Sin cuadernos en el IPV

En el “caso Viviendas” no hay cuadernos. Pero sí “arrepentidos” que filtraron los primeros datos que permitieron armar la trama de presuntas irregularidades que involucrarían a funcionarios, empleados y constructores.

En el caso de “los cuadernos de las coimas” que dio a conocer el diario La Nación (con Diego Cabot a la cabeza), las minuciosas anotaciones del chofer empujaron a otros a que efectivamente adoptaran la figura judicial de “arrepentidos” y relataran ante la Justicia detalles de lo que habría sido esa sorprendente trama de pagos de sobornos. En el “caso Viviendas” prevalece el miedo. El terror impide que se anote, que se hable en voz alta o que se denuncien los hechos de corrupción.

Lucas Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier son investigados ahora en la Justicia porque cometieron un error. Mintieron ante las cámaras de “Panorama Tucumano” y sembraron dudas sobre su propio accionar. El licenciado coordinador de Programas Federales había dicho que nada tenía que ver con los dueños de la constructora Marán. Los propietarios eran sus sobrinos políticos y contratistas del IPV. El echado coordinador de Políticas Habitacionales afirmó que no tenía otro ingreso que su trabajo en el IPV. Apareció una caja de seguridad suya con U$S 500.000 y no podría justificar de dónde proviene su riqueza.

En el medio, hace más de un año que LA GACETA escarba entre expedientes ocultos, archivos informáticos y boletines oficiales para tratar de mostrar las presuntas irregularidades. Porque no hay quien quiera dejar en evidencia a los corruptos. Apenas se animó un empresario, Javier Zerda, a mandar una Carta de Lectores en la que manifestaba haber recibido el pedido de coimas de Barrionuevo. Sus colegas de las cámaras de la construcción (pública, privada, local y nacional) le dieron la espalda. Salieron a respaldar la gestión de Gustavo Durán o desconocieron que haya habido irregularidades.

¿Cómo sigue la historia sin “cuadernos” a la vista? En el IPV la novedad sobre las detenciones de Jiménez Augier y de Barrionuevo dejó a varios preocupados y a otros sonrientes. Meses después del escándalo que develara nuestro diario, el aún empleado de la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia frecuentaba un bar ubicado cerca del Instituto de la Vivienda. Allí habría continuado con reuniones “de trabajo”. Barrionuevo, si bien prácticamente no volvió a aparecer por la repartición, mantiene su cargo con una licencia al parecer in aeternum. El pedido de detención que cayó sobre ambos alivió a los que veían con preocupación que continuaran teniendo injerencia potente en el IPV. ¿Aparecerán más arrepentidos? Por lo pronto la Justicia tendría los elementos suficientes para probar que poseen un patrimonio que no se condice con su actividad declarada.

En el lote de los preocupados se inscriben quienes creen que la desgracia de Jiménez Augier y de Barrionuevo en la Justicia está relacionada con la política, más precisamente con la interna en el oficialismo. ¿Alguno de ellos hablará? ¿Podrían complicar a funcionarios de la gestión alperovichista o a actuales? ¿El propio José Alperovich debería preocuparse? También transpiran quienes los acompañaron en la repartición. El poder que ostentaba el interventor Gustavo Durán se apoyaba en los dos detenidos, en el coordinador de Emergencia Habitacional (Marcelo Cortés), en el director del Área Técnica (Martín Zamora) y en la subinterventora, Noemí Ferrioli (hoy al frente de la repartición). ¿Ellos nunca vieron nada?

La mira de los investigadores a veces panea hacia las cooperativas y a los hermanos que estuvieron de uno y del otro lado del mostrador haciendo obras. Las cooperativas tuvieron mucho trabajo en la década pasada, muy cerca del área de Emergencia Habitacional. ¿Volverán a preocuparse concejales y legisladores ligados a ese sector y al de la construcción?

La reinstalación del “caso Viviendas” incomodó nuevamente a los que ya respiraban tranquilos. El quid es si podrían aparecer escritos que quiten dudas y den certezas sobre la obra pública, esa siempre sospechada de coimas, sobornos, tráfico de influencias, sobreprecios y corrupción.