo, tiene y tendrá trascendencia nacional e internacional, dejó al descubierto las falencias que existen en la Justicia, melló la confianza del accionar policial y mostró también que el Estado sigue sin poder diagnosticar, entender y resolver los conflictos en nuestras calles.

Demoras

En una causa tan compleja como esta, la demora en resolver no hace otra cosa que alimentar las llamas de la polémica. Y eso sucedió porque las pericias más importantes se tuvieron que realizar en otras provincias. En Salta, por ejemplo, se utilizaron los equipos que años atrás, por cuestiones burocráticas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia no quiso recibir de manera gratuita. Otras pruebas se realizaron en Chaco, donde el Poder Judicial y la cantidad de delitos son muy inferiores a los de nuestra provincia, pero allí, al igual que en “La Linda”, priorizaron calidad a la hora de administrar Justicia. También es cierto que ahora hay un notorio interés por parte del Ministerio Público Fiscal en modernizarse, pero sigue a flor de piel que siempre es tarde y que podría haberse hecho antes. La demora en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal es otra prueba.

Intolerancia

A Facundo lo mataron, una, dos y 10 veces por haber estado en la calle viendo picadas a la 1 de la mañana un día de semana. Hasta lo criticó el mismísimo Claudio Maley, ministro de Seguridad de la provincia. Los intolerantes, esos que quieren “pacificar” la provincia pidiendio la muerte de todos los que cometen delitos, también crucificaron a la fiscala Adriana Giannoni por haber tomado la decisión de investigar hasta las últimas consecuencias el caso, que es lo que está obligada a hacer por Ley. Con el tiempo, se sumó indicios para creer que al menor lo mataron en un exceso policial y, fundamentalmente, que no disparó contra los uniformados, como pretendieron hacer creer a la sociedad. Por eso es entendible que muchos de los que cuestionaron al menor hoy estén escondidos tras un manto de silencio.

Abandono

En este caso hay otro protagonista que se llama Juan. Es el menor de 15 años que sí habría disparado contra los uniformados, según la hipótesis de la fiscala. En 2015 estuvo involucrado en el crimen del policía Leandro Meyer. Tres años después volvió a quedar en medio de otro homicidio. Esto no es casual. Pese a que es menor e inimputable, el Estado evidentemente no hizo nada o hizo muy poco para evitar que siga por ese camino. Lo grave del caso es que hay muchísimos chicos como él de los que nadie se está ocupando. Y la solución no es encerrarlos, como muchos querrían, sino darles otras alternativas para vivir. Pero, claro, eso es más difícil de conseguir.

Diferencia

Pese a que fueron imputados por homicidio agravado, uno de los delitos más graves del Código Penal, los oficiales Mauro Díaz Cáceres y Nicolás González Montes de Oca seguirán en libertad mientras dure el proceso. La decisión, que generó mucha polémica, la tomó el juez Víctor Manuel Rougés, que no es el magistrado que entiende en la causa. Es cierto que los acusados siguen siendo inocentes mientras dure el proceso, pero con este tipo de fallo, ¿cuál es el mensaje que reciben los otros integrantes de la fuerza? Defensores de Derechos Humanos, con razón, consideran que este es un claro mensaje que sostiene la teoría de la mano dura para aplicar la ley. Además, los mismos integrantes de la fuerza quedaron sorprendidos. Un carcelero -el uniformado que es responsable de cuidar los atestados calabozos en las comisarías- recibiría una sanción más dura por la fuga de un preso que dos compañeros que están acusados de homicidio.

Retroceso

En esta causa también sobrevoló la sospecha de una práctica que parecía desterrada: la existencia de posibles maniobras para encubrir un crimen. Haberse demorado más una hora y media en avisar a la fiscalía el hecho, haber tomado medidas clave para la investigación sin el control de la Justicia y no haber tomado los recaudos necesarios para lograr transparencia que podría haber favorecido a los acusados, son algunos de los cuestionamientos que generan dudas sobre la actuación policial. Y esta situación se da justo en medio del juicio de Paulina Lebbos, donde no se dejan de enumerar todas las irregularidades que se produjeron en la pesquisa del asesinato de la estudiante, ocurrido en 2006.

Desprestigio

Pareciera que al gobernador Juan Manzur no le informan las consecuencias de este caso. En un acto realizado en la plaza Independencia, les pidió a los nuevos policías que actuaran con firmeza, pero siempre dentro de la ley. Y justamente eso no habrían hecho los uniformados acusados del crimen de Facundo. Si bien es cierto que el titular del PE está enfrascado en una pelea política, no debería desconocer que los dos uniformados acusados del homicidio siguen realizando trabajos administrativos en la fuerza porque los abogados no determinaron aún si les corresponde o no pasar a disponibilidad hasta que se resuelva su situación procesal. Mientras ello ocurre, gran parte del país observa espantada lo que sucede en esta provincia.