“No tuve aplazos y mis bienes son públicos”, dice un juez

El Poder Judicial de Tucumán incorporó tres nuevos jueces en un ambiente sacudido por el caso de Walter Ojeda Ávila, el aspirante a camarista interino acusado de mentir reiteradamente en su currículum. El miércoles, mientras Ojeda Ávila renunciaba al cargo para el que lo había escogido el gobernador Juan Manzur, Ricardo Acosta, Roberto Flores y Adolfo Iriarte juraron respectivamente como vocales de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y de la Sala III de la Cámara Penal de Concepción, y como juez de Cobros y Apremios de esa jurisdicción. Al término del acto en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Flores aludió al affaire del postulante fallido al presentarse como un abogado que se había esforzado por crecer de la mano de la capacitación. “Quiero aclarar que no tuve aplazos en mi carrera y que mis bienes son públicos”, expresó.

El nuevo vocal de la Cámara Penal recordó que provenía del ejercicio libre de la profesión y que ese pasado lo había preparado para ser independiente del “otro lado del mostrador”. “No tengo ningún tipo de condicionamiento político ni de otro tipo porque siempre fui un abogado de pasillo, y no estuve vinculado con el Gobierno: lo demuestran los ocho años que concursé en el Consejo Asesor de la Magistratura en los que fui vetado por el gobernador. Ahora me ayudó la coyuntura de haber quedado ternado en distintas vocalías de la Sala III”, explicó. Flores rechazó el mote de “abogado sacapresos”, y expresó que quienes lo caracterizaban de esa manera faltaban el respeto a la abogacía y reproducían prejuicios. El vocal dijo que había estudiado la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y que pensaba sujetarse a sus parámetros aunque no estuviese vigente en la provincia. “Mi declaración jurada está a disposición de la ciudadanía”, aseguró.

Durante el diálogo con LA GACETA, Iriarte comentó que quería situarse en el medio de una relación tributaria controvertida entre el Estado y el contribuyente para que la ejecución de la deuda pública respetara los derechos y garantías. “Quiero manejarme con total independencia y transparencia. Quiero un juzgado abierto, que sea innovador desde el punto de vista tecnológico. Mi intención es ser pionero en la digitalización en los Tribunales de Tucumán”, describió el flamante juez de Cobros y Apremios del sur. Y añadió que estaba dispuesto a ceñir su conducta al Código Iberoamericano de Ética Judicial: “si bien la magistratura tucumana no se ha adherido en forma específica a él, entiendo que puede ser aplicable porque fue desarrollado en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

Acosta, quien trabajó en el Poder Ejecutivo junto al hoy gobernador Juan Manzur y renunció a ser subinterventor del Subsidio de Salud para entrar en la Justicia, dijo que iba a fundar su independencia en el conocimiento jurídico. “Me apoyaré en la solvencia técnica de las decisiones. Siempre he creído en eso. Me parece que esto ayudará a marcar los ámbitos de competencia de cada área del Estado”, definió. El sucesor de Salvador Ruiz en la Cámara en lo Contencioso Administrativo agregó que cualquier ejercicio de la función pública debía tener una fuerte impronta ética: “más aún hoy con todo lo que demanda la sociedad. La ética es la regla de juego para quienes están dispuestos a asumir un cargo de esta naturaleza”.