Por Francisco Chico
10 Agosto 2018
La Justicia debe definir cómo continúa la investigación del IPV
Los abogados de los aprehendidos piden la liberación porque sostienen que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. La Fiscalía dispone de hasta 10 días después de haber apresado a los imputados para solicitar la prisión preventiva.
EN TRIBUNALES. Barrionuevo, acompañado por el abogado Ahumada (atrás) quedó detenido el martes. lg play
Todo indica que el futuro inmediato del “caso Viviendas”, o al menos el de los dos empleados estatales que están detenidos por esta causa, depende de la resolución de una serie de objeciones planteadas por los abogados defensores. Así lo plantearon los letrados Agustín González y Arnaldo Ahumada, quienes cuestionaron las medidas dispuestas por la fiscala Adriana Giannoni.
González representa a Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), y Ahumada es el defensor de Lucas Barrionuevo, coordinador de Programas Federales de la repartición. Tanto Jiménez Augier como Barrionuevo quedaron detenidos esta semana tras presentarse a declarar ante Giannoni. Las aprehensiones dispuestas por la fiscala (hace un año analiza una serie de irregularidades en el Ipvdu) fueron confirmadas, respectivamente, por los jueces Juan Antonio Pisa y Alejandro Tomas.
La investigación comenzó luego de que “Panorama Tucumano”, el programa periodístico de este diario, transmitiera un informe sobre diversos aspectos del funcionamiento de la repartición.
En el informe periodístico, Barrionuevo había negado estar vinculado a los dueños de una constructora que recibió contrataciones millonarias del Ipvdu. No obstante, se comprobó que Sebastián y Martín Nieva, los propietarios de la empresa Marán, son sus sobrinos políticos. Además, según trabajadores del organismo, el personal del instituto se refiere a las obras que se habían adjudicado a Marán como “las obras de Barrionuevo”.
Jiménez Augier, por su parte, fue despedido de la entidad por el gobernador Juan Manzur cuando se supo que el ex coordinador tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. Además, hace un año negó haber tenido injerencia en la adjudicación de viviendas sociales. Sin embargo, la actual interventora Noemí Ferrioli dijo que el ex funcionario era clave en este proceso durante la gestión del ex interventor Gustavo Durán. “Él (Jiménez Augier) le mandaba al Área Social. Mandaba, entiendo, con nombre y apellido de la gente según la evaluación que él hacía. Todas las resoluciones de vivienda las revisaba él”, explicó Ferrioli, quien fue subinterventora por casi 10 años antes de dirigir la repartición.
Después de recabar información sobre el patrimonio de ambos detenidos durante un año, Giannoni requirió a Jiménez Augier y a Barrionuevo que justifiquen el incremento de sus bienes durante su gestión en el organismo estatal. Tras escucharlos, requirió que sean privados de su libertad.
“No debieron haber quedado detenidos. Me parece una cosa arbitraria”, se quejó Ahumada, mientras que González sostuvo que “Giannoni debe estar presionada”, aunque prefirió no aclarar de dónde vendrían estas supuestas influencias.
Los argumentos legales
Según la legislación vigente, en este contexto hay dos causales que pueden justificar el encierro de un imputado: que haya riesgo de fuga o que exista la posibilidad de que el imputado vaya a entorpecer la investigación. Según los abogados defensores de Barrionuevo y de Jiménez Augier, en este caso no se da ninguno de esos escenarios.
“(Barrionuevo) siempre estuvo en libertad, y ahora se le ocurre (a Giannoni) que puede entorpecer la investigación. Es una cosa de locos”, reclamó Ahumada. “No hay riesgo de fuga, (Jiménez Augier) siempre se ha sometido a la investigación. Ha estado en el exterior y ha vuelto. Y tampoco puede entorpecer la investigación porque ya no está en el instituto”, manifestó González.
Ahora, los abogados esperan que se resuelvan una serie de medidas que tomaron con el objetivo de que sus clientes vuelvan a estar en libertad. Ahumada dijo que antes de que Barrionuevo sea aprehendido ya había presentado un pedido de eximición de prisión, debido a que la encarcelación de Jiménez Augier -el día anterior- lo llevó a pensar que era posible que su cliente aguardara un destino similar. “Presentamos el pedido ofreciendo la caución que determine el juez que es necesaria”, declaró. Según el letrado, Giannoni todavía no trasladó el requerimiento al juez correspondiente, quien tomará una decisión al respecto.
González, por su parte, dijo que ya hizo un planteo ante el juzgado de Pisa. Ante la falta de resolución sobre el tema, dijo que insistirá por otras vías. “Ahora voy a hacer un pedido de libertad que se presenta en la Fiscalía”, comentó.
Según los defensores, Giannoni todavía no presentó un pedido de prisión preventiva, el cual tendría que ser solicitado hasta 10 días después de la detención. Ante el planteo de los letrados, la expectativa es ver qué curso de acción tomará la fiscala que investiga un caso que, durante más de un año, estuvo marcado por las contradicciones de los propios imputados.
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